Claremont, CALIFORNIA.- En la intersección de Claremont Boulevard y Andrew Drive, en Claremont, un hombre de 30 años fue bajado de su vehículo por policías y terminó en el suelo. Horas más tarde, Diego Alfonso Ríos fue declarado muerto en el Centro Médico Pomona Valley. Era el 28 de noviembre de 2025, un día después de Acción de Gracias.
“Sé lo que pasó”: Madre de Diego Ríos clama justicia tras su muerte a manos de la policía
Con esas palabras, Zarela Bosa, madre de Diego Alfonso Ríos, de 30 años, exige justicia tras la muerte de su hijo durante una intervención policial en Claremont, mientras la fiscalía decide si presentará cargos contra los oficiales involucrados.
Video Familia de Diego Ríos exige justicia tras muerte durante arresto policial en Claremont
Más de dos meses después, el 12 de febrero de 2026, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles clasificó su muerte como homicidio. La fiscalía ya recibió el expediente —que incluye el video del encuentro y la autopsia— y deberá decidir próximamente si presenta cargos contra los dos oficiales involucrados.
El video de cámara corporal, publicado por las autoridades, muestra los últimos minutos de vida de Ríos. En las imágenes se le observa sin camisa, desorientado, preguntando si alguien estaba sentado en el asiento trasero de su vehículo. Según la policía, el incidente ocurrió alrededor de las 3:18 p.m., cuando recibieron reportes de un hombre que actuaba de forma errática y podría estar bajo la influencia del alcohol.
Los agentes localizaron a Ríos e iniciaron una parada de tráfico. En algún momento del encuentro se produjo un uso de la fuerza. Aún no se ha detallado oficialmente qué provocó esa decisión. En el video, Ríos cae al concreto tras ser bajado del vehículo. Después recibe una descarga eléctrica. Segundos más tarde ya no muestra señales de respuesta.
Paramédicos acudieron al lugar. Fue trasladado al hospital Pomona Valley, donde fue declarado muerto.
La madre de Ríos, Zarela Bosa, habló para N+ Univision 34 Los Ángeles y sostiene que su hijo atravesaba una crisis de salud mental. “Sé lo que pasó. Como madre puedo presentir el dolor, la angustia de mi hijo al saber que primero no sabía qué estaba pasando y luego la fuerza que usaron para detenerlo”, dijo.
El padre, Víctor Ríos, afirma que el video muestra cómo lo inmovilizaron. “Se ve cómo lo tiran al piso y le hacen una llave al cuello, le ponen todo el peso corporal, no de uno sino de los dos policías”, declaró.
Los agentes involucrados han sido identificados públicamente por la familia como Joshua Alba y Benjamin Orona. La ciudad de Claremont no ha emitido comentarios sobre el caso.
El informe del médico forense estableció que Ríos estaba bajo el efecto de una droga. La causa de muerte fue descrita como paro cardiorrespiratorio debido a los efectos de cocaína y enfermedad cardiovascular aterosclerótica en el contexto de inmovilización física boca abajo.
En términos forenses, la clasificación de homicidio indica que la muerte fue causada por las acciones de otra persona. No implica automáticamente responsabilidad penal, que deberá determinarse en el ámbito judicial.
El abogado de la familia, Arnoldo Casillas, anunció que presentará una demanda civil contra el Departamento de Policía de Claremont. Según Casillas, durante el forcejeo Ríos indicó en dos ocasiones que no podía respirar. “Era la decisión de ellos ponerle la llave de estrangulamiento. Era la decisión de ellos aplicarle el peso a su pecho”, sostuvo.
La familia ha solicitado además una segunda autopsia privada y exige que los oficiales enfrenten un proceso penal. “Es terrible tener que levantarme y pensar que todo es cierto, que no es solamente una pesadilla”, dijo la madre.
El uso de la fuerza policíal en California
Según datos del sistema OpenJustice del Departamento de Justicia de California, en 2024 se registraron 581 incidentes de uso de fuerza que resultaron en muerte, lesiones graves o uso de arma de fuego. En esos eventos hubo 592 civiles involucrados y cerca del 19.8% fallecieron.
Por su parte, el reporte del Racial and Identity Profiling Advisory Board de 2025 indica que, dentro de los incidentes donde se utiliza la fuerza, las personas percibidas con alguna discapacidad —incluida la de salud mental— están desproporcionadamente representadas. En esos casos, el 64.7% involucraba una discapacidad de salud mental.
A nivel nacional, análisis de bases de datos como Fatal Force del Washington Post han señalado que aproximadamente una de cada cinco personas que mueren en encuentros con la policía estaba atravesando una crisis de salud mental.
El uso de dispositivos de energía conducida, como el Taser, también ha sido objeto de debate. Investigaciones publicadas en el Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law y reportes posteriores han señalado que las personas con problemas de salud mental reciben descargas eléctricas con mayor frecuencia que la población general.
A nivel federal, la Sección 1983 del Título 42 del Código de Estados Unidos permite presentar demandas civiles contra funcionarios que, bajo color de ley, violen derechos constitucionales. En California, tribunales de apelación han permitido que casos relacionados con inmovilización en posición boca abajo —particularmente en personas en crisis de salud mental— avancen como demandas por uso excesivo de fuerza o muerte negligente, dependiendo de las circunstancias específicas del caso.
Ese marco legal se vuelve especialmente relevante en contextos donde la intervención policial ocurre en medio de una crisis mental. El 1 de marzo de 2026, en un caso distinto en Pasadena, un presunto sospechoso armado murió en un tiroteo en el que también resultó herido el oficial Bryan Vásquez. La familia del fallecido indicó que el hombre padecía un trastorno de salud mental. Ese caso, como el de Claremont, permanece bajo investigación.
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