¿Fin a la ciudadanía por nacimiento en EEUU? Lo que está en juego en el caso que escucha la Corte Suprema

La Corte Suprema de Estados Unidos analizará esta semana si el presidente Donald Trump puede restringir la ciudadanía automática por nacimiento, en un caso que pone a prueba la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El tribunal escuchará argumentos este 1 de abril sobre la legalidad de la orden firmada por Trump en enero de 2025, que busca negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal.

La medida de Trump instruye a las agencias federales a no reconocer como ciudadanos a esos niños, rompiendo con la interpretación dominante durante décadas. Aunque aún no ha entrado en vigor, pues fue bloqueada por tribunales inferiores, ahora será el máximo tribunal quien decida si puede aplicarse.

Los jueces deberán determinar si esta política viola la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos o si, como sostiene el gobierno, esa disposición ha sido interpretada de forma demasiado amplia.

El núcleo legal: una frase bajo disputa

Todo gira en torno a una expresión: “sujeto a su jurisdicción”.

Para la administración Trump, esa cláusula no incluye automáticamente a todos los nacidos en territorio estadounidense, especialmente si sus padres están en el país sin autorización o de forma temporal. Bajo esa lógica, la ciudadanía implicaría un vínculo más fuerte de lealtad política.

Los demandantes —incluyendo organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) — sostienen lo contrario: que la Enmienda garantiza la ciudadanía a prácticamente todos los nacidos en EEUU, sin importar el estatus migratorio de sus padres, salvo excepciones muy específicas.

El precedente clave: un fallo de 1898

El debate no parte de cero. En el caso United States vs. Wong Kim Ark (1898), la Corte Suprema estableció que un niño nacido en Estados Unidos de padres extranjeros —en ese caso, chinos— era ciudadano.

Cuando a Wong Kim Ark, nacido en Estados Unidos de padres chinos, se le negó el reingreso al país tras viajar al extranjero, el caso terminó en la Corte Suprema, que dictaminó explícitamente que la enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos, sin importar el estatus legal de sus padres. Desde entonces, se ha considerado parte intrínseca de la legislación estadounidense.

Ese fallo consolidó el principio del jus soli (derecho del suelo), con excepciones limitadas como hijos de diplomáticos extranjeros.

La administración Trump argumenta que ese precedente ha sido mal leído y que no cubre a personas sin residencia permanente. Sus críticos responden que modificarlo implicaría una ruptura constitucional profunda.

¿Cómo llegó el caso hasta la Corte Suprema?

La orden ejecutiva de Trump, una de las primeras en firmar tras asumir el cargo en enero de 2025, fue impugnada de inmediato y bloqueada por varios tribunales federales. Ninguno respaldó la interpretación del gobierno.

El litigio avanzó tras una serie de disputas procesales —incluyendo el alcance de las órdenes judiciales nacionales— hasta que la Corte Suprema decidió revisar directamente la legalidad de la medida.

Se espera un fallo antes del verano, con posibles escenarios que van desde validar la orden hasta anularla por completo o resolver el caso sin entrar de lleno en la cuestión constitucional.

Más allá de los tribunales: un país dividido

El caso llega en un contexto de opinión pública fragmentada.

En general, los estadounidenses apoyan la ciudadanía por nacimiento, especialmente cuando se trata de hijos de ciudadanos o inmigrantes legales. Pero ese respaldo se debilita —y en algunos casos se divide casi por la mitad— cuando se plantea el caso de padres en situación irregular.

Encuestas recientes muestran un patrón consistente: mayor apoyo entre demócratas, jóvenes y minorías raciales; mayor rechazo entre republicanos, especialmente blancos y de mayor edad. Incluso dentro del Partido Republicano hay diferencias marcadas según el origen étnico.

Un debate global, pero con sello estadounidense

Estados Unidos no está solo en este modelo, pero tampoco es la norma global. Solo unas tres decenas de países mantienen el jus soli automático, principalmente en el continente americano.

Otros países —como Reino Unido, Australia o India— han restringido o eliminado ese derecho en las últimas décadas, optando por sistemas basados en el jus sanguinis (derecho de sangre), es decir, la nacionalidad de los padres.

Aun así, en EEUU la ciudadanía por nacimiento tiene un peso histórico particular: fue consagrada tras la Guerra Civil para garantizar derechos a los antiguos esclavos y sus descendientes.

Al respecto, el lunes 30 de marzo 2026 el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Truth Social: "La ciudadanía por nacimiento no tiene que ver con gente rica de China y del resto del mundo que quiere que sus hijos, y cientos de miles más, a cambio de dinero, se conviertan de forma ridícula en ciudadanos de los Estados Unidos de América. ¡Se trata de los bebés de los esclavos!".

Trump enfatizó en que Estados Unidos es "el único país del mundo que se digna siquiera a debatir este tema. Revisen en las fechas de esta legislación de hace tanto tiempo: ¡Justo al final de la Guerra Civil! El mundo se está enriqueciendo vendiendo ciudadanías a nuestro país, mientras se ríe de lo estúpido que se ha vuelto nuestro sistema judicial estadounidense (¡aranceles!).

Lo que realmente está en juego

Aunque la orden de Donald Trump se aplicaría a futuros nacimientos, su impacto potencial es significativo. Distintas estimaciones sitúan en torno a 250,000 los bebés que nacen cada año en Estados Unidos de padres sin estatus legal o con permisos temporales, y que podrían quedar fuera de la ciudadanía automática si la medida entra en vigor.

El alcance, sin embargo, no se limitaría a esos nacimientos anuales. Expertos advierten que eliminar o restringir la ciudadanía por nacimiento podría incrementar la población sin estatus legal en millones de personas en las próximas décadas, al crear nuevas generaciones nacidas en el país pero sin ciudadanía.

Además, el debate tiene un trasfondo demográfico más amplio: millones de niños en Estados Unidos ya son ciudadanos por nacimiento pese a tener padres inmigrantes. Solo en la actualidad, millones de menores ciudadanos tienen al menos un progenitor no ciudadano, lo que refleja el peso estructural de este principio en la sociedad estadounidense.

En el plano migratorio, la administración Trump sostiene que limitar este derecho reduciría incentivos para la inmigración irregular. Otros análisis apuntan en dirección contraria: que podría generar una población creciente de personas sin ciudadanía clara y complicar aún más el sistema migratorio a largo plazo.

Más allá de la política migratoria, el caso plantea una cuestión estructural: si el poder ejecutivo puede redefinir, por sí solo, el alcance de un derecho consagrado en la Constitución.