Iveliz Orellano, asistente del defensor público de Chicago, asegura que con esta nueva ley un juez decidirá, basado en el riesgo a la comunidad y el riesgo de fuga, si una persona debe ser privada de la libertad antes de tener un juicio o no. Esta medida ha despertado desconfianza y dudas entre los habitantes del estado de Illinois, quienes creen que su seguridad podría verse afectada.
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