Un hombre de California fue sentenciado a 30 años de prisión federal por orquestar un esquema de fraude contra Medi-Cal, el programa de Medicaid del estado, al presentar reclamaciones falsas por casi $270 millones en medicamentos recetados durante menos de un año.
Hombre de California recibe 30 años de prisión por fraude de 270 millones de dólares a Medi-Cal
Paul Richard Randall convirtió medicamentos genéricos y hasta una vitamina de venta libre en recetas que llegaron a facturarse por miles de dólares al programa de salud
Paul Richard Randall, de 67 años y residente de Orange, California, deberá pagar además $178.7 millones en indemnización, correspondiente al dinero que Medi-Cal llegó a pagar como parte del fraude.
El Departamento de Justicia calificó la sentencia como una de las condenas más severas por fraude al sistema de salud en la historia del Distrito Central de California.
El caso involucró medicamentos genéricos de alto reembolso que, según los fiscales, eran médicamente innecesarios y en muchos casos ni siquiera llegaban a los pacientes.
Medicamentos genéricos llegaron a facturarse por miles de dólares
Según documentos judiciales, Randall y sus cómplices aprovecharon un cambio temporal en el sistema de reembolsos de Medi-Cal.
Durante la transición a un nuevo sistema de pago, el programa suspendió temporalmente el requisito de autorización previa que normalmente debían obtener los proveedores antes de dispensar determinados medicamentos.
Randall utilizó la empresa Monte Vista Pharmacy para presentar decenas de millones de dólares en reclamaciones cada mes.
Entre los productos estaban cremas para el dolor y tabletas de Folite, una vitamina de venta libre.
Los fiscales señalaron que algunos medicamentos genéricos llegaron a facturarse por miles de dólares.
En un caso citado por el Departamento de Justicia, una receta de meloxicam de 5 miligramos fue cobrada a Medi-Cal por aproximadamente $13,424, aunque un suministro de 30 días del mismo medicamento genérico normalmente cuesta entre $5 y $25 en dosis mayores.
Estos medicamentos, que bajo el sistema anterior habrían requerido autorización previa, fueron utilizados para generar reembolsos elevados.
“Paul Randall se aprovechó de un cambio temporal en el sistema de reembolso de medicamentos recetados de Medi-Cal para robar millones de dólares de los contribuyentes”, declaró Colin M. McDonald, fiscal general adjunto de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia.
Recetas firmadas sin que los pacientes fueran evaluados
Para hacer funcionar el esquema, Randall pagó sobornos a promotores de pacientes a cambio de información de beneficiarios de Medi-Cal.
También pagó a Patricia Anderson, una enfermera especializada de 59 años de West Hills, para que firmara recetas de los medicamentos.
De acuerdo con los documentos judiciales, Anderson nunca conoció a los pacientes ni revisó sus historiales médicos antes de firmar las recetas y tampoco determinó si los medicamentos eran necesarios.
Los investigadores sostienen que parte de las ganancias obtenidas ilegalmente fue transferida a un tercero que utilizó el dinero para pagar cientos de miles de dólares en sobornos a Anderson.
El esquema se desarrolló entre mayo de 2022 y abril de 2023. Durante ese periodo, Randall provocó que se presentaran reclamaciones fraudulentas por al menos $269.1 millones, de las cuales Medi-Cal pagó aproximadamente $178.7 millones.
Además, Randall cometió el fraude mientras se encontraba en libertad condicional por otro caso penal relacionado con evasión fiscal.
El gobierno incauta más de $126 millones
Randall se declaró culpable en abril de 2026 de un cargo de fraude electrónico.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, aceptó entregar bienes obtenidos mediante el fraude, incluidos fondos bancarios, vehículos, propiedades inmobiliarias y objetos de colección deportivos.
Hasta ahora, el gobierno ha incautado aproximadamente $126.5 millones en activos relacionados con el esquema.
La cantidad incluye alrededor de $111 millones en fondos bancarios y valores, nueve vehículos de lujo con un valor aproximado de $1 millón, nueve propiedades inmobiliarias de lujo valuadas en unos $13.5 millones y más de $1 millón en objetos de colección deportivos.
“Este caso pone al descubierto una avaricia desenfrenada a costa de los pacientes y los contribuyentes”, declaró Miranda L. Bennett, subinspectora general interina de Investigaciones de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.








