El próximo domingo Colombia realizará elecciones presidenciales con tres candidatos liderando la contienda, que tiene lugar bajo la sombra de la violencia recrudecida por parte de grupos armados irregulares, un fenómeno que ha marcado la vida de los colombianos desde hace más de medio siglo.
Colombia se dispone a elegir su presidente mientras la violencia retumba de nuevo en las calles
Tres candidatos asoman como los principales en la disputa para las elecciones presidenciales en Colombia: el izquierdista Iván Cepeda, la senadora conservadora Paloma Valencia, y el controversial 'outsider' Abelardo de la Espriella, un candidato independiente de derecha. Pero el llamado a votar ocurre cuando el país ha vuelto a sumergirse en una ola de violencia por parte de grupos armados.
Video Las claves de la primera vuelta presidencial en Colombia este fin de semana
La peor ola de ataques desde hace años es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. Y la pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables.
El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.
De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal, con un estilo y discurso que recuerdan al argentino Javier Milei o al salvadoreño Nayib Bukele.
La tercera en liza es Paloma Valencia, la senadora conservadora del partido del expresidente Álvaro Uribe.
Los tres candidatos han denunciado amenazas de muerte en su contra. Y hace casi un año, en junio de 2025, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, de apenas 39 años y figura en crecimiento de la derecha colombiana, sufrió un atentado a balazos que lo llevaron a su muerte un par de meses después.
Su caso recordó a la década de 1990, cuando los bombazos, atentados con sicarios, y secuestros, en medio de la violencia de carteles de la droga y grupos paramilitares, marcaban la política del país sudamericano. Y el ataque contra Uribe Turbay pareció ser un reflejo más de cómo los intentos de pacificación del país no han tenido éxito.
El fracaso de la "paz total" de Petro
Colombia ha visto un "crecimiento de la presencia de grupos armados", motivado por el "fracaso de la paz total", dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
La "paz total" fue uno de los programas emblemáticos del presidente izquierdista Gustavo Petro. Pero, a menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.
Este miércoles se conoció que al menos 12 soldados resultaron heridos tras un ataque con explosivos perpetrado presuntamente por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional contra un batallón de infantería en el norte de Colombia, informó el Ejército.
Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el problema está en "áreas muy focalizadas" donde "grupos intentan generar terror físico o mediático para influir en los votantes".
El día previo tres policías resultaron heridos en un ataque con disparos y explosivos perpetrado en el noreste de Colombia presuntamente por el ELN. Entretanto, las fuerzas militares activaron un plan de despliegue especial en el país para brindar seguridad de cara a los comicios.
El ELN, alzado en armas desde 1964, prometió realizar un cese al fuego unilateral que regirá desde el 30 de mayo hasta el 2 de junio con motivo de las elecciones presidenciales. El gobierno suspendió las conversaciones de paz con el ELN en enero de 2025, luego de una escalada de violencia en el noreste del país con un bando enemigo que terminó por afectar a la población civil.
Frente a este cuadro, la derecha colombiana aboga por una "ofensiva total del Estado", dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares.
Las negociaciones y el conflicto armado siguieron a un acuerdo de paz
Un acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) condujo a la desmovilización de más de 13,000 combatientes.
Sin embargo, varios grupos criminales no participaron en el acuerdo y algunos excomandantes de las FARC también volvieron al conflicto tras retirarse durante unos años. Desde que se firmó el acuerdo de paz, un puñado de grupos más pequeños ha estado luchando por el control de zonas rurales que antes estaban bajo el dominio de las FARC.
El gobierno de Petro ha intentado entablar conversaciones de paz con estos grupos y les ha concedido varios alto el fuego como incentivo para que permanezcan en las negociaciones.
Pero los críticos afirman que estos grupos rebeldes han utilizado las conversaciones de paz para reagruparse, rearmarse y fortalecer su control sobre las comunidades, donde extorsionan a las empresas y se benefician de economías ilegales, como el tráfico de cocaína.
Según la Cruz Roja, el costo humanitario del conflicto armado en Colombia alcanzó el año pasado su peor nivel en una década, con el número de personas desplazadas duplicándose en 2025 hasta alcanzar las 225,000 personas. La Cruz Roja también señaló que en 2025 hubo 965 personas muertas o heridas por artefactos explosivos, incluyendo minas terrestres y drones, un 33% más de casos que el año anterior.
La supervivencia de la agenda de Petro
Petro fue un guerrillero del antiguo M-19, con reivindicaciones por justicia social durante las décadas de los años 1970 y 1980. Y llevó adelante la mencionada negociación de paz con los grupos rebeldes mientras también promovía por reformas económicas y sociales, que incluían profundos cambios en las leyes laborales, en un país donde los gobiernos siempre han sido conservadores.
Con su extracción de la izquierda, el presidente colombiano por momentos intentó hacer frente a la retórica del presidente estadounidense Donald Trump, criticando las deportaciones y los ataques a presuntas narcoguerrillas en embarcaciones en el Caribe y el Pacífico por parte de militares de EEUU.
Esta fue una posición de ruptura con sus antecesores y con la histórica alianza colombiana con Washington.
La elección de este domingo podría marcar el fin, al menos durante un mandato constitucional, de la agenda de izquierda de Gustavo Petro. La constitución colombiana le prohíbe presentarse a la reelección, por lo que la continuidad del proyecto recae en las opciones de Iván Cepeda, miembro del partido Pacto Histórico así como el presidente.
Iván Cepeda, senador, filósofo y defensor de derechos humanos, fue uno de los arquitectos de la "paz total". Su primera aparición pública fue en 1994 junto al cadáver de su padre, senador y dirigente del partido comunista.
