Les dan el perdón a 23 guerrilleros
Los rebeldes izquierdistas indultados estaban condenados por el delito de rebelión, que consiste en la pertenencia a un grupo armado ilegal, en este caso las FARC.
"En el día de hoy suscribimos 23 indultos. Estas personas han sido indultadas por el delito de rebelión y podrán ingresar al programa gubernamental de reinserción. Se separan de cualquier posibilidad de seguir en la lucha armada y esperamos su reincorporación a la vida civil", anunció el ministro del Interior, Sabas Pretelt.
La entrega de estos indultos fue sugerida al gobierno por un grupo de congresistas que busca fórmulas para ayudar a alcanzar un acuerdo entre las partes.
"Esperamos que este acto de paz del gobierno nos ayude a tener muy pronto con nosotros a las personas que sufren injustamente el secuestro", dijo el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, en el Palacio Presidencial.
Fabiola Perdomo, vocera de los familiares de 12 diputados provinciales secuestrados por las FARC, espera que el gesto del gobierno sirva para que la guerrilla sea más flexible en sus posiciones.
"Es una señal positiva que muestra que el gobierno tiene voluntad política de hacer un acuerdo humanitario. Esperamos que las FARC también tomen la iniciativa de realizar gestos unilaterales", dijo Perdomo.
La principal guerrilla del país mantiene secuestrados a una veintena de políticos, a una treintena de miembros de la fuerza pública y a tres contratistas civiles estadounidenses, a quienes propone liberar, a cambio de la excarcelación de centenares de rebeldes.
El gobierno ha expresado su disposición a liberar a algunos rebeldes en el marco de un acuerdo humanitario, siempre y cuando estos guerrilleros no vuelvan a delinquir, no hayan sido condenados por delitos atroces y se acojan a un programa de reinserción.
Ese plan fue creado para facilitar la desmovilización individual de integrantes de grupos guerrilleros y de paramilitares, que han perdido por deserción o desarticulación negociada 7,584 miembros desde agosto de 2002, cuando Uribe asumió el poder.
Pero las FARC insisten que la negociación del acuerdo humanitario debe hacerse en una zona desmilitarizada, que comprende dos municipios de sur del país donde hoy las fuerzas militares adelantan la ofensiva conocida como "Plan Patriota".
Además, la guerrilla exige que sus combatientes eventualmente liberados vuelvan a reintegrarse a la lucha armada contra el Estado, que lleva cuatro décadas.
La negativa del gobierno a crear una zona desmilitarizada se ha convertido en la piedra de tope para un eventual acuerdo.
Uribe, que ha venido flexibilizando su postura sobre el acuerdo humanitario, incluso propuso a las FARC negociar los términos de un acuerdo en la sede de la Nunciatura en Bogotá. Pero la guerrilla rechazó esa propuesta que contaba con el respaldo de las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y de los familiares de los secuestrados.