¿Cuál es la función de la Guardia Nacional y por qué ciudades desafían los despliegues de Trump?

El control de la Guardia Nacional recae generalmente en los gobernadores de cada estado, pero el presidente puede 'federalizar' el cuerpo o ponerlo bajo su control en ciertos casos.

Video Llega la Guardia Nacional a Illinois: están en un suburbio de Chicago

El presidente Donald Trump busca desplegar a cientos de soldados de la Guardia Nacional en Oregon e Illinois pese a la oposición de sus gobernadores demócratas, alegando que deben protegerse a los agentes, edificios y activos federales ante las protestas contra las redadas migratorias.

Cortes de esos estados han frenado temporalmente el uso de la Guardia Nacional en Portland y Chicago, mientras crecen las críticas contra el Trump y su administración por su uso de la Guardia Nacional.

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¿Qué funciones tiene la Guardia Nacional?

La Guardia Nacional se define a sí misma como "la principal reserva de combate del Ejército y la Fuerza Aérea, que proporciona fuerzas permanentes, de rotación, de refuerzo y de seguimiento", siendo un cuerpo con personal formado y equipado "para misiones en tiempo de guerra y respuestas estatales en el ámbito nacional".

Y ponen como ejemplo que "cuando se produce una catástrofe en el país, la Guardia Nacional está preparada para desplegarse y servir" velozmente "para proteger la vida y la propiedad".

Los orígenes de la Guardia Nacional se remontan a 1636, cuando se organizaron en Massachusetts los primeros regimientos milicianos, aún entonces bajo el control de Inglaterra. Las demás colonias formaron sus propias milicias, que lucharon bajo el mando del general George Washington durante la Guerra de Independencia.


Y debido a los abusos del Ejército británico, los redactores de la Constitución se opusieron a la idea de un Ejército permanente controlado por el presidente. Las milicias se mantuvieron bajo el control de los estados y se le dio al Congreso la responsabilidad de determinar en qué circunstancias el presidente podía llamarlas al servicio.

En general, es activada para atender emergencias estatales y también puede ejercer labores de seguridad fronteriza, apoyo en las elecciones o a otras fuerzas militares, explica el think tank estadounidense Council of Foreign Relations (CFR).

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El control de la Guardia Nacional recae generalmente en los gobernadores de cada estado, pero el presidente puede 'federalizar' el cuerpo o ponerlo bajo su control en ciertos casos, indica el CFR.

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"Por ejemplo, los presidentes han llamado a unidades al servicio federal para responder a fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes e incendios forestales, reforzar la seguridad fronteriza y ayudar a las operaciones militares en Afganistán e Irak. A diferencia de las misiones estatales, que suelen durar menos de tres meses, los despliegues federales suelen durar al menos un año", indica el think tank.

Con unos 430,000 efectivos a tiempo parcial, la Guardia Nacional tiene entre sus filas a muchos estudiantes universitarios o civiles con empleos normales. Entrenan regularmente durante un fin de semana al mes y con una instrucción prolongada de dos semanas una vez al año.

Pueden ser enviados al extranjero, llamados para construir una escuela o ayudar en un desastre natural, o convocados en caso de disturbios civiles.

¿Cuáles son las reglas para que el presidente pueda activar la Guardia Nacional?

Según la ley federal, el presidente puede tomar el mando de la Guardia Nacional de un estado en circunstancias limitadas: cuando el país está siendo invadido o corre peligro de ser invadido por una nación extranjera; cuando hay una rebelión o peligro de rebelión contra Estados Unidos; o cuando el presidente es "incapaz de hacer cumplir las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares".

Trump afirma que esas condiciones se dan en ciudades que, en su opinión, están plagadas de delincuencia y protestas por la inmigración. Los líderes de esos lugares lo rechazan.

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¿Cuál ha sido la respuesta de los jueces al uso de Trump de la Guardia Nacional?

Un punto clave en las demandas presentadas por los estados y ciudades que intentan bloquear las órdenes de Trump en sus comunidades es si la determinación del presidente es sobre el peligro de una rebelión o sobre si las leyes no pueden hacerse cumplir por las fuerzas del orden regulares.

La ley requiere que la condición exista al momento, explicó Brenner Fissell, profesor de Leyes en la Universidad Villanova, quien además es vicepresidente del Instituto Nacional de Justicia Militar.

En el caso de Los Ángeles, la Corte de Apelaciones del 9no Circuito consideró que la decisión de un presidente tiene derecho a "un gran nivel de deferencia", pero que los tribunales pueden revisarla para asegurarse de que se ajusta "al ámbito del juicio honesto".

