Durante cinco meses, un joven padre esperó la liberación de su hija de 3 años de la custodia federal, después de que cruzara la frontera entre EEUU y México con su madre, confiando, entre retrasos, en un reencuentro seguro.
Familia denuncia que niña inmigrante de 3 años sufrió abuso sexual durante meses bajo custodia federal
El gobierno federal intensificó sus esfuerzos para ampliar indefinidamente la detención de familias al intentar eliminar una política clave que garantiza la protección de los niños inmigrantes bajo custodia federal.
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Solo cuando recurrió a los tribunales como último recurso, supo que la niña había sufrido presunto abuso sexual en el hogar de acogida donde fue colocada tras ser separada de su madre por las autoridades migratorias.
“Estuvo allí demasiado tiempo”, dijo el padre, residente legal permanente en Estados Unidos. “Creo que si se hubieran movido más rápido, nada de eso habría pasado”. El hombre habló con la agencia AP bajo condición de anonimato para evitar identificar a su hija como víctima de abuso sexual.
La administración de Donald Trump comenzó a poner en la mira a menores inmigrantes detenidos, como la hija de este hombre, el año pasado, cuando implementó nuevas normas y procedimientos, además de un aumento drástico en los tiempos de detención. El gobierno federal intensificó sus esfuerzos para ampliar indefinidamente la detención de familias al intentar eliminar una política clave que garantiza la protección de los niños inmigrantes bajo custodia federal.
El caso de la niña en el centro de detención en Texas
Durante meses después de que la niña fuera colocada en acogida, los intentos del padre por reunirse con ella se estancaron mientras el gobierno le decía que no podía darle cita para la toma de huellas dactilares.
En ese tiempo, según documentos judiciales, la niña dijo que fue abusada sexualmente por otro menor mayor que se alojaba con ella en el sistema de acogida en Harlingen, Texas. Un cuidador notó que la ropa interior de la niña estaba al revés, según la demanda. Luego, la niña le contó que había sido abusada en múltiples ocasiones y que eso le había provocado sangrado. Funcionarios de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) dijeron al padre que había ocurrido un “accidente” y que su hija sería examinada, contó a AP en una entrevista.
“Les pregunté: ‘¿Qué pasó? Quiero saber. Soy su padre. Quiero saber qué está ocurriendo’, y solo me dijeron que no podían darme más información, que estaba bajo investigación”, relató.
La niña fue sometida a un examen forense y a una entrevista. Aunque al padre no se le informó del resultado, el menor acusado de abuso fue retirado de ese programa de acogida, según la demanda.
Las acusaciones de abuso fueron reportadas a las autoridades locales, dijo Lauren Fisher Flores, la abogada que representa a la niña. La agencia AP no suele identificar a personas que afirman haber sido víctimas de abuso sexual.
“Tener a tu hijo bajo el cuidado del gobierno y que sufra abuso, no entender qué ha pasado ni cómo protegerlo, ni siquiera ser informado del abuso… es inimaginable”, dijo Fisher Flores. “Los niños merecen seguridad y deben estar con sus padres”.
La ORR y su agencia matriz, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, fueron señalados en la demanda de la menor, pero no respondieron a solicitudes de comentarios por correo electrónico.
El presunto abuso no fue revelado de inmediato al padre
Tras meses de retraso, los abogados enviaron una carta al gobierno en febrero y lograron que se permitiera al padre obtener citas para la toma de huellas, una visita domiciliaria y una prueba de ADN. Luego, la ORR volvió a retrasar el proceso, sin ofrecer un calendario de liberación.
Los abogados presentaron la petición de habeas corpus en un tribunal federal y, dos días después, la ORR liberó a la niña con su padre.
Fue mientras preparaban la demanda que el padre comprendió que el “accidente” del que le habían hablado las autoridades era en realidad un presunto abuso sexual.
“Cada vez más tenemos que recurrir a los tribunales federales para impugnar estas violaciones legales y exigir que los niños sean liberados”, dijo Fisher Flores.
La política de huellas dactilares ya había sido impugnada durante la primera administración Trump por organizaciones como el National Center for Youth Law. Otras demandas a nivel nacional se oponen a cambios más recientes que afectan la custodia y el cuidado de menores inmigrantes.
“Esto representa otra forma de separación familiar”, dijo Neha Desai, directora de Children’s Human Rights and Dignity en esa organización, sobre el caso de la niña de 3 años.
“Un Congreso bipartidista diseñó protecciones basadas en un principio simple: que los niños deben ser liberados con sus familias de forma rápida y segura. Esta administración ha ignorado sistemáticamente sus obligaciones legales, poniendo en grave riesgo la salud y el bienestar de los menores”, añadió.
Cuando el padre finalmente se reunió con su hija, lloró. La niña también se alegró de verlo. Pero tras cinco meses de detención, él empezó a notar cambios: tenía pesadillas y se alteraba con facilidad. “Antes no era así”, dijo.
Ahora viven en Chicago con los abuelos de la niña, mientras su caso sigue su curso en un tribunal de inmigración.
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Cambios en las políticas de liberación bajo la administración Trump
La niña y su madre cruzaron ilegalmente la frontera cerca de El Paso el 16 de septiembre del año pasado. Cuando la madre fue acusada de hacer declaraciones falsas y ambas fueron separadas, la menor fue enviada bajo custodia de la ORR, que se encarga de niños inmigrantes en albergues o familias de acogida.
Los menores bajo cuidado de la ORR son liberados a padres o patrocinadores que deben someterse a un proceso riguroso, que se ha vuelto más exigente bajo la administración Trump.
Se impusieron reglas más estrictas sobre la documentación requerida a los patrocinadores; agentes fronterizos empezaron a presionar a menores no acompañados para que se autodeportaran antes de ser trasladados a refugios; y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a arrestar a algunos patrocinadores en medio del proceso de liberación.
Defensores legales presentaron demandas contra estos cambios, anticipando que provocarían detenciones más prolongadas.
El tiempo promedio de custodia para menores bajo la ORR pasó de 37 días cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025 a casi 200 días este febrero. El número total de menores bajo custodia se redujo aproximadamente a la mitad en ese mismo período.
Ahora, los abogados están recurriendo a peticiones de habeas corpus, que funcionan como demandas de emergencia, para acelerar la liberación de los niños con sus padres o patrocinadores.
Fisher Flores, directora legal del proyecto ProBar de la American Bar Association, dijo que este año la organización ha trabajado en ocho peticiones de habeas corpus en representación de menores que han permanecido bajo custodia federal un promedio de 225 días. Antes de esta administración, no habían presentado este tipo de recursos para niños.
Fisher Flores señaló que la intervención legal ayudó a que el gobierno federal respondiera a la solicitud del padre para patrocinar a su hija.
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