FAIRFAX, Virginia.- El enfrentamiento entre el gobierno federal y autoridades locales de Virginia por las políticas migratorias sumó un nuevo capítulo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación contra la oficina del fiscal del condado de Fairfax, Steve Descano, para determinar si otorgó un trato preferencial a inmigrantes indocumentados acusados de delitos.
La investigación del DOJ al fiscal de Fairfax y las políticas santuario en la mira
Desde el gobierno federal se han lanzado críticas a algunas políticas del condado, pues algunos crímenes recientes han estado relacionados con personas que fueron liberadas y volvieron a reincidir.
Video Fiscal de Fairfax bajo investigación del DOJ por presunto trato preferencial a inmigrantes
La pesquisa fue anunciada el 6 de mayo de 2026 por la fiscal adjunta Harmeet Dhillon, quien señaló que las autoridades federales revisarán acuerdos de culpabilidad, decisiones de acusación y políticas de sentencias aplicadas por la Fiscalía de Fairfax.
Según el Departamento de Justicia, la investigación busca esclarecer si la oficina de Descano ofreció “acuerdos ventajosos para inmigrantes ilegales acusados de delitos graves”, poniendo en riesgo a la comunidad.
Aunque el documento federal no especifica cuáles casos están bajo revisión, la controversia se produce en medio de crecientes críticas de funcionarios republicanos y agencias federales hacia las políticas del condado de Fairfax.
Casos que aumentaron el escrutinio federal
Uno de los casos recientes que ha generado cuestionamientos es el de Walvin Victor Hugo García, un inmigrante indocumentado de Guatemala acusado en 2025 de violar a una menor de 13 años. Tras comparecer ante una corte del condado, el hombre fue dejado en libertad, aunque posteriormente fue arrestado por agentes de ICE a las puertas del tribunal.
Otro caso citado por autoridades federales es el de Abdul Jalloh, un inmigrante de Sierra Leona arrestado en múltiples ocasiones en Fairfax por diversos delitos, incluidos algunos violentos. Según el Departamento de Seguridad Nacional y ICE, Jalloh recibió condenas breves antes de ser acusado del asesinato de Stephanie Minter, de 41 años, ocurrido en febrero en una parada de autobús.
Además, la administración Trump criticó previamente el manejo judicial del caso de Israel Flores Ortiz, un ciudadano salvadoreño condenado por abusar sexualmente de nueve estudiantes en la escuela secundaria Fairfax.
Descano defiende sus políticas
En respuesta a la investigación federal, Descano defendió públicamente su gestión a través de la red social X.
“Mis políticas son justas, legales y reflejan los valores de mi comunidad”, escribió el fiscal.
Anteriormente, Descano había asegurado que su oficina procesa delitos “sin importar el estatus migratorio” de los acusados.
“Miren, nuestra oficina se dedica a mantener segura a nuestra comunidad y a hacer justicia. No importa cuál sea la condición de una persona. Si alguien comete un delito en el condado de Fairfax, haremos que esa persona rinda cuentas”, declaró el pasado 21 de abril.
Expertos cuestionan motivaciones políticas
El abogado criminalista Jon Katz, quien trabaja desde hace años en tribunales del norte de Virginia, cuestionó la legitimidad de la investigación federal y consideró que responde a motivaciones políticas.
“No pienso que la investigación sea justa. Estados Unidos es un país de inmigrantes y es importante que los fiscales no ayuden a aplicar leyes federales que muchas veces son injustas para los inmigrantes”, afirmó.
Katz agregó que la ofensiva federal forma parte de los esfuerzos migratorios impulsados por la administración Trump.
Por su parte, Sean Kennedy, líder de la organización Virginians for Safe Communities y crítico de Descano, respaldó la investigación y aseguró que las políticas del fiscal han debilitado la seguridad pública.
“Los inmigrantes merecen justicia como cualquier otra persona”, declaró Kennedy.
Posible choque legal
El exfiscal federal John Fishwick explicó que el caso podría derivar en un choque entre la autonomía local y las facultades del gobierno federal.
“Fairfax dirá: ‘Miren, fui elegido. Estas son nuestras políticas’. Pero el Departamento de Justicia dirá: ‘Tienen que cumplir con la Constitución de Estados Unidos’”, señaló.
Mientras tanto, Descano y la alguacil del condado de Fairfax, Stacey Kincaid, tienen previsto comparecer el próximo 14 de mayo ante un subcomité de inmigración de la Cámara de Representantes para responder preguntas sobre las políticas de jurisdicción santuario del condado.