Bolivia: Nacionalizan hidrocarburos
En un acto público en el campo de gas y petróleo San Alberto, 700 kilómetros al sureste de La Paz, Morales firmó el decreto 28,701 que reclama a las petroleras adecuar sus operaciones en Bolivia al nuevo proceso, y advirtió que si lo rechazan deberán abandonar el país en 180 días.
"Llegó la hora, el día esperado, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos naturales", dijo Morales desde San Alberto, campo que administra la brasileña Petrobras, y que tiene también por socias a la firma española Repsol YPF y a la francesa Total.
La nacionalización de Morales no implica en lo inmediato la expulsión de las empresas privadas, pero las obliga, además de entregar toda su producción, a reconocer al estado una mayor participación en la distribución de los beneficios y la venta obligada de parte de sus acciones para que se haga con el "50 por ciento más uno" en varias de las más importantes.
Morales señaló que en las empresas conformadas tras la privatización de los hidrocarburos hace una década, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deberá tener ahora mayoría absoluta.
El proceso afecta a Andina S.A, filial de Repsol; Chaco S.A., que es controlada por la británica British Petroleum; a Transredes, cuyo mayor paquete accionario pertenece a la anglo holandesa Shell y a un consorcio estadounidense que reemplaza a la quebrada Enron; y también a Petrobras.
Las tres primeras empresas resultaron de la privatización de YPFB, y se constituyeron sobre la base de que las inversionistas que privatizaron tendrían el 50 por ciento de las acciones, mientras que el pueblo boliviano, no el estado, y los trabajadores de YPFB detentarían el otro 50 por ciento.
El caso más llamativo parece el de Petrobras, pues la empresa no intervino en la privatización de los 90.
Morales señaló que las empresas deben vender a YPFB "las acciones necesarias" para que la estatal tome el "50 por ciento más uno" en esos consorcios.
Indicó que las acciones de los bolivianos, administradas por las dos administradoras de fondos privados de pensiones que operan en el país: Futuro, de la suiza Zurich Financial Service, y Previsión, del español Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), deben pasar a YPFB "a título gratuito".
"Se acabó el saqueo de las empresas extranjeras", dijo Morales tras la firma del decreto, que da a YPFB el control pleno sobre la explotación, almacenaje, comercialización, distribución, exportación e industrialización de los hidrocarburos.
Indicó que YPFB tendrá la "propiedad, posesión y el control total y absoluto" de los hidrocarburos sobre la base de lo previsto en la constitución, donde se señala que el dominio de esos recursos es "inalienable" para el estado.
Mencionó que cumple así su promesa electoral, con la que ganó las elecciones del 18 de diciembre, de proceder a la "nacionalización sin indemnización" y que de esa manera atiende los resultados del referéndum de julio de 2004, que dio un amplio apoyo a la nacionalización.
Morales señaló, además, que las empresas que en 2005 hayan producido volúmenes iguales o superiores a los 100 millones de pies cúbicos diarios sólo se beneficiarán con el 18% de la producción, el resto irá a las arcas del estado.
Indicó que las que hubieran producido menos, se mantendrán "transitoriamente" bajo el actual esquema, que consiste en el reconocimiento de regalías para el estado de 18% y el pago de un Impuesto Directo a los Hidrocarburos de 32%.
Morales aseguró el normal abastecimiento de combustibles y señaló que el gobierno iniciará de inmediato negociaciones con las petroleras para que acepten la nueva política, bajo el criterio de que si no lo hacen deberán abandonar el país en seis meses.
En el lugar, durante la lectura del decreto, un militar subió a una zona alta de las modernas instalaciones y ahí desplegó una bandera boliviana. En otro sector de ellas, también desde lo alto, se extendió una pancarta que dice "nacionalizado".
Sobre YPFB, que tras la privatización parcial, que en Bolivia se llamó "capitalización", se convirtió en un organismo meramente administrativo, Morales dijo que deberá ser refundada en un máximo de 60 días, para volver a tutelar la industria hidrocarburífera.
Morales también dijo que la capitalización había sido "una traición a la patria" y adelantó que sus responsables serán enjuiciados por esa causa.
El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) fue quien ejecutó en su primer mandato la capitalización. En 2003, se vio obligado a renunciar tras una revuelta popular contra planes privados de exportación de gas que dejó 60 muertos.
Al final del acto, la multitud presente entonó el himno boliviano, para lo cual el vocero presidencial Alex Contreras pidió a los presentes que se sacaran el casco blanco de YPFB que llevaba puesto. Pero Morales se resistió a hacerlo y pidió a su colaborador: "Jefe, con el casco puesto".
Como reacción ante la decisión de Morales, tropas del ejército tomaron bajo su control los campos petroleros bolivianos, informó un comunicado del Comando General del Ejército.
La medida "busca asegurar el funcionamiento de las estructuras de producción para garantizar el normal aprovisionamiento de energéticos para el cumplimiento tanto de compromisos internacionales como el abastecimiento del mercado interno", señaló el documento.
Las Fuerzas Armadas tomaron el control de los megacampos con su 'Batallón de Ingeniería', según el reporte.
El documento castrense calificó a determinación del gobierno de nacionalizar los recursos energéticos como "una nacionalización inteligente, lo que supone llevará a las petroleras a una negociación bajo términos de equidad y justicia".
