El gobierno federal revocó las restricciones que la administración anterior impuso a la comercialización y posesión de armamento en Estados Unidos. Las nuevas medidas disminuyen la fiscalización sobre transacciones entre particulares y devuelven el derecho de porte a ciudadanos que lo tenían revocado. Mientras las organizaciones civiles a favor de la Segunda Enmienda respaldan la desregulación, diversos sectores advierten sobre posibles riesgos para la seguridad pública.