En lo que va corrido del año se han registrado más de 20 asaltos a mano armada en contra de estos trabajadores, que en muchos casos no denuncian los robos por temor, debido a su estatus migratorio. "Deben denunciarlo para que la policía pueda destinar los servicios necesarios para atender la situación, además, la alcaldesa creó un programa que les presta asesoría legal", afirma el portavoz Eduardo Perdomo.