Vivienda

Crisis de vivienda en California: blancos ricos desplazan a los latinos de vecindarios con rentas impagables

Más de la mitad de los hispanos que alquilan una vivienda destinan más del 30% de su ingreso mensual en ese gasto, lo cual desequilibra su presupuesto familiar. Las exorbitantes hipotecas y rentas que continúan subiendo han puesto en un predicamento el desarrollo económico de esta comunidad.
13 Oct 2018 – 8:31 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.- En 1969, el mismo año en que el primer hombre llegó a la Luna, Ramona Rodríguez se mudó al pintoresco barrio de Sherman Heights en San Diego para estar cerca de su familia en Tijuana. En una vivienda alquilada que cuidó como propia crecieron sus dos hijos y ella se jubiló como secretaria del condado. Su vida era tranquila hasta que los dueños pusieron la casa en venta y se topó de frente con una aguda crisis de vivienda que se ha ensañado especialmente con los hispanos en California.

Buscando un hogar disponible en su vecindario, las exorbitantes tarifas le dieron un portazo en la cara: la renta de una casa de tres recámaras es de unos 2,500 dólares mensuales, 150% más de lo que pagaba. “Necesitamos tener al menos 6,000 dólares, porque quieren el depósito, el primer y el último mes de la renta”, dice la señora Ramona, de 77 años, en una entrevista con Univision Noticias.

“Está imposible vivir en California, todo está caro”, expresa esta inmigrante mexicana.

Sus días en Sherman Heights parecen estar contados: debe desalojar antes del 15 de noviembre. Los representantes de la inmobiliaria que compraron la casa ya revisaron qué necesitan reparar y pintar. Quieren sacarle la mayor ganancia posible, algo que no será difícil en una zona codiciada por su cercanía con el centro de San Diego. Allí las viviendas se ofrecen en alrededor de 500,000 dólares.

“Vienen inversionistas de fuera, compran las casas y no les importa la gente que está viviendo aquí. No te dan oportunidad. Solo dos meses. ¿En dónde encuentras una casa en tan poco tiempo?”, reclama la señora Ramona, a quien le quedan pocas opciones: rentar una casa “de muñecas”, poner sus muebles en una bodega y mudarse con sus familiares.

No es la única persona que está pasando esa situación en ese barrio con población mayormente hispana, explica el activista Christian Ramírez. “Cuando nos reunimos para hablar sobre el caso de la señora Ramona, llegaron siete familias, la mayoría con ancianos que habían recibido órdenes de desalojo”, lamentó.

La señora Ramona dice que a tres vecinos ya los han desalojado y un conocido ni siquiera pudo quedarse en San Diego. “Tenía 50 años viviendo en la casa y se tuvo que ir a México porque no encontró un lugar en los dos meses que le dieron (para desalojar). Dijo que volvería a ver si encontraba algo”, relató ella.


Alquileres por las nubes

Tantas mudanzas forzadas se explican con una palabra: aburguesamiento o gentrificación. Se trata de la llegada paulatina de vecinos blancos y con mayores ingresos, desplazando a familias pobres. Está pasando en San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Esto exacerba un problema por el cual los hispanos ahora viven lejos de sus lugares de trabajo o tienen que rentar habitaciones y cocheras para pagar hipotecas exorbitantes.

“Los desalojos que están ocurriendo en San Diego son un reflejo de lo que pasa en otras ciudades de California, donde atraviesan una crisis de vivienda muy aguda y que afecta más a las personas mayores, que no están en las condiciones de estarse cambiando”, señaló Ramírez.

El precio promedio de la vivienda en agosto en California fue de casi 600,000 dólares, 6% más que en 2017, según la Asociación de Agentes de Bienes Raíces del estado (CAR). En tanto, el alquiler sube en casi todos los barrios a un ritmo más acelerado que el del incremento de los sueldos.

