SAN JUAN, Puerto Rico - La gobernadora Jenniffer González oficializó con su firma el proyecto de ley que enmienda el artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico, para reconocer a un feto como un ser humano. Defendió su necesidad, sobre todo, en los casos en los que a una embarazada le quitan la vida.
Puerto Rico reconoce al feto como un ser humano, ¿cómo afecta el derecho al aborto?
Jenniffer González firma enmienda al Código Penal de Puerto Rico para reconocer al feto como un ser humano. Portavoces de médicos y expertos legales de la isla anticipan profundas repercusiones.
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¿Esto significa que el aborto está prohibido en Puerto Rico? No.
Las embarazadas que necesiten el procedimiento, por su salud física o mental, tienen hasta el segundo trimestre para llevarlo a cabo. También hay clínicas especializadas o de planificación familiar en las cuales pueden obtener servicios.
Según la explicación que ofreció el gobierno de la republicana Jenniffer González, la enmienda al artículo que define el asesinato complementa la Ley 165.
La enmienda, incluida inicialmente en el Proyecto del Senado 923, tipifica como asesinato en primer grado cuando una mujer embarazada es asesinada de manera intencional y a sabiendas, lo que resulta en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación.
La ley fue nombrada en honor a Keishla Rodríguez, asesinada en abril de 2021 por el ex boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, quien recibió dos cadenas perpetuas tras ser declarado culpable del homicidio.
En palabras del gobierno, la enmienda impactaría a los acusados del asesinato de una embarazada.
No obstante, al reconocer al feto como un ser humano, portavoces de médicos y expertos legales de la isla, anticipan en entrevista con AP que traerá profundas repercusiones para el archipiélago caribeño de Estados Unidos.
Denunciaron que la enmienda se aprobó sin especificar bajo cuáles condiciones la muerte de un feto sería considerada un asesinato.
Al expresar por escrito su rechazo a la medida, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico publicó en Facebook que le sorprendió la firma de la gobernadora Jenniffer González, pues le habían advertido "sobre la falta de coherencia normativa que este lenguaje introduce, al establecer definiciones absolutas que no distinguen adecuadamente entre escenarios médicos, jurídicos y constitucionales".
Por su parte, Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en Puerto Rico, declaró que "la medida (...) deja un espacio inaceptable para la ambigüedad, en cuanto a los derechos civiles".
Cuáles serían las consecuencias
“Esto va a traer unas consecuencias desastrosas”, declaró Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.
Explicó que es probable que las mujeres con embarazos complicados sean rechazadas por médicos privados y terminen dando a luz en algún otro lugar de Estados Unidos o en el hospital público más grande de la isla.
A su juicio, apuntó que el deteriorado sistema de salud local no está preparado.
Díaz Vélez agregó que la ley enmendada permite que una tercera persona intervenga entre un médico y una mujer embarazada, por lo que se violarán las leyes de privacidad.
Incluso, agregó, los médicos podrían ser considerados sospechosos de asesinato.
“Esto es un golpe serio… Nos pone en una situación difícil”, apuntó el médico.
Trajo a colación la necesidad de implementar nuevos protocolos y reglamentos.
Por su parte, Rosa Seguí Cordero, abogada y portavoz de la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible en Puerto Rico, estableció que con la nueva enmienda, "las mujeres nos quedamos sin nuestros derechos".
Explicó que “se le dio personalidad jurídica al cigoto”.
No está definido qué pasaría si alguien reclama un seguro de salud para un feto o si una mujer pierde un feto de forma espontánea: ¿Sería acusada de asesinato?, se planteó.
