Puerto Rico: el referendo de la abstención

Se entiende la imperiosa necesidad que tienen los puertorriqueños de definir mejor el status de su país, incluyendo la relación con Estados Unidos, y superar la mayor crisis económica en la historia moderna de la isla. Pero el plebiscito que convocó y celebró el gobierno de Ricardo Rosselló el pasado 11 de junio no fue la forma adecuada de hacerlo. La convocatoria carecía de consenso entre los principales partidos políticos de la isla. El momento no era oportuno para celebrarlo debido al alto costo del ejercicio. Y ni siquiera había una clara expectativa de que el Congreso estadounidense, el cual tiene la última palabra en el asunto, estaba dispuesto a reconocer y a responder a los resultados.

A pesar de que la ocasión no era propicia, el gobernador Ricardo Rosselló llevó a cabo la consulta porque ésta era parte fundamental de la plataforma electoral de su Partido Nuevo Progresista, la había prometido durante la campaña el año pasado y cree que solo la estadidad podría resolver la aguda crisis económica y financiera que padece Puerto Rico. Rosselló fue consecuente con lo que había prometido a sus electores y ahora celebra que 97% del voto favoreció la estadidad. Pero su decisión de efectuar la consulta sin el consenso de los demás partidos influyentes de Puerto Rico fue imprudente. El Partido Popular Democrático, representante de la actual fórmula de libre asociación, y el Partido Independentista Puertorriqueño se abstuvieron y exhortaron a sus seguidores a boicotear la votación. Lo mismo hicieron agrupaciones políticas menores.

El resultado fue que apenas 22% de los dos millones 200,000 votantes elegibles sufragaron, es decir, la abstención fue la verdadera triunfadora en un país donde suele haber un alta concurrencia a las urnas. Incluso decenas de miles de estadistas prefirieron quedarse en sus casas, darse un chapuzón en la playa o irse de rumba ese domingo. Es sumamente improbable que el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca acepten tales resultados del plebiscito como una representación genuina de la voluntad política de la mayoría de los puertorriqueños. Aun así, Rosselló insiste en que llevará a Washington los resultados para instar a los congresistas a que consideren convertir a Puerto Rico en el estado número 51 de la Unión Americana. Si lo hace, sufrirá una gran decepción. Y lo que es peor, arrastrará en ella a muchos de sus votantes.

La renuencia del Congreso estadounidense a aceptar a Puerto Rico como estado se debe, en gran medida, a que no recibe señales claras de que en la isla hay suficiente consenso a favor de la estadidad. Pero, además, el actual Congreso está dominado por republicanos. Y muchos de ellos temen que, de convertirse en ciudadanos con voto, la inmensa mayoría de los puertorriqueños de la isla prefieran a sus rivales demócratas, tal y como sucede con los puertorriqueños que residen en la metrópoli. Venderles la estadidad a esos republicanos recelosos exigirá un complejo esfuerzo político del que el referendo del 11 de junio es, en el mejor de los casos, un modestísimo primer paso.

Tampoco pareció prudente que el gobierno de Rosselló invirtiera entre cinco y siete millones de dólares en una dudosa consulta cuando aún lucha por frenar la crisis fiscal causada por una deuda de más de 70,000 millones de dólares. Se comprende que el gobernador y otros líderes del PNP crean que la estadidad es una condición necesaria para superarla a largo plazo. Pero el contundente rechazo por parte de los restantes partidos puertorriqueños era un indicio evidente de que la consulta estaba destinada al fracaso. La inversión estatal en ella despide el tufo del dinero despilfarrado.

Hace cinco años, en 2012, los puertorriqueños favorecieron mayoritariamente la estadidad por primera vez en su historia, pero en otro referendo confuso que criticaron incluso algunos dirigentes penepés. El Congreso estadounidense lo ignoró olímpicamente. La lección de estas dos últimas consultas debería ser evidente: el futuro de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos es un asunto demasiado serio e importante como para decidirlo mediante una consulta frívola, impopular o simplemente defectuosa. Para que la consulta sea legítima, a ella debería irse con propuestas claras, el consentimiento de los principales partidos políticos –los cuales representan a distintos sectores de opinión en la isla– y un compromiso formal por parte de Washington de que acatará o que por lo menos considerará el resultado.

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