Camarillo, CALIFORNIA.- A través de gestos y videollamadas, Pablo Cruz intenta comunicarse con su familia desde Oaxaca, México, después de haber sido deportado tras una redada migratoria en campos agrícolas del sur de California.
“Se comunica con emojis”: familia pide regreso de trabajador sordo deportado tras redada en campos de Camarillo
No sabe hablar, no sabe escribir y solo se comunica con su familia mediante emojis. Así les avisó por mensajes que inmigración había llegado a los campos agrícolas de Camarillo donde trabajaba. Hoy, su familia lucha para que un juez revise su caso y pueda regresar.
Video Deportan a inmigrante sordo mudo; su familia pide que pueda regresar
Su cuñada, Clara Jiménez Cruz, dice que la comunicación siempre ha sido limitada. “Solamente tiene el 25 % de audición en un oído, en el izquierdo creo, y en el derecho no escucha nada”, explica. “Y solamente balbucea una que otra palabra. No sabe leer, no sabe escribir. Solamente se comunica por emojis”.
Cruz, de 33 años, había vivido más de una década en California trabajando en el campo junto a su hermano y su cuñada. Su situación cambió el 10 de julio de 2025, cuando agentes federales realizaron un operativo migratorio en zonas agrícolas cerca de Camarillo, en el condado de Ventura.
Ese día fue uno de más de 300 trabajadores detenidos durante una de las redadas laborales más grandes registradas en el sector agrícola del estado en los últimos años.
Ahora, su familia intenta que su caso sea revisado en tribunales con el argumento de que el trabajador no entendía el proceso migratorio ni los documentos que firmó antes de ser deportado.
El día de la redada
La mañana del operativo, Cruz estaba trabajando en los campos agrícolas de la zona.
Su cuñada recuerda que el primer indicio de lo que ocurría llegó a través de mensajes en el teléfono. “Le mandó una foto (al hermano) donde ya estaba la gente corriendo”, relata. “Y a mí me contestó y me ponía sirenas de policía”.
El operativo fue ejecutado por agentes federales en granjas agrícolas cercanas a Camarillo y Carpinteria. De acuerdo con reportes oficiales y organizaciones comunitarias, más de 300 trabajadores fueron detenidos, con cifras que en algunos informes alcanzan 319 arrestos confirmados.
Durante la redada también se registraron enfrentamientos entre agentes y manifestantes. En imágenes captadas ese día se escuchan gritos mientras algunas personas intentan derribar una valla de seguridad.
“Están rompiendo la valla de separación”, se le escucha decir a nuestra periodista de N+ Univision 34 Norma Roque, en uno de los cubrimientos grabados durante el operativo.
Roque que se encontraban en el lugar documentó el momento en que trabajadores corrían entre los invernaderos tratando de esconderse mientras helicópteros y vehículos federales rodeaban el área.
En medio de ese caos, Cruz se comunicaba con su familia por emojis. “Muy impotentes. No sabíamos ni para dónde ni qué hacer”, dice su cuñada. “Porque yo sabía que por su condición él no tenía mucha ayuda”.
Cuatro días bajo custodia
Tras su detención, Cruz fue trasladado a un centro de detención migratoria. Su familia afirma que durante cuatro días no tuvo acceso a un abogado. Poco después fue deportado a México.
La doctora Martita Martínez Bravo, directora ejecutiva de la organización comunitaria Amigos Campesinos, dice que el caso plantea muchas dudas sobre si el trabajador comprendía lo que estaba ocurriendo.
“Lo que yo sospecho es que él no sabía lo que le estaban diciendo y no sabía lo que estaba firmando”, explica. “Porque él solo se podía comunicar con su familia de alguna manera especial”.
El abogado Luis Ángeles, que representa a la familia, sostiene que el caso podría abrir la puerta a una revisión judicial.
“La lógica nos dice que no es posible que él pueda saber lo que estaba firmando”, afirma. “Mucho menos dejarles saber a ellos que quería salir de Estados Unidos”.
Según el abogado, una de las vías legales que estudian es presentar una demanda bajo el Administrative Procedure Act (APA), una ley federal que permite impugnar decisiones del gobierno cuando se argumenta que fueron arbitrarias o que violaron procedimientos legales.
“Posiblemente una demanda bajo lo que se llama el APA”, explica. “Por error no le respetaron sus derechos a él. Convergieron una posibilidad de poder presentar un caso ante un juez”.
Otra opción sería solicitar la reapertura del proceso migratorio con el argumento de que el trabajador no tuvo capacidad real para comprender los documentos que firmó.
En algunos casos, tribunales federales han permitido revisar deportaciones cuando se demuestra que el detenido no entendía el proceso o no tuvo acceso a asesoría legal.
Redadas agrícolas en California
El caso de Cruz ocurrió en medio de un aumento de operativos migratorios en zonas agrícolas del estado.
Durante junio y julio de 2025, organizaciones de defensa de trabajadores documentaron más de 360 detenciones en redadas agrícolas en California, principalmente en los condados de Ventura, Santa Bárbara y Santa Cruz.
El operativo de Camarillo fue uno de los más grandes.
Además de los cientos de arrestos, un trabajador agrícola murió durante la redada después de caer desde el techo de un invernadero mientras intentaba esconderse de los agentes. Al menos 12 personas resultaron heridas, varias de ellas hospitalizadas.
La operación también provocó una caída inmediata en la presencia de trabajadores en algunos campos.
Productores agrícolas reportaron que hasta el 70 % de los trabajadores dejó de presentarse durante los días posteriores por temor a nuevos operativos.
California depende en gran medida de trabajadores migrantes en el sector agrícola. Investigaciones académicas estiman que alrededor de la mitad de los trabajadores del campo en el estado no tiene estatus migratorio legal.
El regreso a Oaxaca
Tras su deportación, Cruz regresó a su comunidad en Oaxaca. Desde allí intenta mantenerse en contacto con su familia en California mediante videollamadas y mensajes.
Su cuñada dice que la comunicación sigue siendo difícil. Mientras tanto, organizaciones comunitarias han iniciado campañas para recaudar fondos que permitan cubrir los costos del proceso legal.
La directora de Amigos Campesinos, Martita Martínez Bravo, dice que la organización está apoyando a la familia. “Tenemos el link en donde pueden donar”, señala. “Porque hasta 10 dólares ayuda muchísimo”.
La familia de Cruz sostiene que intentar reabrir el caso es la única opción que tienen para que el trabajador pueda regresar y continuar su vida en California. “Yo digo que por lucha no se quede”, afirma su cuñada. “No perdemos nada con intentarlo”.
El abogado Ángeles señala que la estrategia legal buscará determinar si el proceso respetó las garantías básicas.
“Lo que queremos es que un juez revise el caso”, afirma. “Y determine si realmente él entendía lo que estaba ocurriendo cuando firmó esos documentos”.
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