La represa de Belo Monte se construye en el río Xingú, estado de Pará. Una vez finalizado el proyecto, la obra se convertirá en la segunda mayor hidroeléctrica de Brasil, después Itaipú, y la tercera del mundo detrás de Tres Gargantas, en China.
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El proyecto será levantado a un costo de $3 mil millones, más otros $2,500 millones por la línea de transmisión. Pero para erigirla el gobierno de Brasil ordenó la expulsión o evacuación de la tribu Kayapó, un pueblo indígena de la región amazónica del Mato Grosso que vive ahí desde siempre.
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Desde que fue autorizado el proyecto, se levantó una férrea oposición dentro y fuera de Brasil. El jefe indio Raoni la encabeza, y se sumaron personajes tales como el cantante Sting y el director de cine James Cameron.
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Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, entre ellas Survival International, han advertido que la represa de Belo Monte anegará una extensa área de tierra, desecaría partes del río Xingú, destruiría la selva y reduciría las reservas de peces imprescindibles para la supervivencia de distintos pueblos indígenas de la zona, como los kayapó, arara, juruna, araweté, xikrin, asurini y parakanã, explica el diccionario Wikipedia.
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Las denuncias añaden que para ser viable, Belo Monte necesitaría de otras represas aguas arriba para garantizar un año de flujo circulante de agua, lo que significaría la inundación de más bosques, y más daños a la selva del Amazonas.
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Otro temor es que la llegada de trabajadores a una zona virgen amenaza con introducir violencia y contagiar enfermedades a los pueblos indígenas, entre ellos la tribu Kayapó, propietarios legítimos de una tierra heredada de sus ancestros.
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Pese a los esfuerzos, nada detiene la construcción de Belo Monte. El último intento desesperado de freno ocurrió en octubre, cuando el consorcio encargado de las obras se vio obligado a suspender nuevamente la construcción del proyecto tras una invasión de cerca de un centenar de indígenas.
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Según explicó el grupo Norte Energía, que se adjudicó el contrato para la construcción y operación de la que debe ser la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, las obras fueron suspendidas por motivos de seguridad tras la ocupación por parte de unos 80 indígenas y pescadores del área en que fue construida una pequeña presa provisional para desviar las aguas del río Xingú.
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La ONG Amazon Watch, contraria al proyecto, dijo en una nota que "los manifestantes indígenas se apoderaron de las llaves de los camiones y tractores y obligaron a los trabajadores a abandonar a pie el campo estratégico de trabajo Pimental".
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Agregó que la ocupación fue promovida por 120 indios y pescadores que amenazan con permanecer en el lugar hasta que los responsables por la construcción cumplan los compromisos que asumieron para mitigar los daños ambientales generados por la hidroeléctrica.
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Amazon Watch aseguró que la ocupación es fruto de una "alianza sin precedentes de pescadores y pueblos indígenas amazónicos" como los Xipaya, Kuruaia, Parakana, Arara, Juruna, y Assurini y resaltó "el incumplimiento de la mayoría de los condiciones legales relativas a la construcción de la presa, la falta total de diálogo con los pescadores locales y la amenaza inminente de inundación a gran escala de áreas próximas a la ciudad de Altamira".
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Belo Monte, cuyas obras también han sido paralizadas en otras ocasiones por decisiones judiciales, comenzó a ser construida en marzo de 2011 en la localidad de Altamira, en el estado norteño de Pará y ha despertado la ira de tribus indígenas y grupos ecologistas que alegan que la obra tendrá un impacto irreversible en la Amazonía.
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Los indígenas kayapó y otros pueblos indígenas de la zona llevan protestando contra el proyecto de la presa desde que su construcción se propuso, inicialmente en los años ochenta.
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En una carta dirigida al presidente Lula da Silva (2003-2011), los kayapó declararon: “No queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que nosotros hemos cuidado durante milenios, y que aún podemos preservar”.
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Los indígenas afirman que se opondrán a la presa por todos los medios y que, si la construcción prosigue, el río Xingú se convertirá en un río de sangre.
