El acuerdo para que el alambre de púas en la frontera permanezca por 30 años es una medida "violenta y cruel", acusan organizaciones

El acuerdo gestionado por Ken Paxton blinda el trazado de púas y obliga a los agentes federales a mantenerla intacta en el periodo y espacio establecidos.

Video Inmigrante hispana queda atrapada en alambre de púas al intentar saltar una cerca fronteriza

Desde que Gina Hinojosa se proclamó vencedora de las elecciones de medio mandato, ha empezado a revelar detalles de su agenda como gobernadora de Texas.

En una entrevista con N+Univision, Hinojosa adelantó que tratará de limitar la actividad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado, aunque recalcó que trabajará por una frontera segura.

PUBLICIDAD

Las reacciones no se hicieron esperar. El Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le contestó a ella y a todos los funcionarios que planeen dejar de cooperar con ICE que no lo hagan, advirtiendo que sería "uno de los peores incumplimientos del deber que hemos visto en mucho tiempo".

Queda un mes y medio para que los nuevos cargos electos comiencen su mandato, pero se empiezan a destapar las estrategias del lado demócrata para tratar de frenar el poder de ICE y, por el lado republicano, para defender las competencias federales que están en sus manos.

En esta partida de confrontación ha entrado en juego otro actor: el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

Recientemente, Paxton anunció que ha conseguido un acuerdo para el estado, en colaboración con el actual gobernador Greg Abbott; el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Rodney S. Scott, con el objetivo de asegurar la frontera mediante alambre de concertina.

En un comunicado, el fiscal general indicó que el acuerdo garantiza que el alambre de concertina permanecerá intacto a lo largo de la frontera sur del estado de Texas y que seguirá vigente durante los próximos 30 años.


Según sus términos, los agentes federales no podrán cortar, dañar, destruir, retirar ni interferir de ninguna otra manera con el alambre cortante instalado por Texas en terrenos no federales situados a menos de 25 millas de la frontera, dentro del sector de Del Río de la Patrulla Fronteriza.

Las excepciones, especificó, son limitadas y contemplan circunstancias extraordinarias como: prestar asistencia de emergencia, detener y procesar a inmigrantes indocumentados, responder a amenazas graves contra la seguridad pública o reparar infraestructuras fronterizas federales.

PUBLICIDAD

Los agentes federales deberán notificar a Texas cualquier actuación de este tipo con 72 horas de antelación, reparar temporalmente la barrera cuando sea posible y coordinarse con las autoridades estatales antes de realizar cualquier trabajo que no sea de emergencia.

"Mediante la coordinación entre las autoridades federales y estatales, este acuerdo garantiza que el alambre de concertina permanezca en su lugar para proteger nuestra frontera sur", declaró el fiscal general Ken Paxton. "Nunca debemos dejar de luchar para proteger a nuestra nación de quienes buscan destruirla".

El abogado principal de ACLU en Texas, David Donatti, calificó la medida de "teatro político innecesario, violento y cruel".

"El alambre de concertina en la frontera es y siempre ha sido un teatro político innecesario, violento y cruel. La idea de que poner en peligro la vida y la integridad física de solicitantes de asilo y ciudadanos por igual contribuye a la seguridad pública es y siempre ha sido equivocada y errónea. Sea lo que sea que el fiscal general Paxton y el secretario Mullin hayan acordado entre ellos, usando el sistema judicial como un simple sello de aprobación para sus impulsos antidemocráticos, la administración entrante de Texas puede y debe retirar este peligroso alambre y volver a hacer habitables nuestras comunidades fronterizas", proclamó Donatti.

El conflicto con Biden por la frontera

En octubre de 2023, el fiscal general Paxton demandó a la Administración Biden por destruir las barreras de alambre de concertina que Texas había desplegado para frenar el flujo récord de inmigración ilegal.

PUBLICIDAD

Texas consiguió rápidamente entonces una orden judicial de emergencia de un juez federal que ordenaba a los agentes federales dejar de hacerlo.

Aunque el juez federal falló a favor de la administración Biden en acciones posteriores, el fiscal general Ken Paxton logró recurrirlo con éxito ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos y obtuvo posteriormente una suspensión administrativa.

Más adelante, obtuvo una medida cautelar durante la tramitación del recurso, para impedir que el Gobierno federal continuara destruyendo propiedades de Texas mientras el tribunal estudiaba el asunto. El Tribunal Supremo anuló posteriormente esa medida cautelar por cuatro votos en contra.

Sin embargo, en noviembre de 2024, Texas consiguió una medida cautelar preliminar del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que prohibía a los agentes federales interferir con las barreras de alambre de concertina instaladas por Texas en las inmediaciones de Eagle Pass, bajo determinadas condiciones.

Ahora, los términos de este nuevo acuerdo permanecerán vigentes durante 30 años.

Organizaciones denunciaron la instalación de púas

La organización en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch denunció en pleno litigio entre la administración local y federal que en enero de 2024 tres personas murieron por la colocación de la contención.

"El 13 de enero, nos horrorizó enterarnos de que tres personas, entre ellas dos niños, se habían ahogado en el Río Grande cerca de Eagle Pass, a más de dos horas en coche al suroeste de San Antonio, en la frontera entre Estados Unidos y México, donde se instalaron unos 48 kilómetros (29.8 millas) de alambre de púas", comentaron en un comunicado.

PUBLICIDAD

La organización instó a la administración Biden a retirar el alambre tras el fallo de la Corte Suprema a favor de suprimir la concertina desplegada por la Guardia Nacional de Texas en las orillas del Río Grande.

Durante todo 2023, la organización registró numerosos casos de familias solicitantes de asilo, incluyendo niños pequeños, que quedaban atrapadas en la orilla texana del río, entre el agua y las hileras de alambre de púas, "a punto de ahogarse ante la mirada atónita de la policía estatal y los soldados de la Guardia Nacional".

Relacionados: