Informes recientes confirman que el gobierno endurece las medidas para
agilizar la deportación de menores no acompañados. Miles de niños enfrentan
audiencias legales sin representación de un abogado, lo que
pone en riesgo su derecho al debido proceso. Expertos en inmigración denuncian que estas acciones
ignoran acuerdos de protección infantil establecidos desde 1997, obligando a los menores más vulnerables a defenderse solos ante tribunales federales de Estados Unidos.