El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una orden a los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre perseguir casos de fraude administrativo detectado en los tribunales del país. La medida introduce un cambio de paradigma radical: el gobierno federal ya no se limitará a castigar a los inmigrantes que ingresaron peticiones de asilo con testimonios falsificados o documentos alterados, sino que irá también tras los abogados hayan estructurado y radicado dichas solicitudes con conocimiento de causa.

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