La llegada del maíz transgénico divide a Paraguay, con el telón de fondo del auge de la soja transgénica, convertida en el motor de la economía de este país sudamericano, pero también en catalizador del conflicto por la tierra.
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El cultivo de maíz transgénico no está permitido en Paraguay. Sin embargo, los controles realizados desde principios de agosto por funcionarios del Servicio Nacional de Salud Vegetal (SENAVE), revelaron que 20 por ciento de las plantas analizadas eran genéticamente modificadas.
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En represalia contra los productores en falta, fueron destruidas 86 hectáreas de plantaciones de transgénicos. Es poco, ya que se estima que el área plantada con maíz genéticamente modificado en Paraguay es de 100 mil.
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"Eso ingresó de forma ilegal, por lo tanto no lo podemos permitir. Para su autorización tenemos que hacer ensayos y pruebas durante dos años", sentenció Miguel Lovera, presidente del SENAVE.
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La polémica se refiere a la posible contaminación de las variedades locales, base de la alimentación y de la producción del pequeño agricultor, en un país 45 por ciento rural.
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"El potencial de contaminación del transgénico con las variedades locales es alto por la forma profusa de producir polen de las plantas de maíz y por la condición del maíz de polinizarse cruzadamente", explicó Lovera.
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Por otra parte, los productores están presionando para que se hagan pruebas en las variedades RR (resistente a un herbicida) y BT (resistente a los insectos) desarrolladas por las multinacionales. Para ellos, estas variedades ofrecen una mayor productividad por hectárea.
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"Pedimos que se libere, como lo han hecho Argentina y Brasil, para producir más para el país, exportar más", aseguró Diedrich Hildebrand de la Asociación Aproagro en la región de Caaguazú.
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A saber de los campesinos lo que el gobierno quiere evitar es lo que pasó con el cultivo de soja transgénica.
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Porque de acuerdo con los expertos y las asociaciones de agricultores, el crecimiento de la soja transgénica ha sido acompañada por una "degradación de la tierra" y la "expulsión" de los pequeños agricultores del país, donde se estima que el 80 por ciento de las tierras está en manos del 2 por ciento de la población.
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El pequeño agricultor, quien prueba suerte plantando soja RR, es a menudo obligado a vender su parcela.
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"Es una cadena productiva que controlan las empresas multinacionales. Dan la semilla a crédito, la mecanización para la preparacion del suelo, los insumos para el control de plagas, malezas y enfermedades con los herbicidas, la mecanización para la cosecha, y luego comercializan. Se cobran todo lo invertido en este proceso", explicó Daniel Campos, de la Sociedad de Estudios Rurales (SER).
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"La tierra se va concentrando cada día más en manos de unas pocas personas", constató el dirigente campesino Jorge Galeano.
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El resultado de esto es, según Galeano, que cada vez más los pequeños agricultores emigran a las ciudades o se suman a los batallones de las 100 mil familias sin tierra.
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