El proyecto para anular una ley que evitó que se investigaran violaciones a los Derechos Humanos en la dictadura uruguaya fracasó.
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La dictadura uruguaya se registró de 1973 a 1985.
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Fueron más de 14 horas de debate parlamentario. El Frente Amplio no logró los 50 votos necesarios para aprobar la iniciativa.
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El diputado oficialista Víctor Semproni defendió su postura en contra del proyecto y se retiró de la sala antes de votar.
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Semproni dijo: 'con dolor, no vamos a votar porque esto es un tema de conciencia que no podemos eludir'.
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'La discrepancia es con la solución que está a discusión del cuerpo. Que nadie dude que estamos en lucha para borrar la ley de Caducidad'.
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El Senado había aprobado la anulación con una ajustada mayoría, en marzo.
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La 'Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado' fue aprobada por el Parlamento uruguayo, en 1986.
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Justo después de un año y medio del fin de la dictadura y cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos.
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El proyecto de anulación que fracasó fue impulsado después de que la Suprema Corte de Justicia indicara que la Ley de Caducidad es inconstitucional.
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Además se tiene una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
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A las afueras del Congreso se reunieron cientos de personas para presionar a favor de la iniciativa.
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Todos ellos fueron convocados por el Frente Amplio y la central sindical Pit-Cnt.
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Se estima que fueron alrededor de 200 desaparecidos en la dictadura.
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Amaral García, hijo de desaparecidos de la dictadura, le dijo a la agencia de noticias AFP: 'me siento decepcionado, igual que siempre, cansado'.
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'Lo que importa es que acá no hay justicia,' se escuchaba entre las personas que se encontraban afuera del Congreso.