Casi la totalidad (98.4%) de los nuevos casos presentados por las autoridades federales a la Corte de Inmigración (EOIR) en busca de una orden de deportación de Estados Unidos no tienen cargos criminales. Por el contrario, durante el primer trimestre del año fiscal 2026 (1 de octubre al 31 de diciembre de 2025), “solo el 1.64% de los nuevos casos presentados involucraron acusaciones de actividad delictiva más allá de la posible entrada ilegal”, revela un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York.
Sólo el 1.6% de los nuevos casos presentados en los tribunales de inmigración tiene antecedentes criminales
Un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) revela que casi la totalidad (98.4%) de los nuevos casos presentados por las autoridades federales a la Corte de Inmigración no son criminales.
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A pesar de ello, el gobierno de Donald Trump insiste en que los operativos migratorios en el marco de su política de ‘tolerancia cero’ están enfocados en extranjeros criminales y con orden de deportación. Y el ‘zar’ fronterizo, Tom Homan, reiteró en enero a N+ Univision que para la administración cualquier extranjero que viole la ley de inmigración “es considerado un criminal”.
De acuerdo con la ley vigente, la permanencia indocumentada en el país es considerada una falta de carácter civil no criminal. Por esa razón se juzgan en tribunales civiles.
A finales de diciembre del año pasado, la EOIR tenía 3.38 millones de casos activos acumulados, la mayor cifra de expedientes en la historia de esta dependencia que opera bajo el mando del Departamento de Justicia (DOJ).
El informe precisa que los registros caso por caso más recientes, “muestran que, entre el primer trimestre del año fiscal 2026 y diciembre de 2025, los tribunales de inmigración recibieron 130,642 nuevos casos y completaron 193,858.
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Casi 4 millones de asilo
Actualmente, el tribunal está cerrando casos a un ritmo mayor que el de los nuevos casos presentados, aunque el atraso general sigue siendo histórico.
Además, que de los 3.38 millones de casos pendientes en la Corte de Inmigración, 2.34 millones “involucran a inmigrantes que enfrentan un proceso de deportación dentro del cual la ley permite que soliciten asilo ante un juez, quien decide, en base a las evidencias, si lo concede o emite una orden de deportación".
Los asilos ante los tribunales de inmigración se denominan “defensivos”. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), por su parte, tenía acumulados a finales de junio del año pasado más de 1.5 millones de casos de asilo conocidos como “afirmativos”.
Los 2.34 millones de casos acumulados representan una parte significativa de la carga de trabajo actual de la EOIR. USCIS, además, tiene otros 10 millones de casos acumulados, además de las peticiones de asilo, y no se visualizan programas encaminados a descongestionar los expedientes y agilizar los procesos.
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Los tribunales más congestionados
En cuanto a la concentración de casos, el estudio revela que esta “varía considerablemente según la ubicación”. Por ejemplo, el condado de Miami-Dade, Florida, “tiene 147.232 casos pendientes, mientras que el tribunal ubicado en el condado de Cook, Illinois, registra 112.299 casos, y el condado de Queens, Nueva York, acumula 105.635 expedientes.
Estos tres condados representan las áreas con mayor volumen de actividad en los tribunales de inmigración en lo que va del año fiscal 2026.
A principios de 2017 la EOIR tenía acumulados cerca de 520,000 casos. Al término del primer gobierno de Trump la cifra aumentó a 1.2 millones de casos, mientras que al término del gobierno del presidente Joe Biden la acumulación creció a 3.6 millones.
En diciembre de 2025, dice el TRAC, los jueces de inmigración completaron 57,531 casos, emitiendo 38,215 órdenes de expulsión y 7,359 órdenes de salida voluntaria, lo que representa una tasa combinada de deportación del 79,2%. Ese mes, se concedió asistencia en 1,455 casos, de los cuales 701 fueron de asilo.
Poderes para desestimar
La semana pasada el Departamento de Justicia (DOJ) otorgó poderes extraordinarios a la Junta de Apelaciones de Inmigración para desestimar casos sin juicio y con ello permitirle al gobierno acelerar las deportaciones.
La autoridad se incluye en una nueva Regla Final Provisional (IFR) que modifica las regulaciones del DOJ para “agilizar” la revisión administrativa de apelaciones por parte de la BIA de las decisiones de los jueces de inmigración y permite y con ello acelerar las deportaciones.
Defensores de los derechos de los inmigrantes criticaron la medida y señalaron que la nueva discrecionalidad afecta las garantías procesales y debilitan aún más el debido proceso migratorio.
La nueva regla reduce el plazo para apelar un fallo de 30 a 10 días, y fija un plazo de 15 días para que la BIA emita decisiones.
Abogados consultados por N+ Univision señalan que el costo promedio para asesorar una apelación es de entre $8,000 y $15,000 dólares, pero que en algunos casos puede superar los $20,000.
En caso de ser desestimado un caso por la BIA, el inmigrante puede apelar ante una corte federal y necesitará más recursos para costear el proceso. De lo contrario, el gobierno procederá a ejecutar la orden deportación que generó la impugnación.
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Representación legal
El TRAC también reveló otro dato preocupante: en diciembre de 2025, solo el 26.7% de los inmigrantes contaba con representación legal al momento de emitirse las órdenes de deportación. Y agrega que las tasas de representación legal varían significativamente según el tipo de caso y la ubicación geográfica.
“Tener representación legal o no tenerla durante una audiencia ante un juez de inmigración en un caso de deportación, marca la diferencia entre la vida y la muerte”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “En mi experiencia, las probabilidades de obtener algún tipo de beneficio, es de 95%”, agrega.
A la pregunta respecto a cuánto cuesta una representación legal, guerrero dijo que “dependiendo de la ciudad donde se lleva a cabo el proceso, varía entre $8,000 y $12,000 dólares”.
Otros datos contenidos en el informe del TRAC indican:
- Hasta diciembre de 2025, en los primeros tres meses del año fiscal 2026, se emitieron 33,830 órdenes de deportación para mexicanos, 19,169 para guatemaltecos, 18,746 para hondureños, 14,679 para venezolanos y 9,328 para colombianos.
- Los jueces de inmigración llevaron a cabo 15,540 audiencias de fianza hasta diciembre de 2025.
- Los jueces otorgaron fianza en 4,062 casos, equivalente al 26.1%.