La situación es incluso peor en el área de la Bahía, donde las familias deben tener un ingreso anual de por lo menos 220,000 dólares para comprar una vivienda que se vende en más de un millón de dólares, de acuerdo con un informe de CAR. Allá el sueldo promedio es de $79,000 anuales.

Dos cifras preocupantes: uno de cada tres hogares californianos gasta más de la mitad de sus ingresos en vivienda y 1.9 millones de personas se fueron en la última década a estados vecinos -Nevada, Arizona y Oregon- donde el costo de vida es más bajo, según un reporte de Beacon Economics.


Alejados de la clase media

Solo el 42.3 %de las familias latinas en California son dueñas de su vivienda en comparación con el 62% de los blancos, concluye un análisis que publicó este jueves el Instituto Económico Latino de California (CLEI). Esto, alerta el informe, afecta el desarrollo económico de esta comunidad.

El reporte señala que más de la mitad de los hispanos que alquilan una vivienda destinan más del 30% de su ingreso mensual en ese gasto, lo cual desequilibra su presupuesto. Ese porcentaje es desembolsado por un tercio de los dueños de vivienda.

“Los latinos tienen menos probabilidades que muchos otros grupos de vivir en casas suyas. Para muchos hispanos esto significa que la clase media está cada vez más fuera de alcance”, concluye el análisis.

Esta crisis se exacerba con la falta de unidades disponibles. Se calcula que se necesitan construir casi cuatro millones de hogares para mantener el ritmo del crecimiento de la población, satisfacer la demanda acumulada y estabilizar los precios del mercado.

Respondiendo a esta situación, los candidatos a la gobernación han propuesto construir más viviendas. Por un lado, el demócrata Gavin Newsom plantea viviendas para familias de bajos recursos. El republicano John Cox, por el otro, considera incentivar a las inmobiliarias eliminando regulaciones.


Poner tope al alquiler o no

En medio de ese debate, una iniciativa que estará en la boleta electoral en noviembre, la Proposición 10, podría dejar en manos de los gobiernos locales establecer topes al alquiler y evitar el desalojo de familias pobres. Una ley (Costa-Hawkins) que data de 1995 limita imponer el llamado control de renta.

Newsom y Cox se oponen a esa idea argumentando que traería consecuencias “profundamente problemáticas”. Esta opinión coincide con la de grupos inmobiliarios, los cuales advierten que desalentaría el desarrollo de nuevos complejos de vivienda y elevaría aún más los alquileres.

“Exigir precios artificiales para las unidades de alquiler no solucionará la oferta de vivienda del estado y la crisis de asequibilidad. Solo reduce la oferta de propiedades de alquiler y crea una dificultad económica para las familias desfavorecidas y de bajos ingresos”, alerta Steve White, presidente de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de California, en un comunicado.

Quince ciudades, incluyendo Los Ángeles, San José y San Francisco, tienen controles de alquileres que han evitado que las familias más desfavorecidas sean desplazadas por inquilinos pudientes.

Un reporte de la Oficina del Analista Legislativo de California (LAO) anticipa que -en efecto- los inquilinos se beneficiarían por alquileres más bajos, “se mudarían con menos frecuencia” y podrían ahorrar. Por otro lado, los dueños de viviendas experimentarían una disminución en el valor de sus propiedades, ganarían menos y tendrían que vender sus inmuebles para evitar las regulaciones municipales.

“La Proposición 10 no es la solución a la crisis de vivienda asequible del estado, pero es una herramienta valiosa para manejar las consecuencias”, opina un artículo editorial del diario Los Angeles Times . “Daría una opción adicional para ayudar a quienes corren el riesgo de perder sus hogares”, agrega.

Por ahora la moneda está en el aire. Una encuesta que el Instituto de Política Pública de California (PPIC) desveló en septiembre concluye que el 36% respondió que apoya la iniciativa, el 48% se opone y el 16% está indeciso.

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