El flujo de remesas que salen del país, en la diana de Trump. El presidente firmó una orden ejecutiva llamada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, que impone nuevas obligaciones de vigilancia a bancos y entidades financieras.
Investigar las transferencias de inmigrantes, ¿servirá para acentuar la persecución?
Trump emitió una orden ejecutiva que obliga a bancos a vigilar transferencias internacionales e incluso a identificar a inmigrantes en el país y comprobar su estatus migratorio. Hablamos con dos expertos sobre cómo afectará la medida al envío de remesas
Video Orden ejecutiva de Trump obliga a bancos a investigar envíos de dinero y revisar estatus migratorio de clientes
La orden instruye al Departamento del Tesoro a reforzar la supervisión bancaria y financiera en Estados Unidos. Esto implica que los bancos revisarán más de cerca el estatus migratorio de sus clientes, De esta manera podrían pedir información adicional en casos donde los usuarios no cuenten con documentación legal establecida.
Los análisis prestarán especial atención al uso de números ITIN y pondrán la lupa en los depósitos o retiros frecuentes en montos pequeños.
La Casa Blanca anunciaba que el objetivo de la orden es reforzar los controles financieros y combatir operaciones ilegales vinculadas al crimen organizado.
Aunque el decreto evita mencionar explícitamente la palabra “remesas”, el texto detalla una vigilancia exhaustiva sobre los capitales enviados por residentes e inmigrantes hacia el exterior.
La medida podría suponer un auténtico sismo en las economías fronterizas como la de México, segundo país del mundo en recepción de remesas (solo detrás de la India). Hablamos con Patricia Pozos Rivera, investigadora del IIEC de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien nos ayuda a dimensionar el alcance de la nueva norma.
“De acuerdo con el Banco de México (BM), en 2025 se recibieron 61,791 millones de dólares (en remesas). Y el grueso proviene de EEUU”, apunta la experta en economía. Esa cantidad representa casi el 3% del PIB mexicano y, para tener una referencia en perspectiva, la cantidad es unas diez veces más que lo que el gobierno de México dedica a su presupuesto en educación.
Pero la economista Patricia Pozos aclara que, pese a la grandilocuencia del monto total de remesas, la mayor parte de ellas son transacciones de pequeñas cantidades. “Las remesas son montos en promedio, de acuerdo con el BM, de 408 dólares, es decir, estamos hablando de cerca de 13.1 millones de transacciones”, apunta.
Duro golpe para las economías locales
La persecución a este tipo de transferencias transfronterizas, advierte la experta, supondría un duro golpe para las economías locales.
“Desde mi punto de vista, las remesas se pueden ver como salario, que sirve a las familias para cubrir las necesidades básicas, por lo que si empezaran a existir complicaciones para su llegada a México, el problema más complicado sería para quienes dependen de dichos ingresos, porque no podrían adquirir bienes de consumo básico, y eso a su vez tendría una repercusión en las economías locales”, señala Patricia Pozos.
Consultamos el alcance de la medida también con Rodolfo Cruz Piñeiro, investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF). “Sin duda alguna es un golpe fuerte y significativo”, advierte. “ La remesa no es un subsidio gubernamental ni un crimen financiero en su inmensa mayoría, es salario. Ganado en muchos casos mediante el trabajo físico. “Golpear este flujo bajo la narrativa de combatir actividades ilícitas es un castigo muy fuerte a toda la fuerza de trabajo migrante”, denuncia el experto en economía transfronteriza.
La medida podría tener el efecto contrario
Rodolfo Cruz Piñeiro también advierte de que un posible colapso de las economías más vulnerables de México podría llevar precisamente a más personas a cruzar la frontera de manera irregular: “ El incentivo para la migración indocumentada puede aumentar, generando el efecto exactamente contrario al que la Casa Blanca busca lograr. Este decreto es una muestra de cómo las fronteras geopolíticas intentan materializarse ahora a través de los sistemas bancarios. Me parece que sienta un precedente preocupante”.
El experto advierte de la discriminación que la medida podría traer, porque quizá los bancos opten por no ofrecer servicios a migrantes: “ El gobierno está trasladando su labor de vigilancia migratoria a los bancos. Y para los bancos, investigar transferencias de poco monto, de 100, 200, 300 dólares, bajo la sospecha de un lavado de dinero, resulta sumamente costoso. No creo que los bancos puedan investigar cada caso, así que podrían optar por el cierre de cuentas o por denegar el servicio a cualquier cliente sospechoso de ser migrante”.
Denuncia Rodolfo Cruz que sería otra forma más de presionar a los migrantes en Estados Unidos: “Probablemente esos informes le sirvan al gobierno para acentuar y agudizar esa persecución que ahora existe sobre la población migrante”.
¿Cómo podrán asumir los bancos millones de investigaciones?
La investigadora de la UNAM comparte el diagnóstico y pone en duda la capacidad de los bancos de controlar millones de esas pequeñas transacciones: “Si tenemos 13.1 millones de transacciones, tendría que abrir ese número de investigaciones; no sabemos el costo que eso implicaría”.
Para Patricia Pozos, la medida sería una forma de presión a la población migrante con serias dificultades para implementarse por los costos que, señalaba, repercutirían a los bancos: “es un discurso a nivel mediático para presionar a las poblaciones migrantes. Vienen elecciones y necesita asegurar votos a su partido, los cuales obtiene con la bandera de atacar a los migrantes, porque a ellos los culpa de todos los problemas, para que la población de su país no lo critique a él”, denuncia.
¿Es legal pedir a los bancos esa información?
Preguntada por si es legal pedir ese tipo de informes a las entidades bancarias, la investigadora de la UNAM alerta de que podrían encontrarse trabas: “ La banca mexicana tiene su propia regulación. Tiene mecanismos propios para identificar los flujos de dinero y detectar posible lavado de dinero”, explica.
“Considero que los bancos en México podrían negarse hasta que tengan autorización de proporcionar datos de sus clientes, pues existe el secreto bancario. Solo en casos muy particulares y mediante investigación previa y a solicitud formal podrían entregar la información de los clientes. Los bancos podrían acogerse a su regulación nacional o internacional, aunque Trump dicte sus órdenes ejecutivas”, señala Patricia Pozos.
Está por ver el alcance de sus efectos en la economía nacional y también en la de países receptores de remesas como México; y si podrá ser implementada y si logrará recibir la retroalimentación de las entidades financieras.