MIAMI, Florida.- James Robertson quería morir. Después de pasar casi tres décadas en prisión, asesinó a su compañero de celda para conseguir una condena a muerte y evitar pasar el resto de su vida encarcelado. Este martes, casi 18 años después de aquel homicidio, su deseo se cumplió: Florida ejecutó al hombre de 63 años mediante una inyección letal.
Un preso que quería morir ejecutado: asesinó a su compañero de celda para recibir la pena de muerte
James Robertson confesó que estranguló a su compañero de celda en 2008 porque prefería morir antes que pasar la vida en prisión.
James Robertson, de 63 años, fue ejecutado casi 18 años después de estrangular a Frank Hart en prisión.
Imagen AP
Robertson fue declarado muerto a las 12:32 p.m. en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, después de recibir una combinación de tres fármacos, informó The Associated Press (AP). No ofreció últimas palabras antes de la ejecución.
La historia comenzó en diciembre de 2008, cuando Robertson, entonces preso en la Institución Correccional Charlotte, al norte de Fort Myers, ató varios calcetines para utilizarlos como instrumento de estrangulamiento y atacó a Frank Hart mientras dormía.
Según los registros judiciales citados por AP, Robertson dijo a los investigadores que el ataque no había sido provocado y que había matado a su compañero porque prefería recibir la pena de muerte antes que permanecer en prisión hasta el final de sus días.
Robertson había ingresado en prisión en 1980, cuando tenía 17 años, tras ser condenado por robo con allanamiento y agresión. Otras condenas por fugas, agresiones y posesión de armas dentro de la cárcel prolongaron su tiempo de reclusión.
Hart había sido encarcelado en 2003 por una condena relacionada con agresión sexual. Su muerte ocurrió apenas ocho días antes de la fecha en que tenía previsto salir de prisión, según relató su hija, Rebecca Hart, ante periodistas reunidos en la prisión estatal el día de la ejecución.
La hija de Hart leyó una declaración en la que describió el impacto duradero de perder a un ser querido de forma violenta. También pidió que su padre no fuera reducido a un personaje secundario en la historia de Robertson, sino recordado como una persona cuya vida fue arrebatada.
Tras el asesinato, Robertson se declaró culpable de homicidio en primer grado y renunció a la fase del proceso en la que un jurado habría recomendado si debía recibir la pena de muerte o cadena perpetua. Un juez lo sentenció a muerte y el acusado renunció también a los recursos posteriores a la condena.
A principios de octubre de 2026, reiteró ante un juez que entendía que su ejecución estaba programada y que no quería presentar apelaciones finales ante la Corte Suprema de Florida ni ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El caso presenta una paradoja para quienes sostienen que la pena capital disuade los asesinatos: Robertson cometió el crimen precisamente porque quería ser ejecutado. Maria DeLiberato, directora jurídica y de políticas de Floridians for Alternatives to the Death Penalty, argumentó que el caso cuestiona la idea de que la amenaza de la pena de muerte previene la violencia. La activista sostuvo que la existencia de esta sanción pudo haber contribuido a la violencia que pretende evitar.
Florida suma 17 ejecuciones en un año marcado por la controversia
La muerte de Robertson se produjo en medio de un intenso debate nacional sobre la aplicación de la pena capital, especialmente después de que Christa Pike sobreviviera a un intento de ejecución en Tennessee dos semanas antes. Pike recibió dos dosis letales de pentobarbital y sobrevivió al procedimiento, por lo que fue trasladada a un hospital.
El caso aumentó las preguntas sobre la fiabilidad de los protocolos de ejecución por inyección letal. Antes de la ejecución de Robertson, Jordan Kirkland, portavoz del Departamento de Correcciones de Florida, afirmó en una conferencia de prensa que el estado cuenta con un procedimiento sólido y que está comprometido con realizar las ejecuciones de manera “humana y digna”. Kirkland señaló que no podía hablar sobre el protocolo utilizado en Tennessee.
Florida administra tres fármacos durante las ejecuciones: un sedante, un agente paralizante y otro medicamento que detiene el corazón, de acuerdo con el Departamento de Correcciones estatal.
El estado ejecutó a 19 presos en 2025, la cifra más alta registrada en un solo año por un gobernador de Florida desde que se reinstauró la pena capital en 1976. Con Robertson, el estado llegó a 17 ejecuciones en 2026, más de la mitad de las 31 que se habían realizado en todo Estados Unidos hasta ese momento, según el balance publicado por AP.
Dos ejecuciones más estaban programadas en Florida: la de William Reaves, de 77 años, para el 20 de octubre, y la de Jesse Guardado, de 64 años, para el 5 de noviembre. Si ambas se llevan a cabo en las fechas previstas, e l estado igualará su récord de 19 ejecuciones anuales antes de que termine 2026.
El gobernador Ron DeSantis, quien dejará el cargo en enero, ha defendido anteriormente el cumplimiento de las sentencias de muerte como una forma de hacer justicia a las familias de las víctimas que han esperado décadas. Sin embargo, también retiró recientemente la orden de ejecución de William Lee Thompson, de 74 años, después de haber suspendido temporalmente el procedimiento para permitir una evaluación psiquiátrica. Sus abogados sostienen que Thompson padece demencia y que su salud se ha deteriorado.
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