En Oregon, la jueza federal Karin Immergut bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia por parte de Trump, alegando que los hechos sobre el terreno —que implicaban protestas nocturnas en las que solían participar unas dos docenas de personas, con multitudes y enfrentamientos ocasionales más numerosos— no cumplían ese requisito ni justificaban la 'federalización' de 200 soldados.

Los abogados de la administración han afirmado que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente. Esgrimen que las protestas de Portland han agotado los recursos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo que ha obligado a trasladar allí a agentes de otras partes del país y a trabajar en turnos de 12 horas los siete días de la semana.

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Sin embargo, Fissell sugirió que las consecuencias serían nefastas si el presidente pudiera llamar a la Guardia Nacional por encima de las objeciones de los líderes estatales y de las ciudades en respuesta a protestas tan pequeñas.

"Si el presidente, por su cuenta y sin posibilidad de revisión, pudiera determinar cuándo existe cualquiera de estas condiciones, entonces no habría efectivamente ninguna protección judicial contra un golpe militar en este país", afirmó Fissell.

¿Pueden las tropas de la Guardia Nacional hacer cumplir la ley?

En términos generales, no cuando se encuentran bajo el comando del presidente. La ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso de los militares como fuerza policial interna.

Trump, que ya envió a la Guardia Nacional a California en junio pasado durante una oleada de protestas contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), violó esa ley, según determinó el juez federal Charles Breyer en ese estado. Su decisión está en espera mientras se resuelve una apelación del gobierno.

Las ciudades y estados que desafían legalmente el despliegue de las tropas aseguran que tienen plena capacidad de hacer cumplir las leyes por sí mismos, sin necesidad de intervención federal. Y las policías civiles, y no los militares, tienen entrenamiento para proteger los derechos de la Primera Enmieda, en ejecutar arrestos, paradas de tráfico y control de multitudes; en desescalar situaciones y en el uso no letal de la fuerza.

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La Ley Posse Comitatus castiga hasta con dos años de prisión, pero nunca se ha presentado un caso judicial de ese tipo en la historia de Estados Unidos, afirmó el profesor de leyes de la Universidad de Syracuse, William Banks, experto en Derecho Constitucional y Seguridad Nacional.

“El aspecto penal no es el punto”, dijo Banks. “El punto es que establece la presunción de que simplemente no queremos soldados en las calles”.

Pero hay una gran excepción en la referida ley: el presidente puede invocar la Ley de Insurrección, que lo autoriza a desplegar personal militar dentro de Estados Unidos para eliminar rebeliones o para hacer cumplir la ley.

Los presidentes Dwight Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon Johnson la usaron para tomar control de la Guardia Nacional durante los disturbios por el Movimiento por los Derechos Civiles, mientras que el presidente George H. W. Bush la usó para enfrentar las manifestaciones raciales en Los Ángeles en 1992.

Trump no ha descartado valerse de dicha ley, sobre lo cual Banks advierte que sería una situación en la que "no habría frenos para la administración".

"Podría militarizar completamente la ciudad si quisiera. Podría ordenar a todo el mundo que se quedara en sus casas".

¿Cómo ha sido usada la Guardia Nacional por los presidentes con anterioridad?

Varios presidentes asumieron el mando de la Guardia Nacional de los estados durante el conflicto por el Movimiento de los Derechos Civiles, para hacer cumplir las órdenes de las cortes cuando los gobernadores del sur se negaron a ello.

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Esto incluye cuando en 1957 el presidente Eisenhower tomó el control de la Guardia Nacional de Arkansas y envió a la 101.ª División Aerotransportada del Ejército para permitir que nueve estudiantes negros se integraran en la Escuela Secundaria Central de Little Rock.

Luego, en 1965, el presidente Johnson tomó el control de la Guardia Nacional de Alabama para garantizar que los manifestantes por los derechos civiles pudieran marchar de Selma a Montgomery, después de que la policía estatal los atacara. Esa fue la última vez que un presidente desplegó la Guardia Nacional en contra de los deseos de un gobernador.

Los presidentes también han 'federalizado' la Guardia Nacional a petición de los gobernadores para sofocar los disturbios.

Algunos ejemplos son cuando el gobernador de Michigan solicitó ayuda para controlar los disturbios en Detroit que dejaron decenas de muertos en 1967, y en 1992, cuando el gobernador de California pidió al presidente George H. W. Bush que ayudara a poner fin a los disturbios por la absolución de cuatro policías blancos que golpearon brutalmente al automovilista afroestadounidense Rodney King.

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