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Colombia acatará fallo internacional

Colombia acatará fallo internacional

El fallo implica el pago de una indemnización de 6.5 millones de dólares a las familias de 19 comerciantes asesinados por un grupo paramilitar.

"Fue una masacre registrada en el año 1987 y nosotros somos un país de leyes que respeta las decisiones de las cortes", dijo Uribe en una breve conferencia de prensa.

Agregó que con sus ministros va a revisar el fallo para determinar todas las responsabilidades que tiene que asumir el Estado, entre las cuales figuran la reapertura de la investigación para sancionar a todos los responsables, buscar los restos de las víctimas, aceptar la responsabilidad en un acto público de desagravio y erigir un monumento a las víctimas.

Según el fallo, cuyos extractos publica el diario El Tiempo, el gobierno también debe pagar 10 mil dólares a la Comisión Colombiana de Juristas y otros 3 mil al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organismos no gubernamentales que adelantaron investigaciones para evitar que el caso quedara impune.

La matanza se registró el 6 de octubre de 1987 cerca del municipio de Puerto Boyacá, al norte de Bogotá, y según el fallo de la Corte con sede en Costa Rica, fue ejecutada por paramilitares que utilizaban como fachada la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio.

El múltiple crimen fue investigado por la justicia ordinaria que condenó a cinco de los autores materiales. Dos de los autores intelectuales murieron y por ello cesó la acción penal.

La justicia penal militar también investigó a cuatro oficiales del ejército, incluyendo al general Farouk Yanine Díaz, jefe militar de la zona en la época, pero todos fueron exonerados en 1998 por falta de pruebas de supuestas conexiones con el grupo paramilitar.

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El fallo de la Corte dice que las investigaciones no fueron "satisfactorias", pues 17 años después de registrados los hechos, hay autores que no fueron condenados por la justicia ordinaria, mientras consideró que la justicia militar no era competente para investigar a los militares.

La responsabilidad del Estado se deriva de la promulgación de un decreto, vigente en el momento de la masacre, que permitía al Ministerio de Defensa autorizar a grupos de autodefensa el uso privado de armas reservadas para las fuerzas armadas.

La Corte, un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos, ya había proferido anteriormente otras dos condenas similares contra el Estado colombiano.

En 1994 fue condenado por la desaparición de dos personas y en 2002 por el fusilamiento de siete campesinos a manos de policías en la zona selvática del Putumayo, al suroccidente del país.

En tanto, cinco presuntos paramilitares muertos y 23 personas rescatadas fue el saldo de una operación militar realizada en la zona rural del municipio de La Paz (880 km al noreste de Bogotá), en el norteño departamento colombiano de Cesar, reveló una fuente oficial.

El coronel Néstor Raúl Espitia, jefe de un comando operativo que actúa en la región, dijo que las 23 personas rescatadas, de quienes no se conocen mayores detalles, fueron encontradas maniatadas y amordazadas.

Según el oficial, los plagiados habían sido llevados a una zona escarpada y de difícil acceso, en inmediaciones de la Serranía de Perijá, en límites con Venezuela.

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