El presidente Donald Trump está enviando a miembros de la Guardia Nacional de California a Oregon después de que un juez le prohibió desplegar efectivos de ese estado en Portland, informó el gobernador de California, Gavin Newsom. El funcionario agregó este domingo que retará la medida en los tribunales.
Newsom denuncia que tras su revés judicial Trump está enviando a miembros de la Guardia Nacional de California a Oregon
Una jueza federal designada por Donald Trump en Oregon le prohibió temporalmente al gobierno desplegar a la Guardia Nacional de ese estado en Portland para proteger la propiedad federal en medio de protestas.

No hubo un anuncio oficial desde Washington de que la Guardia Nacional de California estuviese siendo convocada y enviada a Oregon, como ocurrió el sábado cuando el gobernador de Illinois hizo un anuncio similar.
Newsom calificó el despliegue como "un abuso asombroso de la ley y el poder".
Una jueza federal designada por Trump en Oregon le prohibió temporalmente el sábado al gobierno desplegar la Guardia Nacional de ese estado en Portland para proteger la propiedad federal en medio de protestas, después de que Trump describió a la ciudad como un lugar "devastado por la guerra". Tanto funcionarios de Oregon como residentes de Portland consideraron ridícula tal descripción.
Newsom añadió que estas tropas fueron "federalizadas" y puestas bajo el control del presidente hace meses, a pesar de sus objeciones, en respuesta a las protestas en Los Ángeles.
“El Comandante en Jefe está utilizando a las Fuerzas Armadas estadounidenses como arma política contra los ciudadanos estadounidenses”, declaró Newsom en el comunicado. “Llevaremos esta lucha a los tribunales, pero el pueblo no puede permanecer en silencio ante la conducta tan imprudente y autoritaria del presidente de Estados Unidos”.
Jueza dijo que la protestas no justifican el despliegue militar
La jueza federal de distrito Karin Immergut, nombrada por Trump durante su primer mandato, emitió la orden a la espera de los argumentos adicionales de la demanda. Afirmó que las protestas relativamente pequeñas que ha presenciado la ciudad no justifican el uso de fuerzas federales y que permitir su despliegue podría perjudicar la soberanía estatal de Oregon.
El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Portland ha sido recientemente escenario de protestas nocturnas.
Trump ha buscado pintar tanto a Portland como a Chicago como ciudades plagadas de delincuencia y disturbios, calificando a la primera de "zona de guerra" y sugiriendo que se necesitaba una fuerza "apocalíptica" para sofocar los problemas en la segunda. Desde el inicio de su segundo mandato, ha enviado o ha hablado de enviar tropas a 10 ciudades.
Trump autorizó el sábado el despliegue de 300 tropas de la Guardia Nacional de Illinois para proteger a los oficiales y activos federales en Chicago.
Un fallo judicial previo en California: Trump violó la 'Ley Posse Comitatus'"
En septiembre, un juez federal de San Francisco, California, echó por tierra los argumentos del gobierno en la demanda presentada por el gobernador Newsom tras el despliegue en junio de tropas de la Guardia Nacional y de marines durante las protestas contra los operativos de ICE en Los Ángeles.
El juez de distrito Charles Breyer acogió el argumento de Newsom respecto a que el gobierno de Trump violó la Ley Posse Comitatus de 1978 que prohíbe la utilización de militares en la ejecución de leyes nacionales. Los defensores del gobierno dijeron que esa ley no aplicaba en esta situación porque las tropas protegían a agentes federales y no ejecutaban leyes.
Trump puso bajo su control a la Guardia Nacional de California bajo la sección 12406 del Título 10, que le permite a un presidente llamar a la Guardia Nacional para acciones federales cuando se da una "invasión" de Estados Unidos, cuando "hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno" o cuando el presidente no puede "ejecutar las leyes de Estados Unidos".
"El Congreso habló claramente en 1878 cuando aprobó la Ley Posse Comitatus, prohibiendo el uso de militares estadounidenses en la ejecución de leyes nacionales", escribió el juez.
"Casi 140 años después, los demandados —el presidente Trump, el secretario de Defensa, (Pete) Hegseth, y el Departamento de Defensa— desplegaron a la Guardia Nacional o los marines en Los Ángeles, para aplacar una rebelión y garantizar el cumplimiento de la ley de inmigración federal. Sí había protestas en Los Ángeles y algunos individuos incurrieron en violencia. Pero no había una rebelión ni las fuerzas de la ley civiles eran incapaces de responder a las protestas y hacer cumplir la ley", agregó.
El juez determinó que "contrario a la instrucción explícita del Congreso", Trump y su gobierno usaron soldados armados, cuya identidad en ocasiones era ocultada con dispositivos de protección, y vehículos militares para delimitar perímetros y bloquear el tráfico. Agregó que esos militares también participaron en el control de manifestantes. "En pocas palabras, los demandados violaron la Ley Posse Comitatus", precisó el juez.
En el documento con su decisión, Breyer mostró una diapositiva que fue parte de las instrucciones que el Departamento de Defensa dio a las tropas desplegadas en California. En ella aparecía una lista de 12 funciones en las que no debían entrar porque suponían violar la Ley Posse Comitatus. Sin embargo, cuatro de ellas aparecían en letras rojas, porque representaban supuestas excepciones a esa ley.
"A las tropas del 'Task Force 51' (los miembros de la Guardia Nacional y los marines desplegados) se les instruyó que las cuatro funciones listadas en rojo —los patrullajes de seguridad, y los controles de tráfico, multitudes y disturbios— estaban sujetas a una supuesta excepción constitucional a la Ley Posse Comitatus", se lee en el documento judicial.
El juez también mencionó instancias en las que los militares se movieron a puntos más allá del condado de Los Ángeles. Una de ellas fue cuando cerca de 80 efectivos fueron enviados a Camarillo, una localidad a unas 50 millas del centro de Los Ángeles, en medio de una agresiva redada en una granja que terminó con protestas y decenas de personas detenidas. Un inmigrante, Jaime Alanís García, falleció a causa de los golpes tras caer ese día de un techo en la instalación al tratar de evitar su arresto.
En un fallo que se limita solo a California, Breyer prohibió que los militares se involucren en arrestos, requisas, incautaciones, patrullaje de seguridad, control del tráfico y de multitudes, recopilación de evidencia, interrogatorios y que actúen como informantes.
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