Puerto Rico espera un milagro

Se ha dicho que Puerto Rico es una isla modesta que lleva más de 400 años al borde de la hambruna. La hipérbole apunta al contraste entre su nombre promisorio y la crónica pobreza de los territorios del Caribe. Al igual que sus vecinos, Puerto Rico carece de las materias primas que se codician en los mercados del mundo. Su mayor riqueza consiste en su asombrosa belleza natural y el carácter apacible, acogedor y fiestero de su gente. De esa mezcla singular tendrán que nacer las soluciones a los grandes retos de la isla, como la tan esperada quiebra del estado que oficialmente acaba de anunciar su gobernador, Ricardo Rosselló. Pero en lo que llegan las soluciones, todos los puertorriqueños sufrirán las consecuencias de la debacle financiera. Y algunos conocerán en carne propia el hambre que siempre ha acechado a sectores de la isla.

Mucho se ha conocido sobre las causas del desastre de Puerto Rico, que ha dejado a su gobierno en un hoyo negro de 122,000 millones de dólares: 72,000 millones en déficit fiscal y 50,000 millones en deudas pensionarias. Uno tras otro los sucesivos gobiernos gastaron mucho más de lo que recibían en ingresos y pidieron empréstitos costosos para saldar la diferencia. Lo hacían, en parte, por clientelismo político, es decir, para otorgar empleos y contratos a cambio de votos en las elecciones. Además, la inmensa mayoría de las empresas estadounidenses huyeron de la isla luego de que perdieran los incentivos cuando el Congreso de Estados Unidos erradicó la Sección 936 del Código de Impuestos a fines de la década de los noventa. Y los sentimientos de patriotismo y anticolonialismo condujeron a políticas estatales que ahuyentaron a decenas de miles de soldados estadounidenses que con su presencia en la isla contribuían al erario. Una serie de nobles intenciones irónicamente provocaron la tormenta perfecta, confirmando por enésima vez que el camino hacia el infierno está pavimentado de esas intenciones.

Al proclamar la bancarrota, el gobernador Rosselló advirtió que “tendrá que haber sacrificio en todas partes”. En realidad, Puerto Rico lleva más de una década en recesión y la mayoría de sus residentes han estado haciendo enormes sacrificios para sobrevivir. La recesión permanente ha provocado la mayor tasa de desempleo de todo Estados Unidos, encarecido el costo de la vida, deteriorado los servicios que presta el estado y causado un éxodo hacia la metrópoli de cientos de miles de personas, incluyendo profesionales y trabajadores con oficios que formaban parte de la clase más productiva. La quiebra oficial multiplicará y agravará estos deplorables efectos y generará otros que ni siquiera podemos predecir.

Por lo pronto el gobierno anunció el cierre de más de 180 escuelas públicas al termino del año escolar este mes. Unos 27,000 estudiantes tendrán que viajar más lejos a los colegios que permanecerán abiertos. El propósito es ahorrar algunos millones de dólares en electricidad, agua, seguridad y sueldos de maestros. A estos se les reducirá la semana laboral a cuatro días. Decenas de agencias gubernamentales desaparecerán o sufrirán drásticos recortes de presupuesto, como también se esfumarán los tradicionales bonos navideños y los pagos por días de enfermedad acumulados y se recortarán las pensiones de antiguos y futuros jubilados. Las ya exorbitantes tarifas de impuestos –de 11,5% sobre las ventas–, electricidad y agua continuarán aumentando. Las multas se duplicarán. Y los planes de salud eventualmente ofrecerán menos servicios y protección por más dinero, amenazando la salud de cientos de miles de puertorriqueños. Para la mayoría, vivir en la isla podría convertirse en un acto de fe.

Y como si este panorama no fuera lo suficientemente desolador, el Congreso de Estados Unidos nombró a una junta de supervisores para fiscalizar los gastos del gobierno estatal y sugerir paliativos para la crisis. El problema estriba en que los miembros de la junta pueden o no acertar en sus evaluaciones y pueden o no tener en mente los verdaderos intereses de los puertorriqueños afectados. Los acreedores de Puerto Rico, muchos de ellos especuladores de Wall Street, intentan influir sobre la junta y el gobierno. Una veintena de ellos presentaron ya demanda por impago al gobierno. Esta guerra judicial emponzoñará aún más el ambiente, a menos que se convenza a los demandantes de que su mejor opción de recuperar parte de sus inversiones –pues nunca recuperarán la totalidad– pasa por la gradual y lenta recuperación de las finanzas estatales.

¿Hay una salida a la catástrofe de Puerto Rico? En teoría la respuesta es afirmativa. La futura recuperación económica y fiscal de la isla depende de que su gobierno en quiebra reconquiste la confianza de los inversionistas de modo que éstos vuelvan a invertir en ella. Lamentablemente, en estos momentos críticos decir eso es admitir que el futuro de Puerto Rico depende de un milagro cuyas señales ni siquiera podemos discernir todavía.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es). Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.