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Cuando arrancó el proyecto, Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre, denunció: "Es una obra criminal, que significa la destrucción ambiental de una gran área de selva, que afectará la vida de decenas de miles, y que secará el río para cinco aldeas indígenas que perderán la supervivencia de su alimentación".
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, pidió a Brasil que suspenda la construcción y que consulte a los pueblos indígenas afectados por las obras. La petición no fue escuchada.
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"No queremos perder nuestra cultura. El Brasil es nuestro, no se puede arruinar, acabar con la naturaleza", declaró a la prensa el cacique Kunue Kalapado, según la traducción de su hija Kuné, de la aldea guaraní Tenonde Pora.
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"Estamos muy preocupados porque la primera aldea que afectaría (la inundación) sería la nuestra", que se encuentra en el alto río Xingú, afirmó Kuné Kalapado a un periodista de la Agencia Francesa de Noticias (AFP).
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Pese a las preocupaciones y las protestas, la evacuación de la tribu Kayapó, ordenada por el gobierno brasileño, comenzó. Y con ella de desató el llanto de un pueblo que nació en mitad de la selva y no tiene otro hogar en el mundo más que el silencio y los misterios del amazonas.
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El gobierno de Brasilia no aceptó más de 600 mil firmas que fueron recogidas para detener las obras. Los firmantes imploran preservar la selva y resguardarla como patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, dijeron ambientalistas, “la pena de muerte fue decretada para la selva y la gente de la gran curva del río Xingú”.
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Indígenas y protectores del medio ambiente dicen que la pena de muerte fue decretada por gente realmente perversa, por tecnócratas maniáticos pero poderosos y los “inversores” de siempre, ávidos de negocios y ganancias.
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Unos y otros se amparan en la "legitimidad" y el "derecho" que les brinda un tramposo sistema político economista y pseudodemocrático que decidió por todos los habitantes del Planeta (humanos y no humanos) que la máquina vale más que la vida, agregan.
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Pena de muerte o declaración de guerra a la Biodiversidad y al Planeta Viviente, en la que ya no es posible para nosotros mirar para otro lado o permanecer como meros espectadores pasivos, sino que debemos decidir sin hipocresía en cuál de los dos frentes estamos ubicados, subrayaron.
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Belo Monte inundará 400 mil hectáreas de valioso bosque nativo, un área que es más grande que el Canal de Panamá. Y unas 40 mil personas de las comunidades indígenas y locales, y el hábitat de numerosas especies animales y vegetales serán destruidos para siempre.
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Belo Monte, temen los ambientalistas y los indígenas brasileños, lleva hacia el abismo de la fractura gaiana, hacia la muerte planetaria, hacia la carbonización de la atmósfera (como la de Venus y Marte, dos planetas muertos con una atmósfera de más del 90% de dióxido de carbono), así como a un calentamiento global que pondrá a la vida orgánica contra las cuerdas.
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No se puede llamar "progreso" a la destrucción del mundo, puntualizan. La historia de la tribu kayapó debe ir por el mundo y tal vez provocar una reflexión. Una reflexión profunda, ponderante, fecunda. Lejos de la marcha despiadada de la sociedad capitalista y tecnocrática "siempre justificándose impunemente a sí misma-, hacia seres humanos auténticos, nobles, responsables…
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La tribu Kayapó y los U’wa de Colombia son ganadores del Premio Príncipe de Asturias por tener un entorno maravilloso, por su cuidado de la Tierra, por su respeto al ecosistema, por ser guardianes del Planeta para las generaciones futuras.
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Belo Monte está a punto de acabar con una de las historias más bellas de la vida humana.
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Durante una reciente visita a Paris, Francia, el jefe indígena Raoni Metuktire, de visita en París, donde fue recibido por el presidente de Francia, François Hollande, dijo que la construcción de Belo Monte "es una falta de respeto a nuestra tierra, a nuestro río Xingú".
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Raoni también denunció la deforestación que está sufriendo el territorio de su pueblo y pidió ayuda a los Gobiernos europeos para delimitar las tierras donde nació y donde están enterrados sus padres.
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Greenpeace y Los Amigos de la Tierra advierten que "las represas hidráulicas no son una energía verde, ya que producen al menos el 4 % de las emisiones mundiales de gas".
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