Más de cuatro mil fueron asesinados
"Guatemala continúa siendo el país más violento de Centroamérica, mientras que Nicaragua y Honduras redujeron las muertes de los menores de 18 años", aseguró la institución en un comunicado.
Informó que el año pasado "la vida de 334 niñas, niños y jóvenes fueron violentamente truncadas por asesinato en Guatemala... y se estima que el número de muertes aumentó en más de 400 en todo el país".
En la mayoría de esos crímenes, según Casa Alianza, se utilizaron armas de fuego.
"Las estadísticas de muertes aumentaron en 14 por ciento en el 2005 en relación al 2004 en Guatemala, lo que significa que hubo 48 asesinatos más de niños y 2 de niñas en ese país", añadió.
Indicó asimismo que en Nicaragua hubo 95 asesinatos similares el año pasado y 163 en el 2004.
En Honduras además se registraron 379 asesinatos en el 2005, cuando en el 2004 se reportaron 163.
"Los datos de Honduras y Nicaragua son de todo el país, en comparación a los de Guatemala que son únicamente de la ciudad capital", subrayó.
Casa Alianza aseguró que "existen historias conmovedoras de niños y niñas asesinadas brutalmente que marcan el 2005, como el caso de Alejandra, de 17 años, cuyo cadáver fue hallado en enero con cinco meses de embarazo y varios impactos de bala en la aldea El Campamento (Zona 8 de Mixco, Guatemala)".
La entidad también menciona la situación de la guatemalteca Astrid Villagrán, de 16 años, que fue descuartizada en enero del 2005. La policía encontró su cabeza, luego las extremidades y por último el resto de su cuerpo.
"La mayoría de los asesinatos en Centroamérica permanecen en la impunidad", subrayó.
Casa Alianza es una organización sin fines de lucro que defiende los intereses de la niñez y adolescentes en México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Es una filial en Centroamérica de la organización Covenant House, con sede en Nueva York.
Por su parte las autoridades de seguridad pública de El Salvador alistan una "cruzada" para reducir la ola de violencia que agita al país y que en 2005 dejó una estela de 3,697 asesinatos, lo que equivale a un promedio de 10.1 muertos diarios.
"Vamos a iniciar una cruzada contra la delincuencia y aquí es importante la colaboración ciudadana, vamos con todo contra la violencia, queremos reducir los homicidios", aseguró a la prensa Rodrigo Avila, quien desde el pasado 1 de enero es el nuevo director de la Policía Nacional Civil (PNC) nombrado por el presidente Elías Antonio Saca.
Según cifras de la Policía, en este país de 6.8 millones de habitantes se registró un total de 3,697 asesinatos durante 2005, cifra mayor a las 2,762 muertes violentas contabilizadas en 2004.
La cifra de homicidios registrada en el 2005 es la más alta en los últimos siete años.
Avila prefirió no entrar en detalles sobre los planes de seguridad que impulsará el cuerpo policial, "para no alertar -dijo- a los delincuentes y no perder el factor sorpresa, que es importante".
Sin embargo, el nuevo jefe policial indicó que parte de los planes que se impulsarán tienen que ver con el combate a los constantes y crecientes casos de pandilleros que se dedican a exigir a la fuerza el pago de "un impuesto" a los empresarios del transporte colectivo, como condición para permitirles trabajar en las zonas donde operan las pandillas.
En 2005 poco más de 125 trabajadores y hasta empresarios del sector del transporte público de pasajeros fueron asesinados por las pandillas por negarse al pago del "impuesto".
El también nuevo viceministro de Seguridad Ciudadana, Astor Escalante, que asumió el 1 de enero, reconoció el alto grado de violencia que afecta al país. Otra parte de las acciones para combatir la violencia implica la presentación en el corto plazo de reformas a las leyes penales para endurecerlas ante crímenes como la extorsión, indicó.
"Tenemos desde luego que reconocer los niveles de violencia que se tienen; evidentemente quisiéramos tener niveles aceptables o tolerables, aunque en el tema de violencia ningún nivel podría ser tolerable", comentó Escalante.
En tanto, Avila, que ya había ocupado el puesto de director de la PNC durante la administración del presidente Armando Calderón (1994-1999), dejó en claro que si bien la tarea de la policía es el combate al crimen, no se prevé con las nuevas acciones de seguridad que se impulsarán tener en el corto plazo una "reducción milagrosa" de los crímenes.
La Iglesia Católica y entidades defensoras de los derechos humanos han venido demandando públicamente al gobierno medidas eficaces para frenar la violencia que -según las encuestas- es uno de los principales problemas que aqueja a los salvadoreños y uno de los temas prioritarios a resolver por el gobierno del presidente Saca.