En una decisión sin firmar emitida este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a reanudar de inmediato la construcción del muro fronterizo y la infraestructura vial asociada en la región de Big Bend, ubicada en el oeste de Texas.
La Corte Suprema autoriza a la administración Trump a reanudar la construcción del muro fronterizo en Big Bend
La Corte levantó una orden judicial cautelar, permitiendo que las obras continúen en el oeste de Texas mientras prosigue el litigio. Organizaciones ambientalistas y locales advierten sobre un impacto irreversible en el Parque Nacional.
Video Pueblos indígenas protestan en San Antonio contra el muro en el Parque Nacional Big Bend
La resolución del máximo tribunal deja sin efecto la medida cautelar ordenada por la jueza federal de distrito Kathleen Cardone, quien había paralizado temporalmente los trabajos tras determinar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se extralimitó en sus funciones al emitir exenciones normativas.
Argumentos de seguridad frente a impacto ambiental
La Corte Suprema justificó el fallo señalando que la suspensión impuesta por el tribunal inferior retrasaba las obras e "impedía al Gobierno promover sus intereses imperiosos en materia de seguridad e integridad fronteriza". En la misma línea, el procurador general D. John Sauer advirtió que detener el proyecto dejaba vulnerable una cuarta parte de la frontera sur ante incursiones de cárteles, narcotráfico y cruces ilegales, advirtiendo además sobre daños operativos y costos irreversibles.
Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson expresó su disconformidad con el fallo e indicó que habría denegado la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia.
Los demandantes —una coalición formada por una organización ambientalista sin fines de lucro, un guía de excursiones fluviales y un grupo religioso— señalaron que la entrada de maquinaria pesada alterará de forma permanente un entorno natural único que comprende el Parque Nacional Big Bend, el Parque Estatal Big Bend Ranch y cerca de 320 kilómetros del corredor del río Grande.
Exenciones legales y controversia territorial
La reactivación del proyecto busca acelerar la construcción de muros de bolardos de nueve metros de altura. Para evitar los trámites de impacto ambiental y preservación histórica, el DHS invocó una ley federal de inmigración de 1996 que faculta al secretario de la dependencia —cargo ocupado sucesivamente por Kristi Noem y Markwayne Mullin— a eximir al ejecutivo de dichos requisitos legales para garantizar una edificación expedita.
El proyecto ha generado rechazo en diversos sectores de Texas, incluyendo legisladores republicanos y demócratas, ganaderos y fuerzas del orden locales, especialmente tras la llegada de excavadoras a la zona en agosto.
El debate sobre el flujo migratorio
La viabilidad del muro en Big Bend mantiene enfrentadas a las partes respecto a la necesidad real de la barrera:
- Posición del Gobierno: Sostiene que entre 2021 y 2025 los agentes fronterizos detuvieron a más de 89,000 personas en el sector, calificándolo como una zona de alto tránsito ilegal.
- Argumento de los demandantes: Señalan que, aunque Big Bend representa más del 25% de la frontera sur, el área registra los índices de detenciones más bajos de toda la región (entre el 0.3% y el 2.2% del total anual).
Con el aval de la Corte Suprema, las obras en la región fronteriza podrán continuar de forma simultánea al avance de las demandas principales en los tribunales federales.