Cómo el desahucio de una mujer de 87 años desató una crisis de protestas en las calles que obligó al presidente a convocar a elecciones emergentes

El 23 de septiembre fue un punto de inflexión para la política española. Ese miércoles, a primera hora de la mañana, se produjo el desalojo judicial de Maricarmen, una anciana de 87 años.

Había vivido toda su vida en el mismo apartamento, en una zona céntrica de Madrid (España). Tenía un contrato que le respaldaba como inquilina de lo que se conoce como renta antigua, pero un fondo de inversión compró su vivienda.

Le subieron el alquiler hasta los 2,650 euros (cuando ella pagaba 500€). El fondo de inversión pactó que pagara 1,650€ pero los abogados de Maricarmen argumentaron que siguió siendo una cantidad inasumible para una mujer que cobra del estado una penssión de 1,350€.

Su caso canalizó el descontento popular con la crisis de la vivienda en España. Actualmente la vivienda es el primer problema que la población señala en el CIS (la encuesta pública del Centro de Investigaciones Sociológicas).

Muchas personas, especialmente jóvenes, se solidarizaron con la causa de Maricarmen, que acabó saliendo de su casa en una camilla, en ambulancia, con fuerte operativo policial para sacarla de la casa donde había vivido toda su vida.

La escena incendió las calles. Solo tres días después cristalizó una gran manifestación para protestar por lo ocurrido y para pedir una legislación que proteja a las personas vulnerables de ser desalojadas y también que intervenga en el mercado del alquiler, que en numerosas ciudades españolas ha experimentado fuertes subidas de precio especialmente en los alquileres con la llegada de las plataformas de alquiler turístico.

Ese sábado 26 de septiembre, el kilómetro cero de Madrid volvió a convertirse en el epicentro de la protesta. 15 años antes, había sido el escenario del llamado '15M', una concentración que se enraizó en una acampada en la céntrica plaza protestando porque la política no conseguía atender a las demandas ciudadanas que se extendió a lugares de todo el mundo e inspiró al llamado 'Occupy Wall Street'.

Desde el 26 de septiembre, colectivos sociales como el 'Sindicato de Inquilinas', que defendió y denunció públicamente el caso de Maricarmen, decidieron quedarse instalados con tiendas de campaña en la plaza de Sol, hasta que el gobierno llegase a una solución.

El ejecutivo de Pedro Sánchez, que lleva 8 años gobernando con una delicada matemática parlamentaria (ya que en España puede gobernar el partido que más apoyos tenga en el Congreso sumando votos de otras formaciones), se puso a redactar a contrarreloj un decreto ley para que un caso como el de Maricarmen no volviera a ocurrir.

Fueron horas frenéticas y el martes 29 de septiembre, en el Consejo de Ministros, se firmaron dos decretos ley cuyo objetivo a priori era blindar los derechos de los ciudadanos frente a fondos de inversión y cláusulas abusivas, como que el propietario de la vivienda decidiera de golpe rescindir el contrato o multiplicar la cuantía de la renta.

El gobierno dividió en dos los decretos para asegurar, al menos, la aprobación de uno de ellos, ya que el segundo tenía medidas más ambiciosas que dificultaban tener el visto bueno de la mayoría necesaria.

Pero esos dos decretos debían ser refrendados y aprobados con la mayoría (la mitad más uno) del Congreso de los Diputados. Fue entonces cuando se escenificó que el gobierno no tenía los apoyos necesarios para sacar la ley adelante.

El hecho de que una ley tan demandada en las calles no saliera adelante provocó movilizaciones aún más masivas.

El pasado sábado 3 de septiembre se volvió a repetir la imagen de una multitudinaria marcha anegando las calles de la capital. También se sumaron a las acampadas otras grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao.

Algunos analistas políticos empezaron a especular con que era el momento de convocar elecciones. Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, el partido socialdemócrata), había defendido que iba a agotar la legislatura hasta la fecha final, prevista para junio de 2027.

Sánchez ha ido experimentando un desgaste progresivo tras sonoros casos de corrupción entre altos cargos de su partido y la crisis de los inmigrantes de Ceuta.

En las últimas elecciones autonómicas y locales celebradas se confirmó que su partido iba en claro retroceso, y que los conservadores del Partido Popular (PP) iban haciéndose con más cotas de poder.

No obstante, todas las encuestas realizadas hasta la fecha auguran una victoria del PP junto con la ultraderecha de Vox, fórmula que ya gobierna en otras regiones.

Pero algunos analistas señalaban las protestas ciudadanas como una oportunidad, por la movilización que conllevan en las formaciones que están más a la izquierda del partido del gobierno.

Hoy, 5 de octubre, el presidente del gobierno despejó la incógnita. Pedro Sánchez volvió a sorprender disolviendo las cortes y convocando elecciones generales, que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre.

Mientras tanto, la acampada en sol y los colectivos sociales siguen advirtiendo que pelearán hasta que vean sus reclamos convertidos en ley.

N+Univision consultó con la periodista y escritora española Esther Ruiz Moya, acerca del movimiento del presidente español Pedro Sánchez.

"Este gobierno apela mucho a lo emocional y hay un fuerte sentir en la calle al que se está agarrando. Ha visto que puede tener un filón, una oportunidad para movilizar a la izquierda. Lo paradójico es que esa movilización también es contra el gobierno, de su partido", explica la periodista.

No en vano, hoy el presidente se dirigía a la nación para comunicar la convocatoria en estos términos: "hay que elegir entre la derecha, que ha traído la involución, o seguir avanzando en derechos y libertades, depende de vosotros y vosotras".

Preguntamos a la analista si observa una estrategia de culpar al partido conservador de la oposición de la crisis de la vivienda.

"Aquí no se deja nada al azar. Este momento le da un argumento y una causa a la que agarrarse. La vivienda ahora es el principal problema de los españoles y van a enarbolar la causa. En el relato, van a hacer a la derecha conservadora responsable del problema y ellos se van a presentar como la única solución", apunta Ruiz.

La crisis de la vivienda no es un tema menor. Desde que el presidente Sánchez llegó al poder en 2018, los precios han subido en España un 73% pero un clamor que está en la calle es que en las dos legislaturas que lleva gobernando no han podido dar una solución al problema y ahora lo están haciendo, según critican algunos sectores, deprisa y a última hora.

"Es una contradicción que se presenten como quienes lo van a solucionar cuando no han hecho nada al respecto en ocho años. De hecho, hoy en su comparecencia Sánchez sugería que el poder lo tienen otros, como si él como presidente no pudiera hacer nada. Para cualquier persona esto es increíble de comprender. No han hecho nada en ocho años y en ocho días lo intentan llevar como medida urgente a contrarreloj", critica la analista.

Y termina asegurando que se abre "un escenario incierto" en la política española, en el que predice que los movimientos sociales seguirán incendiando las calles. Está por ver el efecto que tendrá en las votaciones.