Aduana de EEUU afina el sistema de reembolso de aranceles, pero surge una pregunta: ¿quiénes califican para pedir el dinero?

Un funcionario de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos testificará ante un tribunal federal sobre los planes del gobierno estadounidense para reembolsar miles de millones de dólares que los importadores pagaron antes de que la Corte Suprema dictaminara que el presidente Donald Trump impuso ilegalmente ciertos aranceles a productos de la mayoría de los demás países.

El juez del Tribunal de Comercio Internacional, Richard Eaton, declaró que necesitaba conocer detalles que le permitieran decidir si ordenaba al gobierno acelerar y ampliar su sistema de reembolsos arancelarios. Posteriormente, el Departamento de Justicia apeló una orden anterior de Eaton que otorgaba a todas las empresas que habían pagado los ahora extintos impuestos de importación el derecho a reembolsos más intereses.

El Departamento de Justicia argumentó en un documento judicial que solo las empresas que eran parte en alguna de las más de 2.500 demandas que impugnaban los aranceles tenían derecho legal a solicitar reembolsos.

Ahora que la disputa está en manos del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, la audiencia del martes en Nueva York podría aportar mayor claridad sobre la siguiente fase del proceso de reembolso.

La primera fase de reembolsos de tarifas aún está en curso

En marzo, Eaton ordenó al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP) que creara un sistema mediante el cual "todos los importadores registrados" pudieran solicitar su parte de los 166.000 millones de dólares que, según las estimaciones del CBP, había recaudado antes de que el Tribunal Supremo anulara los aranceles mundiales.

La agencia puso en marcha el sistema en línea el 20 de abril, indicando que primero revisaría las solicitudes de los importadores cuyas facturas de impuestos no se hubieran finalizado.

Según la CBP, al 1 de junio se habían aceptado solicitudes de reembolso por un total de 89.600 millones de dólares para su tramitación, y la agencia informó el mes pasado que hasta el momento había ordenado al Departamento del Tesoro que emitiera 20.600 millones de dólares en reembolsos.

Sin embargo, el ritmo y el alcance del proceso se convirtieron en un asunto polémico cuando Eaton ordenó al comisionado de la CBP, Rodney Scott, comparecer ante el tribunal para discutir el cronograma de la agencia para cumplir con la orden "universal" del juez. El Departamento de Justicia objetó y preguntó si uno de los subalternos de Scott podría asistir a la audiencia en su lugar.

Cuando Eaton insistió en escuchar directamente al director de la agencia, los abogados del Departamento de Justicia apelaron tanto esa exigencia como el fallo más amplio del juez sobre la elegibilidad para el reembolso. El jueves, el Tribunal Federal de Apelaciones acordó suspender temporalmente la obligación de que Scott testificara.

Eaton accedió a escuchar a Susan Thomas, la subcomisionada ejecutiva de comercio de la agencia.

¿Quiénes tendrán acceso a la siguiente fase de reembolsos de tarifas?

Se espera que la audiencia se centre en la capacidad y la voluntad de la CBP para abrir el proceso de reembolso a las empresas con pagos arancelarios que se remontan a la época más antigua.

Hasta el momento, la agencia ha limitado las solicitudes a las empresas que no habían finalizado sus declaraciones de impuestos cuando la Corte Suprema anuló los aranceles "recíprocos" de Trump a finales de febrero, o cuyas declaraciones se habían liquidado en los 80 días anteriores.

En una declaración judicial previa a la audiencia, Thomas dijo que la CBP estaba desarrollando una forma de gestionar los reembolsos relacionados con envíos antiguos, pero que no procesaría casos que excedieran el plazo de 80 días mientras la orden de Eaton, que exigía que todos los contribuyentes pagaran aranceles, estuviera en apelación.

“En caso de que la orden judicial sea definitiva y requiera la reimplantación de las declaraciones de todos los importadores, la CBP tiene la intención de cumplir plenamente con la decisión final del tribunal lo más rápidamente posible”, escribió.

La cuestión radica en el proceso detallado y con plazos estrictos que sigue la agencia para revisar y autorizar las declaraciones de aduanas de las nuevas importaciones.

Cuando las mercancías extranjeras ingresan a los Estados Unidos, los importadores o los agentes de aduanas que actúan en su nombre estiman el monto de los aranceles adeudados y realizan un depósito para la factura final. La CBP dispone entonces de 314 días —y hasta cuatro años, si fuera necesario— para revisar las mercancías declaradas, determinar el monto real adeudado y exigir un pago mayor o menor al depósito.

La mercancía gravada se declara entonces "liquidada". Los importadores tienen 180 días para impugnar la decisión de la CBP. Por lo general, las mercancías no pueden volver a ser evaluadas después de ese plazo.

Eaton ha declarado que celebra la audiencia del martes "para determinar si la política del gobierno es devolver todos los aranceles recaudados ilegalmente, ya sea cumpliendo la orden judicial o por algún otro medio".

Los abogados de las cinco empresas que interpusieron la demanda que dio lugar a la orden judicial afirmaron que sería inconstitucional que pagaran menos aranceles que otras empresas que también pagaron los aranceles invalidados, que según el Tribunal Supremo, Trump impuso indebidamente al invocar una ley de poderes de emergencia para usurpar la autoridad tributaria del Congreso.

Las empresas han solicitado a Eaton que certifique su caso como una demanda colectiva en nombre de "potencialmente decenas de miles de importadores en idéntica situación".

Meghann Supino, socia del bufete de abogados Ice Miller, dijo que cree que la CBP continuará desarrollando la tecnología necesaria para reembolsar todos los aranceles, pero "si la abren a quienes no son litigantes y a los importadores que no tienen pedidos por sí mismos, seguirá siendo un tema de debate en la apelación".