El tribunal dictaminó que la ley de inmigración constituye un asunto de competencia exclusiva del gobierno de Estados Unidos y no de las administraciones estatales. Con este fallo judicial de este viernes 15 de mayo, quedan suspendidas temporalmente las medidas que pretendían otorgar facultades a las policías locales para realizar arrestos fronterizos. El dictamen cita precedentes de la Suprema Corte para ratificar que los estados carecen de autoridad para legislar en materia migratoria.