Un juez federal dictaminó que se permitirá a los clérigos brindar asistencia espiritual a los inmigrantes que hayan sido recluidos por agentes del ICE en el centro de detención que está ubicado en la sede del operativo de control migratorio del gobierno de Donald Trump en Minnesota.
Juez avala asistencia espiritual a inmigrantes detenidos en Minnesota: 'Negarlo sería un daño irreparable'
El juez de distrito estadounidense Jerry Blackwell concedió una orden judicial solicitada por la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Iglesia Unida de Cristo y un sacerdote católico, con sede en Minnesota, quienes habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional.
El juez de distrito estadounidense Jerry Blackwell concedió una orden judicial solicitada por la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Iglesia Unida de Cristo y un sacerdote católico, con sede en Minnesota, quienes habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional.
Según su resolución, se admiten las visitas pastorales presenciales a todos los detenidos en el edificio federal Bishop Henry Whipple en Minneapolis, lugar donde se desplegaron al menos 3,000 agentes federales durante las protestas contra la represión migratoria.
El juez Blackwell sostuvo que las restricciones a la libertad religiosa del clero constituyen un “daño irreparable”, por lo que ordenó a ambas partes reunirse en un plazo de cuatro días hábiles para acordar los detalles del acceso, considerando las preocupaciones de seguridad del gobierno.
De no haber consenso entre ambas partes, deberán presentar en un máximo de siete días hábiles un plan o propuestas separadas.

La obispa Jennifer Nagel, del Sínodo de Minneapolis de la Iglesia Evangélica Luterana en América, había sido rechazada cuando intentó visitar a los detenidos el pasado Miércoles de Ceniza. Tras la audiencia, afirmó que atender a personas en crisis es una función esencial de las religiones.
Además, dijo que en los centros de detención el nivel de sufrimiento es elevado y que brindar apoyo espiritual resulta fundamental para ayudar a las personas a enfrentar ese contexto.
La demanda sostiene que el edificio Whipple, nombrado en honor a un obispo episcopal del siglo XIX reconocido por su defensa de los derechos humanos, contrasta ahora con ese legado, al convertirse en un punto de privación sistemática de derechos fundamentales, según han señalado los demandantes.
Por su parte, abogados del gobierno indicaron que la Operación Metro Surge concluyó oficialmente el 12 de febrero, y que desde entonces han disminuido las detenciones, lo que permitió flexibilizar restricciones y autorizar visitas del clero durante más de dos semanas.
Sin embargo, el juez coincidió con los demandantes en que el problema persiste, ya que no existe un plan formal que garantice el acceso ni reglas claras sobre quién define las condiciones para permitir la entrada del clero.
TLS
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