Cuestionan efectividad del nuevo sistema que busca erradicar altos niveles de corrupción en México

Dar una 'mordida' al oficial para impedir una multa, otra al servidor público para agilizar trámites burocráticos y desviar recursos públicos a cuentas de funcionarios. Estas son las situaciones que a diario se viven en México y que ejemplifican lo que diversos analistan han definido como el mayor problema del país, incluso por encima de la violencia: la corrupción.

La situación en México va más allá de la popular palabra 'mordida' que ya es del dominio público para referirse a una acto de corrupción o sobrono. En los últimos meses esa acción ha involucrado a actores de altas esferas políticas como Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, quien de acuerdo con la investigación periodística 'Los piratas de Borge', despojó a dueños de terrenos y hoteles de la exclusiva zona turísticas de Tulum y se apoderó de departamentos de lujo para venderlos a mitad de precio a funcionarios públicos. En la lista de altos funcionarios corruptos también se encuentra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y el de Veracruz, Javier Duarte.

Estos casos ejemplifican los altos niveles de corrupción que existen en México, un problema que ha repercutido seriamente a la sociedad y la confianza de inversionistas extranjeros para realizar negocios en el país. Así lo registró el último reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial publicado en los últimos días, que señala que México ocupa el primer lugar en corrupción entre los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE).

El estudio detalla que este año, la corrupción (22.5%), el crimen (12.7%) y la burocracia gubernamental (12.2%) son los principales problemas que enfrenta el país. Un resultado que impacta en el crecimiento económico nacional pues la corrupción es la mayor barrera a la entrada para hacer negocios en México, según se detalla en el informe.

Históricamente, México ha destinado un porcentaje importante a la lucha contra la corrupción, obteniendo pocos o nulos resultados. Según datos del Instituto Mexicano de la Competitividad de 2015, México destina para combatir la corrupción 87 veces más que el presupuesto que le da a la Universidad Nacional Autónoma de México, 3 veces lo que da a la Secretaría de Educación pública y poco más de 7 veces lo que presupuesta para la Secretaría de Desarrollo Social.

Una iniciativa renovadora con poco presupuesto

Ante la falta de un organismo oficial, durante el sexenio del presidente Peña Nieto se anunció la creación del llamado Sistema Nacional Anticorrupción que busca establecer los procedimientos para que las autoridades de todos los órdenes del gobierno, en mutua coordinación, puedan detectar, prevenir y castigar las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Sin embargo, los planes de la puesta en marcha se han visto en riesgo tras el recorte anunciado en el presupuesto económico de 2017.

La propuesta, que forma parte de una serie de reformas anunciadas por el presidente Peña Nieto, está estructurada por cinco comités que integrarán el Sistema Anticorrupción y se encuentran en proceso de creación, sin embargo, el propio gobierno, no incluyó los recursos suficientes para garantizar la puesta en marcha y el funcionamiento. La decisión se tomó en un contexto de restricciones económicas ante factores como la depreciación del peso ante el dólar y el aumento de la deuda internacional, que afectarán las finanzas públicas del país así como las estimaciones de crecimiento para 2017.

De acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el gobierno omitió la contemplación de recursos para la creación de dos instituciones que formarán parte del sistema, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana.

“A pesar de que la Secretaría de Hacienda puede hacer ajustes al gasto una vez que estas instituciones cobren vida, en un contexto de restricciones económicas, es importante dar certeza a su funcionamiento desde el decreto de presupuesto”, detalló la organización en un comunicado.

De aprobarse el proyecto de presupuesto, las cinco instituciones que conforman el sistema anticorrupción recibirán en términos reales, solo 2.2 por ciento más que en 2016, a pesar de que contará con mayores responsabilidades y requerirá una mayor especialización de sus ministerios públicos.

Cambiar para que todo siga igual

De acuerdo con Ernesto Villanueva, experto en transparencia y rendición de cuentas, el tema del sistema Nacional Anticorrupción se anunció con el objetivo de tratar de resolver con leyes lo que no se resuelve ya con una autoridad o con conductas.

"Con el nuevo sistema Anticorrupción se establecen algunas conductas dignas de ser sancionadas, se establecen cambios en la ley, sin embargo la autoridad es nombrada por los propios vigilados.Es decir, los vigilados nombran a los vigilantes. No hay un esquema de sorteo o que garantice que hay una independencia en los representantes ciudadanos", detalló.

En las primeras versiones de la iniativa del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente Peña Nieto establecía un comité Nacional de ética Pública que era presidido precisamente por el presidente de la República. No obstante, tras el escándalo de la llamada 'casa blanca', se omitió esa parte.

En opinión de Villareal, será muy difícil con la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción México avance hacia la disminución de los índices de corrupción. Para él, la única posibilidad es que haya un cambio en la curricula escolar en la educación básica, se implemente la parte de la ética pública y el civismo.

"No va a pasar nada si no hacemos un cambio en el fondo del problema que es la educación. Si no hacemos nada, podrán pasar, 10 o 15 años y vamos a seguir haciendo las cosas igual", declaró.