A pesar de trabajar con recursos limitados, la patrulla fronteriza mantiene sus operaciones de vigilancia pero modifica sus protocolos de expulsión. El cambio de prioridades presupuestarias podría postergar la ejecución de las deportaciones y disminuir la presencia de agentes en ciertas áreas limítrofes. Los especialistas señalan que, aunque la seguridad en la frontera sigue en marcha, el recorte financiero debilita la capacidad de respuesta operativa en todo el territorio nacional.

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