La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una nueva Ley de Minas que busca transformar el modelo de explotación de recursos naturales en el país, con el objetivo de atraer inversiones privadas nacionales e internacionales tras más de dos décadas de fuerte control del régimen.
Venezuela aprueba nueva Ley de Minas para atraer inversión extranjera tras décadas de cierre
El Parlamento, que cuenta con mayoría del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), avaló la reforma tras varios días de retrasos ante semanas de desacuerdos
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A más de tres meses de la incursión de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro y tomar el control de la comercialización e ingresos del petróleo venezolano, la ley bolivariana aprobó modificaciones para permitir que sus recursos naturales sean explotados por extranjeros.
El Parlamento, que cuenta con mayoría del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), avaló la reforma tras varios días de retrasos ante semanas de desacuerdos sobre la redacción de algunos artículos.
Con la aprobación de la Ley Orgánica de Minas, Venezuela avanza hacia el futuro. Este marco legal nos permite organizar el aprovechamiento de nuestros recursos con respeto al ambiente y con el objetivo de generar bienestar para los venezolanos. pic.twitter.com/tiqeqbbJfs
— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) April 10, 2026
¿De qué se trata la nueva Ley de Minas de Venezuela?
El texto contempla la creación de mecanismos de arbitraje independiente para resolver disputas, una medida considerada clave por inversionistas ante los antecedentes de expropiaciones durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Asimismo, prohíbe que el presidente, el vicepresidente, los ministros, los gobernadores y otros funcionarios posean títulos mineros, en un intento por reducir conflictos de interés y prácticas de corrupción.
La ley también fija regalías e impuestos, limita las concesiones a 30 años prorrogables y establece sanciones penales para actividades ilegales, incluyendo daños ambientales y explotación sin licencia. Además, permite la confiscación de minerales obtenidos de forma ilícita.
Un campo petrolífero de Tishrin.
Imagen Ghaith Alsayed/AP
El proyecto surge en un contexto donde amplias zonas mineras han sido dominadas por economías ilegales, con delitos como contrabando y trata de personas, lo que el gobierno busca revertir mediante mayor control estatal y regulación formal.
La entrada en vigor de la norma dependerá de su validación constitucional y posterior promulgación por el Ejecutivo. De concretarse, marcaría un cambio en la política económica venezolana, al intentar reposicionar al país como un destino atractivo para la inversión en recursos naturales.
Hace aproximadamente dos décadas, el Estado venezolano expropió activos de numerosas compañías extranjeras en los sectores petrolero y minero. Años más tarde, ante la fuerte caída de los ingresos petroleros, el gobierno de Nicolás Maduro impulsó en 2016 la creación de una amplia zona de desarrollo minero que abarca más del 10 % del territorio nacional, con el fin de diversificar la economía.
Desde entonces, la explotación de recursos como oro, diamantes y cobre ha crecido de forma acelerada. Sin embargo, gran parte de esta actividad se realiza en yacimientos informales y sin permisos legales, donde predominan condiciones de trabajo precarias y la influencia de organizaciones criminales.
TLS