Se trata de un programa piloto de ocho millones de dólares en recursos federales que busca brindar asistencia legal gratuita a quienes enfrentan un proceso de desalojo y que deberán seguir peleando sus casos en las cortes. Según organizaciones comunitarias, esta representación legal es muy importante, ya que aumenta las posibilidades de que inquilinos ganen sus casos y no se queden en la calle. Se espera que la iniciativa comience a funcionar en los próximos meses.
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