SAN ANTONIO, Texas.— El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra el condado de Bexar y su Corte de Comisionados por el uso de fondos públicos en un programa que ofrece servicios legales a inmigrantes que enfrentan procesos de deportación.
Fiscal de Texas demanda al condado de Bexar por financiar defensa legal de inmigrantes
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra el condado de Bexar al asegurar que autoridades locales destinaron dinero público para pagar servicios legales de inmigración, una práctica que, según el estado, no está permitida por la ley.
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Según el estado, el condado aprobó el 16 de diciembre de 2025 más de $566,000 para financiar asesoría legal migratoria. La demanda señala que el monto total asignado podría superar el millón de dólares.
Paxton argumenta que los gobiernos locales no tienen facultad para destinar dinero de los contribuyentes a este tipo de servicios y que hacerlo viola tanto la ley estatal como la Constitución de Texas.
“Los funcionarios del condado de Bexar no tienen autoridad para utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar una agenda radical”, afirmó Paxton en un comunicado. “Los fondos públicos no pueden utilizarse para respaldar la defensa legal de personas que se encuentran ilegalmente en el país”.
¿Qué cuestiona el estado?
De acuerdo con el documento legal, el programa del condado de Bexar:
- Utiliza fondos públicos para defensa legal privada
- Está dirigido a personas que no cuentan con estatus migratorio legal
- Excede la autoridad que la ley otorga a los gobiernos locales
El fiscal general sostiene que este tipo de gastos no ofrece un beneficio público general y responde a decisiones políticas fuera del marco legal.
Lo que busca la demanda
Paxton solicitó a un juez:
- Detener el uso de fondos del condado en estos servicios
- Impedir que se firmen o renueven contratos similares en el futuro
- Emitir una resolución que declare ilegal el programa de defensa migratoria
Respuesta pendiente del condado
Hasta el momento, el condado de Bexar no ha emitido una postura oficial sobre la demanda. Aunque no es la primera vez que autoridades estatales y gobiernos locales chocan por el manejo de políticas relacionadas con inmigración en Texas.
El caso podría tener implicaciones para otros condados que destinan recursos a programas similares.
