SAN ANTONIO, Texas.— La posible instalación de un mega centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el lado este de San Antonio ha encendido las alarmas entre líderes políticos y residentes de la zona, luego de que un concejal advirtiera que un acuerdo podría concretarse en cuestión de días.
¿Instalarán un mega centro de detención de ICE en San Antonio? Esto advierte un concejal
Un concejal de San Antonio advierte que un almacén del lado este de la ciudad podría convertirse en un centro de detención de ICE. La posible venta ha desatado oposición política y llamados urgentes a la comunidad para frenar el acuerdo.
Video Liam Conejo y su papá salen de la detención de ICE en Dilley, Texas
El concejal del Distrito 2, Jalen McKee-Rodriguez, publicó un video en Instagram y emitió un comunicado en el que manifestó su firme oposición a la posible venta de un almacén propiedad de Oakmont Industrial Group al gobierno federal para su uso como centro de detención migratoria.
El almacén Oakmont 410, ubicado cerca de escuelas y un parque del East Side de San Antonio, podría ser utilizado como centro de detención migratoria de ICE.
Imagen Google Maps / ICE
El inmueble, conocido como Oakmont 410, se ubica en el 542 S.E. Loop 410, cerca de East Houston Street, a corta distancia de la escuela preparatoria Sam Houston, la secundaria Davis y el parque Copernicus, en una zona residencial donde viven familias con niños.
De acuerdo con el concejal, una vez que una propiedad pasa a manos del gobierno federal, las comunidades locales pierden casi toda capacidad legal para detener el proyecto, ya que las instalaciones federales no están obligadas a cumplir con regulaciones municipales de zonificación ni procesos de permisos.
“Estamos agotando todas las opciones legales disponibles, pero si esta propiedad se vende al gobierno federal, las comunidades locales pierden casi todo el poder para detenerlo”, dijo McKee-Rodriguez en su mensaje.
E
xhortan a la población a alzar la voz
Las declaraciones del concejal detonaron una respuesta inmediata de líderes políticos y organizaciones locales, incluyendo al Partido Demócrata del Condado de Bexar, que está exhortando a la población a llamar y enviar correos electrónicos a la empresa para exigir que no concrete la venta.
McKee-Rodriguez calificó los centros de detención de ICE como “sitios de atrocidades documentadas”, señalando denuncias de separación familiar, negligencia médica y violaciones a la dignidad humana.
Por su parte, el comisionado del condado de Bexar, Tommy Calvert, afirmó no haber sido informado previamente del posible acuerdo y se declaró firmemente en contra, calificando el uso del almacén como una de las actividades comerciales “más disputables desde la Segunda Guerra Mundial”.
¿Qué respondió el DHS sobre estos centros de detención?
En medio de la controversia, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió en la red social X a publicaciones que alertaban sobre la compra de almacenes industriales para centros de detención.
La agencia federal aseguró que estos inmuebles no serán simples bodegas, sino instalaciones de detención “bien estructuradas”, que cumplirán con los estándares federales.
“ICE está trabajando activamente para expandir el espacio de detención”, señaló el DHS, añadiendo que cuenta con nuevos fondos federales para ampliar su capacidad y mantener detenidas a personas que serán deportadas.
El precedente: el alcén de $102 millones en Maryland
La preocupación en San Antonio se intensifica ante precedentes recientes. El DHS ya compró un almacén industrial de 102,000,000 de dólares en Williamsport, Maryland, en el condado de Washington, que será convertido en un centro de detención de ICE.
De acuerdo con registros de propiedad y reportes periodísticos, esta adquisición forma parte de un plan nacional para establecer hasta 23 nuevos centros de detención federales, utilizando grandes almacenes industriales en distintos estados, incluidos Arizona y Maryland.
Aunque el plan se conocía desde finales de 2025, las compras comenzaron a concretarse a inicios de 2026, en un contexto de tensión nacional por operativos migratorios, denuncias de hacinamiento y condiciones inhumanas en centros de detención existentes.
