El 6 de agosto de 1960, el gobierno cubano, tras el triunfo de la Revolución, nacionalizó un total de 26 empresas extranjeras. Entre ellas, estaba la estadounidense Havana Docks Corporation, a la que Fidel Castro expropió sus activos (que incluyen muelles e instalaciones portuarias) sin ningún tipo de compensación.
Sentencia histórica: Corte Suprema falla a favor de una empresa de EEUU a la que Cuba confiscó sus propiedades
Con ocho votos favorables y uno en contra, la Justicia falló a favor de la empresa estadounidense Havana Docks Corporation, cuyo muelle en Cuba fue confiscado por Fidel Castro. La sentencia abre la vía a empresas norteamericanas para reclamar indemnizaciones por sus activos confiscados en la isla
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Ahora, más de 60 años después, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la empresa con ocho votos favorables y uno en contra. Esta decisión podría abrir la puerta a demandas similares por parte de empresas o particulares estadounidenses que perdieran sus propiedades expropiadas por el régimen cubano.
El fallo favorable coincide con la creciente tensión entre el ejecutivo de Trump y La Habana, después de que Washington decidiera imputar y perseguir penalmente a Raúl Castro por la muerte de cuatro estadounidenses tras el derribo de dos avionetas opositoras, en 1996.
La reactivación por parte de la administración Trump de un antiguo reglamento posibilitó que Havana Docks Corporation pudiera emitir una demanda contra las grandes empresas de cruceros que utilizaron los muelles confiscados.
El gobierno consideró que este tipo de demandas, autorizadas por el Congreso en la década de 1990, constituyen una herramienta de política exterior para desalentar inversiones en Cuba.
Ocho
votos a favor y uno en contra
El juez Clarence Thomas, autor del fallo mayoritario, señaló que quienes utilicen propiedades afectadas por confiscaciones pasadas son responsables ante cualquier ciudadano estadounidense que imponga un reclamo sobre esos bienes. Según la Corte, Havana Docks únicamente debía demostrar que las líneas de cruceros usaron la propiedad confiscada sobre la cual la empresa, especifican, tenía un derecho reconocido.
La jueza Elena Kagan fue la emisora del voto disidente. Argumentó que los muelles pertenecían al gobierno cubano y que los intereses de Havana Docks en la que fuera su propiedad habían expirado antes de que las líneas de cruceros los usaran.
Cronología del caso
- A principios del siglo XX, el Gobierno cubano otorgó una concesión de 50 años a una empresa predecesora de Havana Docks Corporation (Havana Docks) para construir y operar muelles e instalaciones portuarias.
- En 1920, se extendió a 99 años el derecho de usufructo de la concesión, por lo que la fecha de vencimiento estaba prevista para 2004.
- En 1928, Havana Docks, una empresa que se había constituido bajo las leyes de Delaware y considerada de nacionalidad estadounidense, adquirió oficialmente la concesión.
- En 1960, poco después de la llegada al poder de Fidel Castro, el Gobierno cubano confiscó la concesión, expropiando la propiedad y los activos de Havana Docks en el Puerto de La Habana.
- En 1971, la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras dio respuesta a los inversionistas estadounidenses que habían presentado reclamos. En el caso de Havana Docks, certificó el derecho de la naviera a una compensación de 9,1 millones de dólares (equivalente a casi 100 millones actualizados por la inflación).
- En 1996, la situación se agravó. El Congreso de EEUU endureció el embargo comercial tras el derribo de dos aviones de la organización Hermanos al Rescate por parte de Cuba, lo que provocó la muerte de cuatro personas. Estos hechos han llevado a la justicia estadounidense a imputar a Raúl Castro con hasta siete cargos por conspiración y asesinato, entre otros.
En aquel entonces, se promulgó la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Helms-Burton), que estableció que la resolución de estos reclamos era una condición clave para restablecer relaciones económicas y diplomáticas con Cuba.
La ley permitía que ciudadanos estadounidenses demandasen en tribunales federales a quienes “trafiquen” o usen activos expropiados por el régimen cubano. Pero la ley daba potestad también a los presidentes para suspender la disposición y varios mandatarios lo hicieron hasta que Trump autorizó su aplicación en 2019.
- En mayo de 2019, con el cambio del presidente Trump, Havana Docks presentó una reclamación ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras. Alegó una pérdida de más de 9 millones de dólares derivada de la confiscación. La naviera demandó a varias compañías de cruceros, entre ellas: Royal Caribbean Cruises, Ltd., Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd., Carnival Corporation y MSC Cruises SA Co., por "traficar" con la propiedad portuaria confiscada cuando sus buques utilizaron la Terminal Portuaria de Cruceros de La Habana entre 2016 y 2019.
Las compañías de cruceros argumentaron que actuaron de acuerdo a la ley al colaborar con el régimen cubano y utilizar los muelles, siguiendo la apertura promovida por la administración Obama en 2016.
- En 2022, un juez federal en Florida falló en contra de las líneas de cruceros y ordenó el pago de al menos 110 millones de dólares a cada una. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones revocó después la decisión, señalando que los derechos de Havana Docks sobre la propiedad y su operación habrían expirado en 2004 bajo el acuerdo original.
- En 2025, Havana Docks apeló ante la Corte Suprema y esta le acaba de dar la razón. La decisión del tribunal representa un revés para Royal Caribbean Cruises, Carnival Corporation y otras compañías y agravaría la crisis energética y humanitaria de Cuba, ya que le impacta de lleno en la actividad turística, la principal fuente de ingresos de la isla.
¿Qué
impacto podría tener en casos similares?
El impacto de la decisión sobre otras demandas similares aún no está claro. La Corte Suprema no ha resuelto un segundo caso relacionado con los activos de Exxon Mobil confiscados en la isla.
Antes de la Revolución cubana, empresas estadounidenses controlaban gran parte de la infraestructura estratégica: electricidad, el sistema telefónico, la minería, los cultivos azucareros, refinerías y almacenes diversos.
Tras la llegada al poder de Castro, estos activos fueron transferidos a empresas estatales sin ningún tipo de contraprestación económica. Miles de inversionistas estadounidenses presentaron entonces reclamos y está por ver si la sentencia actual sienta jurisprudencia favorable para que puedan retomar el reclamo de los bienes que les fueron confiscados.