WASHINGTON, D.C.- Legisladores de Virginia aprobaron un proyecto de ley que permite a los fiscales acusar a los traficantes de drogas de homicidio involuntario si la venta de sustancias contaminadas con fentanilo provoca la muerte de una persona.
Virginia aprueba ley que eleva a homicidio las sobredosis accidentales de fentanilo
Establece que no se puede usar como defensa el hecho de que la víctima haya consumido voluntariamente la sustancia.

El proyecto de ley 2657, que se incorporará al Código de Virginia con la adición de una nueva sección (§ 18.2-36.3), establece que cualquier persona que, de manera dolosa, fabrique, venda o distribuya drogas que contengan una cantidad detectable de fentanilo (o sus derivados, isómeros, ésteres, éteres, sales y sales de isómeros) será culpable de homicidio involuntario si dicha sustancia causa la muerte de otra persona. Esto se aplicará incluso si la persona que distribuye las drogas no tenía la intención directa de causar la muerte.
Ley propuesta
La nueva legislación establece que será considerado homicidio involuntario cuando la muerte de una persona resulte del uso de una sustancia controlada que contenga fentanilo, siempre y cuando esta sustancia sea la causa próxima de la muerte, sin importar el momento o el lugar en que la muerte se produjo en relación con la fabricación, venta o distribución de dicha sustancia.
La ley también subraya que no es válida como defensa la alegación de que la víctima haya contribuido a su propia muerte al consumir voluntariamente la sustancia.
En cuanto a la jurisdicción, el procesamiento puede llevarse a cabo en la localidad donde se produjo la fabricación, venta o distribución de la droga, o en la localidad donde ocurrió el uso de la sustancia o la muerte.
Lucha contra el fentanilo
Con esta medida, Virginia se une a otros estados que han tomado pasos similares para combatir la epidemia de fentanilo, un opioide sintético que ha sido responsable de un gran número de muertes por sobredosis. Los defensores de la ley argumentan que este tipo de legislación envía un mensaje a los traficantes de drogas sobre las consecuencias graves de su comercio ilícito.
Al mismo tiempo, algunos críticos advierten que esta medida podría complicar la lucha contra la crisis de salud pública al centrarse en la penalización en lugar de en estrategias de prevención y tratamiento.
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