ICE planea convertir almacenes a lo largo del país en megacentros de detención; vecinos y ayuntamientos se oponen a los proyectos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está avanzando con un polémico esfuerzo para expandir sus espacios de detención mediante la compra de almacenes en todo el país y su conversión en centros de reclusión, aunque las demandas y una revisión de las compras por parte de un organismo de control del gobierno están frenando la iniciativa.

Según documentos internos, la agencia planea comprar y reacondicionar 24 almacenes comerciales, lo que aumentará su capacidad de detención a más de 92,000 camas.

Las instalaciones más grandes propuestas, que el ICE ha descrito como “ megacentros”, albergarían entre 7,000 y 10,000 personas a la vez y servirán como la ubicación principal para las deportaciones. El ICE también planea comprar 16 almacenes para convertirlos en “centros de procesamiento”, que albergarían a 1,500 detenidos durante un promedio de cinco a siete días, según muestran los documentos.

Hasta el 29 de mayo, el gobierno ha comprado al menos 11 almacenes en todo el país, según un análisis de USA TODAY y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE. En otras 11 comunidades donde el ICE ha propuesto centros de detención, los desarrolladores privados o el propio gobierno federal se retiraron de los acuerdos tras el rechazo de los residentes y los funcionarios locales.

En declaraciones, el ICE ha dicho que los sitios serán "instalaciones de detención bien estructuradas" y se someterán a una "diligencia debida rigurosa" para garantizar que no haya efectos negativos en las comunidades locales.

"Todos los días, el DHS lleva a cabo actividades de aplicación de la ley en todo el país para mantener a los estadounidenses seguros. No debería ser una novedad que el ICE realice arrestos en estados de EE. UU. y esté trabajando activamente para expandir el espacio de detención", dijo la agencia en un comunicado.

Varias de las instalaciones más grandes compradas por el ICE, incluidos almacenes en Georgia y Texas, cubren más de 1 millón de pies cuadrados, aproximadamente 17 veces más grandes que un campo de fútbol americano.

El DHS revisa la iniciativa de almacenes iniciada bajo el mandato de Kristi Noem

Tanto funcionarios como residentes han expresado su preocupación sobre si los almacenes destinados a albergar carga comercial pueden alojar a personas de manera segura y humana. Los funcionarios locales, incluidos los republicanos, han dicho que las instalaciones podrían saturar los sistemas públicos de alcantarillado y agua, especialmente en las zonas rurales, y afirmaron que no se les consultó sobre los proyectos antes de que se completaran las ventas.

El ICE dijo que está cumpliendo con todas las regulaciones federales y que ha tenido en cuenta la infraestructura pública al evaluar los posibles sitios.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien reemplazó a Kristi Noem en marzo, ha adoptado un enfoque más cauteloso hacia la iniciativa que su predecesora, diciéndoles a los legisladores que es importante que el gobierno se reúna con las comunidades locales para dialogar sobre los planes e investigue cualquier posible impacto adverso.

La agencia de Mullin ha dicho que está revisando la iniciativa de los almacenes, así como otros planes que comenzaron bajo la gestión de Noem.

"Al ser de una zona pequeña y rural de Oklahoma, es un gran impacto, y se debería visitar e interactuar con la comunidad", dijo Mullin sobre los almacenes durante su audiencia de confirmación en marzo.

Se acumulan las demandas, mientras el inspector general del DHS investiga las compras de almacenes

Los documentos internos muestran que la agencia planea gastar decenas de millones de dólares en la construcción de los sitios, agregando áreas recreativas, dormitorios, salas de audiencias y cafeterías, así como espacios religiosos e instalaciones médicas. El costo estimado de la iniciativa es de 38,300 millones de dólares, según documentos del ICE, dinero asignado el año pasado a través de la Ley del "Big Beautiful Bill" del presidente Donald Trump.

El ICE ya ha gastado más de 1.000 millones de dólares en la compra de almacenes, según muestran los registros públicos; el gobierno ha desembolsado más de 100 millones de dólares por cinco propiedades individuales. La firma de bienes raíces comerciales CoStar descubrió que la agencia pagó entre un 11% y un 13% por encima de la tasa de mercado por 10 almacenes, y algunas compras llegaron a ser hasta un 30% más altas que los acuerdos comparables recientes.

La Oficina del Inspector General del DHS anunció en mayo que lanzará una revisión de las compras para determinar si los planes satisfacen la "necesidad operativa del ICE de una manera rentable". El ICE ha defendido previamente las adquisiciones, diciendo que el departamento está comprando espacio comercial por un "valor justo de mercado".

Los documentos internos indican que la agencia busca poner en funcionamiento cada una de las instalaciones planificadas para fines de noviembre. Sin embargo, los crecientes desafíos legales ya han comenzado a retrasar los planes.

Funcionarios de Maryland, Nueva Jersey, Arizona y Míchigan han presentado demandas para impedir que el DHS utilice almacenes en sus estados como centros de detención. En Maryland, un juez federal ordenó la suspensión temporal de la construcción en un almacén en Williamsport, afirmando que parece que el gobierno “probablemente no cumplió” con sus obligaciones bajo la Ley de Política Ambiental Nacional.

El gobierno federal ha acordado realizar revisiones ambientales de sus planes en Nueva Jersey, Maryland y Míchigan, según las presentaciones judiciales.

*Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.