Alejandra Soto, vocera de Planned Parenthood, asegura que con este tipo de legislaciones los gobernadores están “diciéndole a las personas que su salud no es lo más importante para ellos”. De acuerdo con Soto, estas leyes afectan sobre todo a aquellas mujeres que no tienen los recursos económicos para poder acceder al aborto en otros estados obligándolas a “cargas con embarazos en contra de su voluntad”.
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