Jefe paramilitar se entregó en Colombia
Murillo, conocido como "Don Berna" o "Adolfo Paz", que era objeto de una intensa persecución, reapareció en la "zona de ubicación" en la que se efectúan las negociaciones de paz entre el Gobierno y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde hace más de dos años.
El martes pasado el Ejecutivo le excluyó del proceso de paz y ordenó perseguirle, luego de que un fiscal le acusara de haber ordenado el asesinato de Orlando Benítez, diputado de la asamblea regional de Córdoba, una hermana de éste y su chófer.
El crimen se registró el 10 de abril último en una carretera cercana a la "zona de ubicación" de Santa Fe de Ralito (Córdoba, 800 kilómetros al noroeste de Bogotá).
Ese mismo día el Gobierno del presidente Alvaro Uribe subrayó que "el proceso de paz y la zona de ubicación no pueden servir de paraíso de impunidad" y agregó que el crimen que se atribuye a Murillo "constituye una violación" del "cese de hostilidades que el Gobierno no puede permitir".
El alto comisionado presidencial para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y la misión verificadora de la Organización de Estados Americanos (OEA), gestionaban la entrega de "Don Berna", mientras miles de efectivos de la Policía le buscaban.
Además, el Gobierno ofreció una recompensa de 1.2 millones de dólares a quien ayudara a detener al prófugo y la Policía detuvo a treinta personas de su organización.
"Don Berna", un antiguo narcotraficante que controla sectores marginales de Medellín, figuraba en el organigrama de las AUC como "inspector general" y participaba en la mesa de diálogos.
Las AUC advirtieron de que "Don Berna" no se entregaría, si bien garantizaron que seguirán en el proceso de paz.
El alto comisionado y el jefe de la misión verificadora de la OEA, el argentino Sergio Caramagna, y el portavoz principal de las AUC en las negociaciones, Iván Roberto Duque, alias "Ernesto Báez", viajaron a reunirse con "Don Berna" en algún lugar de Córdoba.
Después se trasladaron con "Don Berna" a la sede de la misión de la OEA, donde el líder paramilitar era esperado por una comisión judicial.
Mientras tanto, el alto comisionado Restrepo anunció que las AUC reanudarán la desmovilización colectiva de sus bloques y que "Don Berna" se comprometió "a desmovilizar de manera inmediata la totalidad de estructuras que operan bajo su mando".
El Ejecutivo precisó que "en su condición de desmovilizado", Murillo "permanecerá en un sitio definido por el Gobierno" y bajo el cuidado de guardianes oficiales.
Uno de los frentes que se desmovilizará será el Central Bolívar, dirigido por Javier Montañez; y también se anunció que lo hará Vicente Castaño Gil, hermano de Carlos Castaño, uno de los máximos líderes de las AUC, que está desaparecido desde hace un año luego de un atentado.
La AUC, con más de dos décadas de lucha contra las guerrillas izquierdistas y al menos 17 mil integrantes, están acusadas de graves violaciones de los derechos humanos.
Desde diciembre de 2003 se han entregado en distintas fechas y zonas del país unos 5.000 rebeldes, según los preacuerdos de la mesa de negociaciones, en la que se acordó disolver todos los frentes paramilitares antes de 2006.
Sin embargo, entidades nacionales e internacionales han denunciado más de 1,600 violaciones del alto el fuego.
Con la entrega de "Don Berna", el controvertido proceso de paz logró pasar un escollo más de los que ha sufrido desde comienzos de 2003.
Pero deberá superar el escepticismo dentro y fuera del país a la propuesta legislativa de justicia y reparación, que pretende que los crímenes de los paramilitares no queden impunes pero da bandazos en el Congreso.
Diego Fernando Murillo es un importante y temible jefe paramilitar que lleva el signo del narcotráfico y sobrevivió a una guerra con el extinto capo Pablo Escobar.
De 43 años, estatura media y rostro adusto, Murillo es conocido con apelativos como 'Don Berna' o 'Adolfo Paz', pero para algunos el que mejor lo describe es el de "El exterminador', con el que lo rotularon medios de prensa que investigaron su pasado criminal.
Murillo, quien se queja de ese calificativo, admite sin embargo que ha cometido "equivocaciones" cuando los periodistas lo interrogan por las masacres con motosierra y otros crímenes de lesa humanidad atribuidos a los paramilitares en sus 20 años de lucha contra las guerrillas izquierdistas.
"No pagaré un solo día de cárcel", había advertido este hombre obeso y de bigote negro, quien está procesado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, y era buscado por el homicidio de un diputado provincial y otras dos personas, en abril pasado.
Jefe de una facción que opera en la costa Pacífica, por donde según las autoridades los paramilitares y la guerrilla sacan toneladas de cocaína, 'Don Berna' está signado por el narcotráfico, un mundo en el que estuvo sumergido en los años ochenta y parte de los noventa.
De esa época le queda, entre otras cosas, el ser reconocido como uno de los pocos sobrevivientes a una guerra que libró con el cártel de Medellín como miembro de una banda autodenominada 'Los Pepes' (Perseguidos por Pablo Escobar).
Pese a ello, es enfático en negar que sea un narcotraficante o que haya comprado una franquicia a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y sostiene que solamente fue conductor y escolta de dos traficantes a los que Escobar declaró la guerra a fines de los ochenta.
Más aún, asegura haber colaborado con las autoridades como informante en el operativo que concluyó con la muerte del capo en diciembre de 1993.
Murillo dice que se vinculó a la "lucha antisubversiva" luego de una reunión en Miami con otros jefes paramilitares y de asistir al Mundial de Fútbol de 1994, y afirma que quedó cojo en un combate contra rebeldes del Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL).
'Don Berna' se entregó a las autoridades tras un gigantesco operativo de la policía para dar con su paradero, luego de que el presidente Alvaro Uribe ordenara su captura, tras ser sindicado por la Fiscalía de ordenar la muerte de un político en el norte del país, en abril pasado.
La entrega de Murillo, quien funge como 'inspector nacional de las AUC, se hizo posible luego de que el gobierno se comprometiera a brindarle garantías judiciales y de seguridad.