¿Qué tan común es que un congresista enfrente cargos federales? El caso de LaMonica McIver

La demócrata está acusada de agredir e interferir con agentes durante una visita a un centro de detención de inmigrantes en Newark, pero su caso es poco común. De acuerdo con expertos, la mayoría de cargos penales contra legisladores suelen estar relacionados con otros delitos.

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La representante demócrata por Nueva Jersey LaMonica McIver fue acusada formalmente por un gran jurado federal de tres cargos relacionados con un altercado ocurrido el 9 de mayo frente a un centro de detención de inmigrantes en Newark.

Alina Habba, fiscal federal interina de Nueva Jersey, anunció la semana pasada la imputación que incluye dos cargos de delito grave y uno menor por presuntamente haber agredido e interferido con agentes federales durante el arresto del alcalde de Newark, Ras Baraka, durante una visita de supervisión al centro.

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McIver y otros demócratas del Congreso han calificado los cargos como una retaliación política y han expresado su confianza en que la congresista será absuelta en la corte.

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Los cargos contra la representante LaMonica McIver

Habba, quien fue abogada personal del presidente Donald Trump, presentó la acusación formal después de que un gran jurado determinara que existen pruebas suficientes para procesar a McIver.

Según la acusación, la congresista usó la fuerza para impedir que agentes federales arrestaran al alcalde Baraka en el centro de detención Delaney Hall, un recinto privado utilizado por ICE para alojar a inmigrantes detenidos.

El documento judicial detalla que McIver presuntamente golpeó con su antebrazo a un agente y empujó con ambos brazos a otro durante el altercado.

La fiscalía sostiene que estos actos constituyen dos cargos de agresión y uno de obstrucción a la autoridad federal. Si es declarada culpable, McIver podría enfrentar hasta ocho años de prisión por los delitos graves y un año adicional por el cargo menor.

Las acciones legales como la emprendida contra LaMonica McIver son poco frecuentes

La persecución legal contra McIver es un caso penal federal peculiar contra un miembro en funciones del Congreso. Aunque los fiscales federales sí pueden presentar cargos penales contra miembros en funciones del Congreso es más común que estos casos involucren delitos de cuello blanco, como el fraude, la corrupción, el uso de información privilegiada o soborno.

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“Ha habido muchos otros casos donde ha sido alguien abusando de su cargo, usualmente en situaciones de soborno o de quid pro quo (algo a cambio de algo), o alguien que comete un delito totalmente ajeno a su labor en el Congreso, simplemente sucede que es miembro del Congreso", explica Jim Townsend, director del Centro Carl Levin, que promueve la supervisión legislativa bipartidista y el discurso cívico.

David Rapallo, profesor de Derecho y director de la clínica de legislación federal del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, puntualiza que el hecho de que un fiscal acuse a un miembro en funciones del Congreso no es algo sin precedentes, pero no es común. “Es raro y usualmente ocurre solo después de una consideración cuidadosa y significativa en el Departamento de Justicia (DOJ)”, comenta el académico.

Townsend señala que la rápidez con la que el DOJ presentó los cargos contra la representante McIver fue bastante inusual. “No pretendo saber todo lo que pasó, pues hay distintas versiones y videos, sin embargo, la rapidez y agresividad de la acusación se ve, para algunos, como un intento de intimidar o al menos enviar una señal de que los miembros del Congreso enfrentarán consecuencias si no están de acuerdo con la administración”, afirma el director del Centro Carl Levin.

Para el profesor Rapallo es notable que otros miembros del Congreso hayan expresado serias preocupaciones tanto sobre el proceso deficiente que parece haberse seguido como sobre la aparente motivación política de la fiscal que presentó los cargos.

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“Por ejemplo, el representante Jamie Raskin, miembro demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara que supervisa el DOJ, envió una carta a la fiscal general Pam Bondi señalando que la fiscal aparentemente violó la política del departamento. Esto al no obtener la aprobación de la Sección de Integridad Pública antes de acusar a la representante McIver por acciones tomadas en su capacidad oficial”.

La misiva de Raskin a la que se refiere Rapallo también indica que la acusación contra McIver "parece ser parte de una estrategia concertada para disuadir la supervisión del Congreso y perseguir implacablemente la política migratoria extrema de Donald Trump con completo desprecio por el estado de derecho y la Rama Legislativa del gobierno”.

Townsend coincide en que hay una retórica agresiva que viene de la administración sobre las consecuencias para quienes se oponen que suma a un clima de temor. “La senadora Lisa Murkowski dijo que mucha gente tiene miedo y esto parece ser una señal de que los miembros del Congreso tienen razones para estar preocupados”, opina.

Otros legisladores como McIver han sido acusados y juzgados, pero por otros delitos

Como ejemplos destacados están el caso del excongresista Christopher Collins, condenado prisión por tráfico de información privilegiada y por mentir a agentes federales.

También está el del senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, quien fue declarado culpable el año pasado por su participación en un esquema internacional de sobornos; y el del exrepresentante Duncan D. Hunter, sentenciado a prisión tras ser encontrado culpable de robar fondos de campaña.

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Otros legisladores han sido arrestados antes en protestas no violentas. Univision Noticias reportó que, en 2022, 17 congresistas fueron arrestados durante una manifestación por el derecho al aborto frente a la Corte Suprema. Sin embargo el incidente se resolvió pagando multas de 50 dólares cada uno.

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