En un comunicado difundido este miércoles 29 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia ( DOJ), se imputan cargos federales contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales. Las acusaciones incluyen asociación con el narcotráfico y delitos relacionados con el uso de armas de fuego, y señalan la existencia de una colaboración sistemática con la facción conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cartel de Sinaloa.
Fiscalía de Nueva York acusa al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios de asociación con el Cartel de Sinaloa
En un golpe sin precedentes a la estructura política y de seguridad el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció hoy una acusación formal contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales
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Según el fiscal federal Jay Clayton y la Administración para el Control de Drogas ( DEA), los acusados habrían utilizado sus cargos de alta jerarquía para facilitar la importación masiva de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas desde México hacia territorio estadounidense.
¿Quiénes son los funcionarios acusados?
La acusación sostiene que esta red de corrupción no solo permitió el libre tránsito de narcóticos, sino que convirtió a las instituciones públicas de Sinaloa en un brazo logístico y de protección para la organización criminal, a cambio de millonarios sobornos.
Entre los señalados figuran personajes clave de la administración estatal y de las fuerzas del orden:
1 Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
2 Enrique Inzunza Cazarez, senador y exfuncionario de Sinaloa.
3 Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
4 Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
5 Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
6 Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
7 Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
8 José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
9 Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
10 Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
A este último se le imputan cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta en 2023, utilizando recursos de la fuerza pública para ejecutar dichas represalias.
¿De qué acusan a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa?
La fiscalía estadounidense alega que el ascenso al poder de Rubén Rocha Moya fue impulsado directamente por el Cartel de Sinaloa, mediante una campaña de intimidación y secuestro de rivales políticos antes de las elecciones de 2021. Una vez en el cargo, el gobernador presuntamente mantuvo reuniones con líderes de “Los Chapitos”, garantizándoles impunidad operativa en el estado a cambio de apoyo financiero y político continuo.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó al Cartel de Sinaloa como una organización terrorista que sobrevive gracias a la complicidad de funcionarios corruptos. La investigación detalla pagos mensuales específicos, como los 11,000 dólares que recibía Castro Zaavedra, por filtrar información sobre operativos, lo que refuerza la hipótesis de que la estructura gubernamental operaba como un sistema de alerta temprana y escudo legal para los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
EEUU inicia proceso legal contra funcionarios
El caso, asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla en el Distrito Sur de Nueva York, forma parte de una estrategia más agresiva de Estados Unidos para desmantelar las redes de apoyo político de los carteles transnacionales. Las autoridades enfatizaron que ningún funcionario, independientemente de su rango, está fuera del alcance de la justicia internacional cuando sus acciones comprometen la seguridad y la salud pública de las comunidades estadounidenses.
Se cree que todos los acusados se encuentran actualmente en México, y la acusación marca el inicio de un proceso legal que podría derivar en solicitudes formales de extradición. Mientras tanto, el Departamento de Justicia reiteró que los señalados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, aunque advirtió que las pruebas recabadas exponen uno de los casos de narcocorrupción más profundos detectados en la historia reciente de la relación bilateral.
¿Cuáles serían las sanciones?
En caso de que se determine su culpabilidad por los cargos que se les imputan, la mayoría de los funcionarios del Estado de Sinaloa podría enfrentar consecuencias legales sumamente severas. Entre estas sanciones se contempla la posibilidad de cadena perpetua, lo que implicaría pasar el resto de sus vidas en prisión sin opción de libertad anticipada.
Asimismo, aun en los escenarios menos graves dentro del mismo proceso judicial, se establecería una pena mínima obligatoria de 40 años de cárcel, lo que representa un castigo considerablemente alto dentro del sistema penal.
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