La exconductora fue detenida en Miami, Florida. Se encontraba prófuga de la justicia desde septiembre de 2021, cuando su caso se hizo público.
Inés Gómez permanece bajo custodia de ICE tras su detención en Florida
La exconductora fue detenida en Miami, Florida. Se encontraba prófuga de la justicia desde septiembre de 2021, cuando su caso se hizo público.
Derivado del intercambio de información entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, se informa la detención de Inés "N" en Miami, en el estado de Florida, en Estados Unidos.
De acuerdo con el documento y los reportes recientes , Inés Gómez Mont se encuentra bajo custodia en Miami, Florida, Estados Unidos, a disposición de las autoridades migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).
La exconductora se encuentra bajo custodia de las autoridades migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, Florida, Estados Unidos.

Actualmente cuenta con una orden de aprehensión formulada por la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes ( FEIAR) por el delito de defraudación fiscal equiparada, librada el 20 de junio de 2023.
La Fiscalía General de la República informó en su cuenta de X que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz
— FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026
En marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que, por resolución judicial, se ordenó retirar a la exconductora y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en 2025, de la Lista de Personas Bloqueadas y restablecer sus servicios financieros en México, lo que les permitía acceder a sus recursos.
El 30 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Interpol había retirado las fichas rojas de ambos; sin embargo, indicó que el Gobierno mexicano solicitaría explicaciones y revertir la decisión.
Inés "N" y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están relacionados con un presunto esquema de desvío de recursos públicos, simulación de contratos, uso de empresas factureras y lavado de dinero.
En noviembre de 2019, la Fiscalía General de la República ( FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, y cinco personas más: Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R”, así como contra siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
"Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos", indica el comunicado de la FGR publicado el 20 de enero de 2022.
Así operaban, según la FGR: celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.
Y señalan directamente que la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”, "que operaban con supuestos representantes de personas morales".
Acusan que servidores públicos facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
Esto habría llevado a dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.
En ese momento, la FGR indicó que se habían obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes. "En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional".