Frente a la camioneta baleada por policías aliados con paramilitares, clamó justicia ante la televisión: "Que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes", dijo en tono sereno.
La persecución de esos años dejó más de 5,700 dirigentes izquierdistas asesinados.
Cepeda, de 63 años, ha vivido en diversos periodos en el exilio, en Checoslovaquia, Bulgaria, Cuba y Francia. al volver a Colombia se convirtió en defensor de las víctimas del conflicto armado, labor por la que fue clave en las negociaciones del acuerdo de paz que desarmó a las FARC en 2016.
Sus adversarios políticos lo llaman "heredero de las FARC". "He sobrevivido al genocidio, a la estigmatización y a la persecución implacable. Y aquí sigo, de pie", dijo durante la campaña.
Cepeda ha prometido reforzar las reformas económicas iniciadas por Petro, que incluyen importantes aumentos del salario mínimo nacional —entre ellos, uno del 23% este año— y mayores impuestos sobre el patrimonio y los ingresos de las empresas.
El senador también ha afirmado que seguirá impulsando las negociaciones de paz con los grupos rebeldes que aún quedan en el país, al tiempo que potenciará el desarrollo del campo colombiano mediante la concesión de préstamos subvencionados a los pequeños agricultores a través de un banco estatal.
Y ha dicho que buscará un "acuerdo nacional" para llevar adelante las reformas. Pero también ha dicho que, si no se llega a un acuerdo, convocará una asamblea constituyente, un mecanismo a través del cual Colombia podría reescribir su constitución. Los críticos argumentan que esto representaría una amenaza para la democracia colombiana al socavar la independencia del Congreso y del poder judicial del país.
El destino de estas políticas pende de un hilo mientras los votantes acuden a las urnas, poniendo a prueba la afirmación de Petro de que "el pueblo decidirá si la revolución es derrotada o si avanza".
El avance de la derecha conservadora
Uno de los principales rivales de Cepeda es Abelardo de la Espriella, de 47 años, un abogado grandilocuente apodado "El Tigre" que compite como independiente y se ha presentado a sí mismo como un outsider. Afirma que se postula para la presidencia sin el respaldo de ninguno de los principales partidos políticos del país.
Dice que llegó a la política para evitar que Colombia sea "destruida" por la izquierda y es admirador de Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele.
Vestido con trajes impecables y recientemente con chaleco antibalas, ha defendido a múltiples personalidades del país, incluidos narcotraficantes y estrellas de fútbol. Y también al empresaario colombiano Alex Saab, detenido en EEUU señalado por ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro.
Antes de lanzarse a la presidencia vivía en la ciudad italiana de Florencia. Promocionaba sus negocios de ron y vino, viajaba en aviones privados y cantaba ópera.
Para combatir a las mafias en el país que más cocaína produce en el mundo propone una alianza militar con Estados Unidos e Israel, la construcción de megacárceles y defiende el porte de armas.
"En mi gobierno, bandido que no se someta a la justicia será dado de baja", dijo a la AFP en febrero.
Lenguaraz y de temperamento explosivo, dijo que en Colombia se debía "destripar" a la izquierda, aunque luego matizó sus palabras. También ha hecho comentarios considerados homófobos y machistas, con frecuentes alusiones a sus "cojones".
La tercera opción, también del espectro político de la derecha colombiana, es la senadora Paloma Valencia, quien pertenece a una de las familias más poderosas del país. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia (1962–1966), un conservador que enfrentó a las primeras guerrillas en Colombia, alineado con Washington para contener cualquier atisbo de comunismo en el continente.
De 50 años, siguió el camino de su abuelo con la ambición de ser la primera presidenta de Colombia. Desde el Congreso se ha convertido en una de las voces más fuertes contra los grupos armados y la izquierda.
Filósofa y abogada, es una figura renovadora dentro del principal partido opositor liderado por el popular exmandatario Álvaro Uribe.
Valencia, que considera a Uribe su "papá", lo acompañó en la oposición al acuerdo de paz de las FARC.
La confrontativa senadora apuesta por una militarización al estilo del exmandatario, quien acorraló a las guerrillas con apoyo de Estados Unidos.
"Vamos a acabar con la paz total para imponer la seguridad total", declaró en un discurso en marzo.
Sus posiciones son conservadoras frente a los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y propone extraer hidrocarburos con fracking.
Mientras estas tres visiones disímiles se presentan a las elecciones, los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, "los presionan a ingresar o morir", dice Chala.
"Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo", asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas.
En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. "Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas", dice.
La campaña de Valencia cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos tradicionales del país y de economistas preocupados por los crecientes niveles de deuda bajo la administración de Petro y que desearían que Colombia volviera a políticas más ortodoxas.
Los datos de la elección en Colombia
Hay 14 candidatos en la elección presidencial. Si ninguno obtiene el 50% de los votos, el 21 de junio se celebrará una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.
Hay más de 41.2 millones de votantes registrados, incluyendo 1.2 millones de personas que viven en el extranjero. Esto la convierte en la tercera elección presidencial más grande de América Latina, después de Brasil y México. El voto no es obligatorio.
Más de la mitad de los colombianos registrados para votar en el extranjero viven en tres países: Estados Unidos, España y Venezuela. En las últimas elecciones presidenciales de 2022, el 59% de los colombianos registrados en el extranjero emitieron su voto, según la Registraduría Nacional.
En aquellos comicios 21,3 millones de votantes emitieron su voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y 22.6 millones de personas participaron en la segunda vuelta, según la Registraduría Nacional.