Lo que comenzó como una discusión por una cuenta terminó en un escándalo internacional por racismo. La turista argentina Agostina Páez, de 29 años, es juzgada en Brasil tras insultar a un camarero en un bar de Río de Janeiro, en un caso que fue grabado en video y desató indignación.
Turista argentina insulta a camarero en Brasil y enfrenta juicio por racismo
La turista argentina podrá salir de Brasil tras pagar 20 mil dólares, aunque seguirá procesada por insultos racistas grabados en video.
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Los hechos ocurrieron en enero de 2026, en un local cercano a la playa de Ipanema, cuando Páez se encontraba de vacaciones con amigas. De acuerdo con la Fiscalía, la joven cuestionó el monto de la cuenta y el intercambio con el personal derivó en una confrontación.
Según la acusación, durante la discusión llamó “ negro” a un camarero y, cuando ya se retiraba del lugar, lo llamó “ mono”, mientras imitaba gestos y sonidos de un simio. La escena fue registrada por el propio trabajador, quien además le advirtió que ese comportamiento constituye un delito en Brasil antes de alertar a la policía.
El video se propagó rápidamente en redes sociales, amplificando el caso y colocándolo en el centro del debate público en un país donde el racismo es perseguido penalmente. Solo en 2025 se registraron más de 8,500 denuncias por este tipo de conductas.
La respuesta de las autoridades fue inmediata. Páez fue detenida, equipada con una tobillera electrónica, se le retiró el pasaporte y quedó bajo arresto domiciliario en Río de Janeiro, donde permaneció durante más de dos meses sin poder abandonar el país.
Inicialmente, enfrentaba tres cargos por injuria racial, delito que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión tras el endurecimiento de la legislación en 2023 para castigar a quien “injurie a alguien por su raza, color, etnia o procedencia nacional”.
Sin embargo, en la primera audiencia del juicio —iniciado este martes— la Fiscalía redujo la acusación a un solo cargo, lo que abre la puerta a una pena menor que podría ser sustituida por trabajos comunitarios y una compensación económica a la víctima.
Tras la audiencia, la acusada expresó alivio. “Han aceptado mis disculpas”, dijo. “En estos días me van a dejar volver a casa”.
Semanas antes, Páez había difundido un video en el que pedía perdón “a las personas que se hayan sentido ofendidas”. No obstante, esa postura contrasta con su reacción inicial ante las autoridades, cuando aseguró que sus palabras y gestos eran una broma dirigida a sus amigas y que no existía intención de ofender.
La policía descartó esa versión tras analizar la grabación y recabar testimonios de quienes presenciaron el episodio, concluyendo que se trató de un acto de injuria racial.
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El caso también expone el contraste entre marcos legales. Mientras Brasil ha endurecido su postura frente al racismo, en Argentina no existen sanciones penales equivalentes para este tipo de insultos y organismos dedicados a combatir la discriminación han sido desmantelados en los últimos años.
La fiscal del caso, Fabiola Tardin Costa, subrayó el objetivo de la acusación: “El objetivo de mi acusación es demostrar que nuestro país está comprometido con la lucha contra el racismo (…) sin descuidar la importancia de garantizar el derecho de la víctima a la reparación”.
Por su parte, la defensa sostuvo que la acusada mostró arrepentimiento. Según su abogada, Páez “ha demostrado un arrepentimiento sincero, ha pedido disculpas y buscó comprender las consecuencias de su actitud”.
En medio del proceso, el caso dio un giro. La Justicia brasileña concedió un hábeas corpus que le permite regresar a Argentina mientras continúa el juicio en su contra.
Para ello, Páez pagó una fianza de 20 mil dólares, con lo que podrá abandonar Brasil tras más de dos meses retenida y seguir el proceso desde su país.
La decisión se produjo después de resoluciones contradictorias: primero se había autorizado su salida, luego se revocó y se ordenó que permaneciera en Brasil hasta el fallo, y finalmente el nuevo recurso habilitó su regreso anticipado.
Tanto la fiscalía como la querella aceptaron que la imputada continúe el proceso desde Argentina, donde eventualmente podría cumplir medidas alternativas en caso de condena, como trabajos comunitarios, cursos obligatorios o el pago de una multa.
El juez analizará los alegatos finales antes de dictar sentencia, prevista en un plazo de entre 15 y 20 días. Mientras tanto, la acusada espera el fallo en libertad, en un caso que evidencia la dureza con la que Brasil castiga los actos de racismo.
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