Crisis entre Venezuela y Colombia sigue
Un intercambio de mensajes dejó en evidencia las enormes diferencias entre los dos gobiernos por el caso del guerrillero Rodrigo Granda, a quien las autoridades colombianas dicen haber capturado el 13 de diciembre en Cúcuta.
Sin embargo, investigaciones de autoridades venezolanas determinaron que Granda -un ideólogo encargado de las relaciones internacionales de las FARC- fue secuestrado en Caracas y llevado a Cúcuta para su captura. El gobierno colombiano reconoció el pago de recompensa para permitir la misma.
Mientras los gremios económicos piden una rápida solución para no perjudicar un comercio que el año pasado superó los 2,500 millones de dólares, el canciller peruano, Manuel Rodríguez, se reunió en Caracas con su homólogo Alí Rodríguez y lo hará con la ministra Carolina Barco en Bogotá, en busca de propiciar un diálogo entre los dos gobiernos.
"Estamos contribuyendo a solventar esa situación. Queremos diálogo entre los países, nada más", señaló el canciller peruano en rueda de prensa en Caracas.
Desde Brasilia, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva -quien tiene sendos encuentros previstos para los próximos días con Uribe y Chávez, dijo que su país está "dispuesto a ayudar" a resolver la crisis entre Colombia y Venezuela si alguno de estos dos países se lo pide, según su portavoz, André Singer.
Una fuente de la Casa de Nariño informó que Granda estaba incluido en el listado de la Interpol desde enero de 2004 luego de que la oficina de Interpol en Colombia expidió un documento alertando sobre la presencia de éste y otros miembros de las FARC en el exterior.
Según la fuente, si bien Granda no tenía orden de captura, si estaba incluido en el listado porque "se tiene información que lo relaciona con actividades ilícitas" y por "ser contacto entre los grupos terroristas FARC y ETA".
El gobierno de Hugo Chávez ha dicho que nunca informó sobre la presencia de Granda en su territorio porque éste no era requerido por la Interpol.
"Si el señor Granda era requerido por las autoridades colombianas, éstas estaban obligadas a aplicar los procedimientos previstos en los acuerdos entre nuestros países. Para el 13 de diciembre de 2004, fecha del secuestro del señor Granda, Interpol no había recibido ninguna solicitud por parte del gobierno de Colombia", aseguró un comunicado de la víspera de la cancillería venezolana.
El viernes pasado el conflicto entró en su fase más radical cuando el presidente Hugo Chávez anunció la suspensión de negocios con Colombia y el retiro de su embajador en Bogotá hasta tanto el presidente Alvaro Uribe no se excusara por el caso.
Tanto Chávez como el canciller Alí Rodríguez insistieron en que el gobierno colombiano cometió un delito al "secuestrar" al ciudadano y sobornar a miembros de la Policía venezolana para ejecutar la acción.
El gobierno colombiano, lejos de excusarse, justificó la acción dentro de su lucha contra el terrorismo, y emitió un comunicado en que señala que "paga recompensas y no sobornos" y en el que afirma tener pruebas de que funcionarios en Caracas protegían a Granda.
Tanto en Bogotá como en Caracas analistas y políticos coincidieron en que el conflicto se ha escalado e instaron a los dos gobiernos a utilizar los canales diplomáticos para resolverlo.
El ex presidente colombiano Alfonso López Michelsen señaló que "se han invertido las posiciones. Generalmente para formular un juicio, se establecen los hechos y después se allegan las opiniones. En este caso primero se discuten las opiniones y luego se comienzan a establecer los hechos".
En Caracas, el ex ministro de Defensa venezolano general Fernando Ochoa Antich dijo que se trata de "una situación bastante delicada" pero "no es la peor crisis" que se ha vivido en la relación bilateral.
Para el ex ministro, ninguno de los dos gobiernos tiene la razón en el tema. "Colombia no puede establecer como política el buscar detener guerrilleros en otros países a través de esa política de entregar recompensa", concluyó.
El presidente colombiano, Alvaro Uribe, tiene la razón en la crisis diplomática del país con Venezuela, según resultados de una encuesta divulgada en Bogotá.
El 57.4 por ciento de los entrevistados considera que la razón en el profundo distanciamiento colombiano-venezolano está del lado de Uribe, contra el 11.3 por ciento, que se la otorga al gobernante de la nación vecina, Hugo Chávez.
El otro 31.3 por ciento dice no saber o se abstuvo de responder a si "en la crisis entre Colombia y Venezuela quién tiene la razón, el presidente Alvaro Uribe o el presidente Hugo Chávez", que fue la pregunta formulada por los encuestadores.
Con un margen de error del 4 por ciento, el sondeo fue realizado por la firma Yanhaas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga que en su orden son los cinco primeros centros urbanos del país.
La casa encuestadora entrevistó a 600 personas, mayores de 18 años, por encargo de la cadena bogotana "RCN".
La crisis entre Colombia y Venezuela fue desatada por la captura del guerrillero Rodrigo Granda, que conformaba la llamada Comisión Internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En tanto el Gobierno de Uribe insiste en que Granda fue detenido el 15 de diciembre pasado en la ciudad fronteriza de Cúcuta, mediante el pago de una recompensa, el Ejecutivo de Chávez asegura que se trató de un secuestro cometido en Caracas por efectivos de ambos países, que en el caso del suyo fueron sobornados.
El distanciamiento se profundizó el viernes pasado, cuando el presidente venezolano suspendió los acuerdos e intercambio comerciales y ordenó la permanencia en Caracas de su representante en Bogotá, el embajador Carlos Rodolfo Santiago.
Chávez supeditó la normalización en las relaciones a una disculpa y una rectificación pública por parte de Uribe, que no las ha ofrecido y se ha mantenido en su postura.